Eduardo Carrillo: Economía en tiempos de crisis

Tal vez el sector civil debería organizarse para discutir nuestro estado de cosas y replantear la ruta hacia el futuro. Somos mayoría, pero si una visión común. Construirla podría dar origen a un eventual mandato popular que la clase política no podría rechazar ¿Por qué no intentarlo?

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

El crecimiento económico posiblemente sea la principal preocupación de los costarricenses, especialmente en su relación con el empleo y con la generación de una situación de bienestar social que sabemos posible, pero que por alguna razón no logramos alcanzar.

Se nos ha vendido la idea de que la crisis fiscal del gobierno central es nuestro problema No. 1, pero un examen riguroso revela un problema distinto que no se corrige con un préstamo del FMI por $1750 millones de dólares. La idea, centro del discurso político y de la prensa, prácticamente se la han vendido a toda la población. Incluso entre los partidos políticos de oposición parece existir cierto grado de consenso. Algunas realidades niegan esa posición aceptada por la mayoría. Sí hay una crisis institucional, que la clase política nos oculta, posiblemente porque no hay tampoco la voluntad política para encararla.

En gran síntesis véase la crisis institucional a la luz de los siguientes factores:

  • El Estado costarricense nos costaba, en prepandemia, el equivalente a más del 75% del PIB, según cifras que aparecen en las páginas de la CGR. Es una suma excesiva bajo cualquier parámetro, pero baste mencionar, según investigaciones propias, que la media de Brasil, Argentina y Uruguay apenas llega la 38% y la de los países del bienestar al 52% (Noruega, Suecia y Finlandia).
  • Aceptamos que tenemos un exceso de entidades públicas, muchas duplicitarias o innecesarias, más de 330, ingobernables.
  • OCDE ha informado que el rubro de remuneraciones con respecto al gasto total es el más alto del planeta, comparado con la media de cualquier region del mundo.
  • La CGR también nos ha dicho que la sumatoria de todos los superávits de las entidades públicas conforman una cifra muy cercana al préstamo que estamos negociando con el FMI. Lo cual crea un problema de mala distribución de recursos, no de déficit.

No podemos ocultar estas realidades, pretender que no existen y buscar el camino del progreso económico. No lo encontraremos mientras rehusemos realizar cambios estructurales que cambien esa realidad nacional, precisamente la que nos impide progresar y nos tiene en crisis nacional, no fiscal. Por supuesto, el proyecto y préstamo con el FMI es necesario, si ignoramos todo lo demás, porque el caos que se armaría seria descomunal. Cierto, las consecuencias serían muy graves y dolorosas para todos, dada la reticencia de la clase política a encarar las crisis reales que son mucho más serias que la fiscal.

Por otra parte, valdría la pena descubrir a que nos referimos los costarricenses con desarrollo económico. Hay otra crisis que es en mucho el reflejo de los 4 puntos antes expuestos. Es la crisis del desempleo, de la pobreza y de la costosa pero ineficaz administración de la política pública. Pero sospecho que ahí tampoco andamos claros.

Es notable y recibe la atención de los medios como buenas noticias, que tal vez el crecimiento económico sea favorable en el futuro inmediato y que posiblemente será mayor al esperado, tal vez hasta un 3%. Con los problemas que arrastramos y con los costos de la pandemia, un 3% no es buena noticia. Fuera del mundo de la economía y más dentro del mundo político sabemos que para que el país puede encarar con éxito sus problemas sociales y económicos necesitamos un crecimiento superior al 5%. Pero no podemos esperar que la economía nos lleve por esa senda, a pesar de que estuvimos cerca con anterioridad a la crisis del 2008-2009.

Tenemos buenos economistas que pueden ayudar a encontrar el camino del crecimiento. Pero aquí subyace otra confusión, tal vez un grave error. Es la de creer que el problema económico y la teoría económica van de la mano. Esto no es así y tampoco podemos culpar a los economistas por la debilidad de nuestro crecimiento.

La economía, tal vez lamentablemente, depende de las grandes iniciativas políticas y del respaldo popular que originen. Tómese por ejemplo la principal iniciativa política del momento, la construcción de un moderno tren eléctrico que cubriría una buena parte del transporte de la meseta central y daría origen a la creación de muchas decenas de miles de empleos. Si bien, es difícil estimar el costo del “tiempo muerto”, miles de horas que nuestros trabajadores gastan en llegar a sus respectivos empleos, este ferrocarril representa una enorme ventaja para la economía de la meseta central. No obstante, hay una parte, espero pequeña, de la población se opone a tal empresa. Y el argumento de la pandemia es absurdo porque, desde el punto de vista económico el país no tendrá que hacer ningún desembolso durante sus primeros 5 años, durante los cuales los efectos desastrosos de la pandemia serán solo un mal recuerdo. Detener esta iniciativa, si se lograra, le haría un enorme daño a la economía nacional, al transporte de la meseta central y a la urgente necesidad de crear empleo, cuando cientos de miles que lo han perdido.

Nunca entendí por qué se archivó el proyecto del nuevo aeropuerto en Orotina. Se trataba de uno o más megaproyectos que habría representado un gran impulso a nuestra economía. Primero, sabemos que los recursos eran de origen externo (contrato de concesión de obra pública) y también que el actual aeropuerto Juan Santamaría no puede seguir siendo el corazón de nuestro gran centro urbano. Segundo, su construcción en Orotina conlleva otros proyectos importantes, entre ellos una autopista cuando menos de 6 carriles para sustituir la ruta 27; un ferrocarril moderno y rápido que conecte el nuevo aeropuerto con la capital en cuestión de unos 30 minutos; un gran “HUB” de distribución para el turismo que se dirigen a nuestras playas; una conexión ferroviaria con Caldera, especialmente para carga. Estos y otros impulsos al crecimiento se congelaron cuando la Administración Alvarado dispuso archivar el proyecto del nuevo aeropuerto, que algún gobierno tendrá que asumirlo en el futuro.

