Eduardo Carrillo: ¿Defender o reconstruir la democracia?

Somos víctimas de un estado natural de ingobernabilidad, que nace del enjambre institucional que los políticos han creado. No es posible manejar más de 330 entidades públicas que conforman nuestro Estado

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

La población toda está invadida por una sensación de desconfianza en los políticos y la democracia misma. No es para menos. La pandemia nos ha complicado las cosas, pero los problemas que producen deterioro del bienestar de los costarricenses son ya de larga data. Desde hace ya varias décadas, el Estado nos cuesta más y produce menos. En términos más concretos, la clase media se viene achicando, mientras la pobreza y la desigualdad crecen a niveles exasperantes. Peor, no vemos salida, porque hasta el momento ningún partido parece sensible a los efectos de una problemática que requiere cambios profundos, tal vez una tercera república.

Si la clase política no responde, las opciones son riesgosas, en parte porque no parece existir el mecanismo por el cual la población pueda generar una presión que obligue a los políticos a introducir correctivos de fondo. Prácticamente en campaña política para las elecciones del 2002, ningún candidato o partido ha planteado un programa que ataque los problemas más sensibles y las causas principales de nuestra delicada situación.

La situación es compleja, pero hay problemas que, si no los atacamos, iremos de muy mal a peor. Y las opciones se acaban, con el riesgo que han empujado a países hermanos a soluciones que complican aún más la situación. Unos pocos problemas básicos son de solución prioritaria para detener la caída al barranco, que ya estamos experimentando.

Partamos de un hecho práctico y real: el Estado costarricense tiene los recursos necesarios para su desarrollo, aunque le vienen mintiendo al país con la crisis fiscal. Hay un déficit fiscal en el gobierno central por un problema de distribución de los vastos recursos dispersos entre varios centenares de entidades públicas. En prepandemia el Estado nos estaba costando ¢27 billones, equivalentes al 75% del PIB, uno de los más caros del planeta. Otros datos confirman esta afirmación. La CGR no ha advertido que los superávits públicos suman una cifra muy parecida a la que estamos negociando con el FMI por $1750 millones. OCDE nos ha dicho que nuestra planilla de remuneraciones públicas relativa al gasto público es la más alta del planeta, si se compara con la media de cualquier región del mundo. , tenemos recursos de sobra para nuestras necesidades, pero la ineficiencia, el derroche y la corrupción se los lleva, mientras se exige más aporte tributario a la población.

Además, somos víctimas de un estado natural de ingobernabilidad, que nace del enjambre institucional que los políticos han creado. No es posible manejar más de 330 entidades públicas que conforman nuestro Estado. Muchas de ellas han perdido su finalidad, son inútiles, pero nos siguen costando millonadas. Otras se superponen en sus funciones, generando una burocracia que mata sus fines. Es un archipiélago invadido por una mala interpretación de la autonomía que pone a unas instituciones contra otras. No hay unidad de gobierno hacia el logro de las metas de bienestar colectivo, que tampoco están definidas. El Estado anda a la deriva. Urge un estudio macro-organizacional que prescinda de lo que no aporta al desarrollo y que integre la dispersión institucional. Hay mucho documento técnico que facilita esta tarea.

Por otra parte, debemos reconocer lo obvio: los políticos han fracasado en la administración de la compleja organización del Estado y sus instituciones. Y seguirán fracasando si no reconocen que carecen de las competencias técnicas para ello y, si las competencias se dan, la motivación politiquera pone el interés nacional en un plano secundario ¿Es posible un equilibrio político/técnico para resolver esta situación? Por supuesto que sí. De alguna manera los europeos y otros países como Israel lo han resuelto.

