Eduardo Carrillo Vargas,(Ph.D. Administración).

“Al finalizar el annus horribilis del 2022, el vigor de las democracias de la región es motivo de aplauso”. Lo afirma Andrés Velasco después de haber repasado los acontecimientos recientes en Perú, Brasil, Argentina, Chile y México. No cuenta en las referencias del Sr. Velasco el caso de Costa Rica, que este año se unió al voto de protesta en favor de un candidato de hablar fuerte y carecer de una organización partidaria con una estructura consolidada. A escasos 8 meses de gestión, la figura del presidente Chaves Robles sigue cosechando sustancial respaldo de la población. Bien calificado no por lo que haya hecho o, incluso, por lo que se propone hacer, pero tal vez porque se aleja de los patrones de conducta de los partidos y políticos tradicionales. Estos son responsables por la situación del país, más allá de la pandemia que nos golpeó con la mala gestión del Partido Acción Ciudadana, castigado por la población que, después de dos períodos de gobierno continuos, cosechó menos del 1% del voto electoral.

A pesar de niveles de respaldo histórico al presidente Chaves Robles, cuando se le pregunta a la población su preferencia partidaria, más del 75% manifiesta que “ninguno”. El PLN, que nos dio la segunda república y figuras tan descollantes como don Pepe y Rodrigo Facio, solo tiene el respaldo del 9%, Progreso Social Democrático el 6,7% y Unidad Social Cristiana el 4%. Los restantes 4 partidos tienen preferencias inferiores al 2% de la población votante.

Es un tema de justicia social. Para Costa Rica, igual que para la mayoría de los países de la región, la democracia es, sin duda alguna, la opción preferida de la población. Aunque el presidente Chaves Robles se expresa en términos duros, infrecuentes en nuestra vida política, la falta de respaldo popular a la institucionalidad democrática es notable. Se refleja desde hace unos cuantos años, en encuestas nacionales y, persistentemente, en el Latinobarómetro. Chaves Robles marca una diferencia con los estilos tradicionales, que la población, con razón, responsabiliza por los problemas sociales y económicos que aquejan al país. Las libertades civiles sostienen, con alguna fragilidad, la democracia costarricense, pero los indicadores en el campo social y económico son lamentables. Subjetivamente, pienso que son la razón del voto de protesta y de los riesgos que, de cara al futuro, parecen persistir. Los indicadores de desarrollo, alimentados por un crecimiento de 3.5%, son insuficientes para reducir los niveles de pobreza y desigualdad que hoy aquejan a la población.

Que el liberalismo en la democracia represente una opción preferente frente a cualquier forma de autoritarismo, no es suficiente para proteger nuestra democracia. Seguiremos siendo un país amenazado por la inestabilidad y las tensiones internas, a menos que la población tenga acceso a una educación de calidad, coherente con los recursos públicos que el pueblo le inyecta al sistema educativo nacional. Es un alto costo burocrático que no produce, que no se renueva y que es excluyente de vastos sectores de nuestra juventud. No debería sorprender que buena parte de la elevada criminalidad brota de una juventud que tiene sus opciones agotadas, generalmente no por elección propia, sino por origen geográfico, carencia de recursos y educación inaccesible o no articulada a las oportunidades de empleo.

La democracia es un camino empedrado, lleno de abrojos y sufrimiento para muchos costarricenses. Las cifras son contundentes: pobreza abierta del 12%, de por sí elevada, pero con niveles inaceptables para la población joven. En efecto, para el grupo etario 15-24 años es del 30% y para las mujeres del 39%. No debería sorprender que la delincuencia se alimenta principalmente de gente joven, a la que las circunstancias le cierran las puertas. Las razones son variadas, pero sobresale el problema educativo, la discriminación cualitativa de la educación fuera de la meseta central, la calidad del empleo y la dificultad de privilegiar la educación cuando los recursos apenas alcanzan para una alimentación precaria.