No se puede ignorar el progreso que nuestro ministro estrella, Don Rodolfo Méndez, ha logrado hacer con obras que podríamos considerar “menores” aunque de considerable utilidad, mientras otras grandes decisiones esperan.

Hecho este reconocimiento, no deberíamos ignorar la grave falla de nuestra democracia con el centralismo mesetero. Es un centralismo de recursos y una forma de discriminación que se hace contra las ciudades periféricas y el campo, que reciben migajas de los recursos públicos. Y una centralización de los vastos recursos públicos en la capital, que favorece la corrupción e impide un buen sistema de rendición de cuentas. A lo que se agrega el atractivo de ese 75% del PIB que representa el presupuesto del Estado. Tan atractivo para operaciones como el cementazo, la Trocha y el caso cochinilla, todos favorecidos por un poder judicial que tampoco funciona.

Las voces de protesta han surgido, en un buen y un mal sentido. En un buen sentido cuando algunos municipalistas alegan que pueden hacer un mejor trabajo en obra pública si los proyectos se trasladan del centro a la periferia, cerca de la población que podrá tener un mejor control de los sinvergüenzas que nos han venido robando por décadas. En un mal sentido, si pensamos en partir los proyectos nacionales en 82 pedacitos (municipalidades), lo que parece difícil, oneroso y aún más difícil de controlar. En un buen sentido, porque clama por la descentralización real del gobierno, tal vez en unas 12 regiones, con sus cantones funcionando como centros de apoyo y representación popular en los consejos regionales. Nuestro país sería más democrático y quebraríamos el centralismo que alimenta la corrupción monstruosa que hemos tenido ya desde hace bastante tiempo atrás.

Entiendo, además, que hay una serie de iniciativas de desarrollo de las zonas costeras, fuente de nuestra excelente capacidad turística y del empleo masivo que demanda. Sin embargo, el nadadito de perro y los grandes proyectos no van de la mano. El Gobierno haría bien en crear una infraestructura ad hoc, tal vez conjuntamente con el sector privado, para que esas iniciativas costeras sean una realidad concreta en el corto plazo, digamos durante los próximos 4 o 5 años.

Hay también un lindo proyecto cuyos alcances desconozco: el canal seco. Está en consideración desde la administración Arias Sánchez y sigue en manos de algún grupo de buenos costarricenses que no quieren que la idea se deseche, sin darle una consideración política y técnica con la seriedad que merece. El Gobierno debería considerar seriamente este proyecto y determinar si ofrece posibilidades para el desarrollo económico del país. Y, si no fuera así, prescindir del mismo.

Pero el desarrollo económico y el crecimiento no debería ignorar el costo de la ineficiencia extrema y la ingobernabilidad que el tamaño del Estado impone como una condición permanente. Nos encontramos ya en la Cuarta Revolución Industrial y el bienestar presente y futuro de nuestro pueblo depende de un cambio de timón en la función del Estado. Necesitamos sobre todo visión y dirección. Tendremos que mantener algunas funciones, pero el futuro de las naciones está más determinado por la forma enfrentemos la globalización y la revolución digital. En esto nos encontramos en completo subdesarrollo. Sugiero que buena parte depende del sistema educativo, uno que integre todos sus niveles: primario, secundario y superior y que, además, se articule con la educación privada. Si ese es el eje de nuestra respuesta a la Cuarta Revolución, también debería ser el pilar sobre el cual construya el Gobierno su estrategia de desarrollo. El Estado que tenemos es un cascarón inservible. Necesitamos uno nuevo, tal vez incluso una constituyente. El tamaño del Estado tiene que reducirse porque el nivel de ingobernabilidad que impone nos inhabilita para enfrentar viejas deudas y nuevos retos.

Por supuesto no podemos seguir despilfarrando el dinero con el “caso cochinilla”, con los costos doblados de los proyectos del ICE, con la impunidad en torno al cementazo y a la Trocha, con los despilfarros de los implementos médicos de la pandemia, con la compra innecesaria de terrenos por parte de Educación, en fin, con cada actividad que ejecuta el Estado y que nos cuesta varias veces su valor real. Por eso tenemos que contribuir varias veces más de lo que deberíamos, aunque nuestros aportes no contribuyan al bienestar nacional. Es un hecho que el Estado cada vez nos cuesta más y cada vez produce menos. Es el fracaso de una democracia, la nuestra, que no resuelve y en esa medida recibe el rechazo popular. Por algo “los sin partido” son una amplia mayoría que llega al 80% de los votantes.

Se ha iniciado el proceso político electoral de cara a las elecciones del próximo año. Más de lo mismo solo nos pasará de la crisis a un caos total, de consecuencias imprevisibles. La clase política nos ha fallado, porque de otra forma no estaríamos donde estamos. Pero hay que persistir en la crítica constructiva para preservar lo poco que tenemos y pagar la deuda social que nuestra democracia sigue debiendo. Tal vez el sector civil debería organizarse para discutir nuestro estado de cosas y replantear la ruta hacia el futuro. Somos mayoría, pero si una visión común. Construirla podría dar origen a un eventual mandato popular que la clase política no podría rechazar ¿Por qué no intentarlo?


 

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