En efecto, la jerarquía política tiene el instrumento eficaz para dirigir los vastos recursos públicos hacia el bienestar colectivo. Son las Políticas de Estado, que cubran al menos cuatro elementos esenciales: metas nacionales, estrategias, acciones y resultados esperados. No las tenemos, porque los políticos no tienen las capacidades para diseñarlas e impulsar su aplicación. Démosle los recursos para ello: un equipo técnico, con funciones definidas por estatuto, apolíticos, que apoyen a los jerarcas (especialmente ministros y presidentes ejecutivos) y estables en función de desempeño. Ellos aportarán los elementos técnicos para el diseño de Políticas de Estado inteligentes y velar por los procesos ejecutivos pertinentes. La ejecución debe concebirse como una tarea técnica, para lo cual hay que nombrar gerentes competentes, estables y apolíticos. Si no logran los resultados esperados, son despedidos sin responsabilidad patronal. Estos son los elementos básicos de un sistema de gestión pública que mantiene la jerarquía del político, pero agrega los elementos técnicos de apoyo. Sobra decir que esto difiere del nombramiento de asesores, un recurso del nepotismo, la corrupción y el pago de favores políticos.

Democratizar el sufragio debería ser otra prioridad nacional si queremos una democracia que funcione para beneficio de todos. El sufragio es el entorno en el cual se construye una asociación entre el capital y la política, que corrompe las estructuras de poder, ya sea siendo parte de ella o utilizando sus recursos para recuperar con creces los dineros que aportan al financiamiento electoral. Una vergüenza adicional es el nombramiento de los diputados que integran el primer poder de la nación. Son precisamente esas estructuras corruptas del capital y la política los que eligen a los políticos, negando a la población el derecho al voto directo según sus prioridades regionales ¿Qué hacer? Primero, ilegalizar los aportes financieros privados y, segundo, facilitar plataformas digitales para que los partidos puedan hacer llegar sus mensajes a toda la población. Hoy la comunicación social más importante y de mayor alcance, es digital.

Un país centralizado en extremo, como el nuestro, no puede funcionar acorde con las reglas de la democracia. El centralismo es una práctica generadora de inequidad, en perjuicio de las ciudades periféricas y el campo. También lo son las municipalidades, que repiten los mismos errores del gobierno central, solo que no tienen funciones, autoridad, recursos y competencia. Además, propicia la corrupción al centralizar los recursos públicos en la meseta central. El país debería asumir una reforma real de descentralización de las funciones de gobierno en unas 12 regiones con la autoridad y competencias necesarias. Esta es la principal defensa contra la corrupción, a la vez que ofrece un control político si contamos con Políticas de Estado inteligentes que definan los resultados esperados de la gestión pública regional.

Por supuesto que hay más correctivos importantes que realizar para rescatar las potencialidades que tiene el país y que se pierden porque la política en su relación con el Estado, en vez de favorecerlas, las anula. Una parte importante de los obstáculos es prescindir de la judicialización extrema y privilegiar los procesos productivos con una legislación más acorde con los resultados esperados.

Pero nuestro énfasis es en ciertas relaciones que redunden en una mejor articulación de los procesos para llevar bienestar a toda la población: 1) contamos con cuantiosos recursos públicos, pero no los aprovechamos; 2) hay que superar la situación permanente de ingobernabilidad, impuesta por 330 entidades inmanejables que conforman el Estado; 3) los políticos no tienen las competencias necesarias para administrar el Estado y sus instituciones. Es necesario dotarlos de recursos técnicos de alta competencia para fortalecer la función política; 4) con mayor equilibrio técnico es posible desarrollar Políticas de Estado con los contenidos ya mencionados. Este es un instrumento de dirección esencial para articular y unificar al Estado en torno a su principal objetivo, el bienestar colectivo; 5) todo lo anterior tiene poco sentido si no democratizamos el sufragio, hoy un proceso donde se forma una peligrosa asociación entre el capital y la política. El congreso no será es una entidad soberana mientras los diputados sean nombrados por listas impuestas por la cúpula; y 6) el país debe superar el centralismo y crear, tal vez una docena de regiones, con verdaderas funciones de gobierno. Esto es esencial, entre otras cosas, para reducir la corrupción por el manejo de recursos públicos en el principal centro de poder económico y político, la meseta central.

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