Aportes de una política expansiva: crecimiento económico es el factor clave para mejorar la situación de pobreza y desigualdad y conformar una democracia robusta. Podemos aspirar a un crecimiento alto, como el que tuvimos en el periodo 2005-2007, con indicadores 5,9% en el 2005, 8,8% en el 2006; 7,8 en el 2007. Para el período 2023-2006 el gobierno estima un crecimiento promedio de 3,5%, inadecuado para superar la delicada situación económica, social y política que encara el país. Y es que seguimos pegados a fórmulas inapropiadas, impuestas por el recurso tradicional de los bancos centrales de combatir la inflación golpeando a la economía, con el riesgo de conducir al país por la vía del abismo. Es la fórmula bancaria de aumentar los intereses, sin un análisis cuidadoso de las fuentes de la inflación, enriquecimiento al rico y empobreciendo al pobre. Y, además, con el riesgo de llevar al país a una recesión severa, empeorando los índices de pobreza y desigualdad. En las palabras de Stiglitz “subir las tasas más de lo necesario…no solo causará sufrimiento ahora, sino que dejará cicatrices duraderas, sobre todo, entre aquellas personas que tienen menos capacidad de soportar los efectos de políticas desacertadas”.

Dos vías podrían sacar al país del atascadero en que está: una, reducir el tamaño del Estado y aumentar su eficiencia, como la forma de controlar la voracidad fiscal que pesa sobre la población; y, otra, asumir grandes iniciativas públicas, incentivando la inversión, pública y privada, con proyectos que ya se han planteado en el entorno político nacional. Me refiero a un tren eléctrico, deseable que cubra desde San Ramón a Turrialba; convertir la ruta Turrialba-Siquirres en una autopista de primer mundo, entre otras cosas para resolver los costosos y dolorosos problemas de la ruta 32, sin alterar el tiempo de recorrido San Jose-Limón; terminar la construcción de la carretera a San Carlos; revivir la iniciativa para la construcción de 40 mil viviendas para clase media y media baja; construir una carretera de dos carriles paralela a la autopista 27; reactivar el proyecto del aeropuerto de Orotina y un tren rápido que lo una con la meseta central; valorar con potenciales inversionistas, incluida China por su experiencia en la materia, el proyecto para la construcción del Canal Seco que uniría ambos mares y produciría un impacto económico en una extensa zona del territorio nacional; elaborar y ejecutar un plan nacional de recuperación de nuestra deteriorada infraestructura de comunicaciones; reconstruir el puerto del pacífico; acelerar el proceso para una red nacional de comunicación 5G, entre otras ideas que pueden proveer trabajo para todos los costarricenses, en especial para los sectores más vulnerables. Y, todo esto requiere el complemento de un plan de emergencia en el sector educación, dada su delicada relación con empleo e ingresos.

Son las grandes iniciativas políticas las que mueven la economía nacional y no las predicciones de los especialistas en la materia. Son esas iniciativas las que pueden producir un cambio favorable en empleo e igualdad, a la vez que generan recursos para alcanzar un equilibrio en las finanzas públicas. Esto no es teoría económica. Es simple sentido común, aunque hay sólidos argumentos económicos, como los que ofrece el premio Nobel de economía, Joseph Stiglitz (ver artículo de este economista, titulado Subir las tasas es todo costo, sin beneficio, La Nación 11/12/22).

La democracia, cualesquiera que sean sus imperfecciones, es hoy el sistema natural de gobierno para los setecientos millones de personas que viven en América Latina” dice Velasco. Pero no se asegura la paz social, mientras grandes sectores de la población vivan en pobreza y sientan el humillante efecto de la desigualdad. Para ello debemos pensar en la democracia como un medio para alcanzar la meta de bienestar para todos sin exclusión. No lograrlo es negar la solidez de la democracia. Los países que sí han tenido éxito, como los tigres asiáticos, lo han hecho con estrategias compatibles con nuestras capacidades: adoptar políticas de largo alcance; un mapa de ruta de la misma dimensión; autoridad ejecutiva para movilizar los recursos en esa dirección; y, superar la creencia de que la política es el sostén de la estructura y funcionamiento del Estado. Cada vez más, un planeta integrado con economías interdependientes, nuevas tecnologías, revolución digital, etc., requiere de una sólida dualidad político/técnica, de la que nuestro país carece.

Concluyo diciendo que 4 años es un tiempo muy corto para que cada administración pueda realizar aportes sólidos para metas que pueden tomar una o más décadas.

Eduardo Carrillo

Por Eduardo Carrillo

Ha colaborado con varios gobiernos, desempeñándose principalmente en el área de la salud pública. Laboró con organismos internacionales y es consultor. Analista y comentarista. (Ph.D. Administración).