Eduardo Carrillo: El centralismo, equidad y reforma

Nuestro diseño institucional es tal que ha creado una condición permanente de ingobernabilidad. Y hay muchos que se alimentan de su costo e ineficiencia

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

La humanidad ha vivido en un estado de irritación y frustración a lo largo de su historia. La democracia ha traído bienestar a una buena parte de los países del mundo, pero la mayoría, se encuentran en turbulencia permanente por la ausencia de equidad. La democracia aporta mucho con sus componentes liberales, que resuelve en parte el tema central de la libertad. Sin embargo, por su propio diseño, produce grandes vacíos en equidad. La pobreza y la desigualdad siguen siendo un meta pendiente y, de poco vale la libertad con el estómago vacío o con las grandes divisiones entre los que tienen y los que no.

Costa Rica no es excepción. Sin duda alguna, los acontecimientos de la década de 1940 fueron un punto de inflexión que nos aportó mayor justicia social por unas pocas décadas, tal vez hasta la de 1970. En la década de 1980 sufrimos una crisis que obligó a realizar reformas que nos sacó de apuros hasta la década de 1990. Pero a partir de entonces la esencia de la Segunda República se fue perdiendo. Todavía recibimos sus beneficios, pero su agotamiento es total. El país enfrenta hoy una situación de crisis en prácticamente todos los sectores de la vida nacional, aunque los políticos nos han vendido la idea de una crisis: la fiscal. Un engaño cuando el Estado nos cuesta el equivalente al 75% del PIB (más de ¢ 28 billones). En realidad, los políticos han creado un monstruo de Estado inmanejable, una situación de ingobernabilidad permanente que no se supera con más dinero.
El sistema económico que practicamos es el capitalismo, aunque es también fuente de grandes limitaciones. En general, la idea central es como lograr entornos nacionales en los que prevalezca la equidad, en todos sus aspectos. Pero ello requiere cambios sustanciales a nuestra percepción de la democracia como punto central de partida. Sin embargo, la idea Churchiliana de que todos los demás sistemas son peores, nos ha inhibido de reformar la democracia. Varios desequilibrios reducen la posibilidad de que la democracia produzca el nivel de igualdad que nos traiga un entorno de paz social. En nuestro caso, las numerosas crisis sugieren que la política, esencia de la democracia, nos ha fallado en varios sentidos: 1) por el matrimonio entre el interés político y el interés económico, determinante de las estructuras de poder; 2) por el desequilibrio técnico/político que deja al político, cuyo estimulo principal es electorero, a cargo de la administración de una de las instituciones más complejas, el Estado, sin tener las competencias y sobre todo la motivación apropiada para ello; 3) por la falta de disciplina estricta en el manejo del recurso público y su focalización en la meta de bienestar general. Y de un sistema de rendición de cuentas que imposibilita la centralización. El Estado costarricense, a pesar de los beneficios de los años 40, es hoy un monstruo ingobernable, incapaz de producir equidad.

Varios intelectuales intentan encontrar las fuentes de inequidad. Aunque las causas son generalmente muy visibles la política parece carecer de la autoridad, convicción y disciplina para exponerla y buscar soluciones.

El profesor Paul Collier es uno de estos autores preocupado por el tema central de la equidad, uno de cuyos obstáculos principales es la centralización. En una entrevista nos dice lo siguiente: “Con la globalización se han creado grandes divisiones entre, por un lado, la metrópolis que crecen económicamente y, por otro lado, ciudades provinciales que han quedado rotas”. En realidad, no se trata solo de la globalización sino de cómo funcionan las estructuras de poder económico. Y Costa Rica es un buen ejemplo de ello. Nuestro diseño institucional es tal que ha creado una condición permanente de ingobernabilidad. Y hay muchos que se alimentan de su costo e ineficiencia. El Estado nos costó en el 2018, el equivalente al 75% del PIB, pero no importa cuánto más dinero le metamos, los resultados serán los mismos. Siempre ganancia de pescadores.

Somos un buen ejemplo de centralización y abandono de la periferia. Un artículo de esta misma fecha tiene como título La centralización universitaria (La Nación 6/7/20). El autor cita varios ejemplos de inequidad producto de un centralismo feroz y el abandono de la periferia.

El régimen municipal es parte de ello. Los políticos y el propio tribunal electoral nos toman el pelo con el engaño de la descentralización. Por una parte, 82 cantones representan un entorno institucional de dispersión y despilfarro. En realidad, repite las ineficiencias y corrupción del nivel central. Por otra parte, no tienen funciones de peso, pero tampoco autoridad, recursos o competencias. En cierta forma, el régimen municipal favorece la centralización. Le sirve a la administración mesetera para ocultar la corrupción, alejar el gobierno de la ciudadanía y debilitar la rendición de cuentas. Pocos saben qué se hace en el gobierno, cómo se manejan nuestros recursos y quienes son los que ostentan el poder formal. Los escándalos, como el cementazo, la trocha y la platina se conocen cuando adquieren la forma de escándalo público y ya es muy tarde para que la opinión pública puede ejercer alguna influencia en el “buen gobierno”.

Una cuestión más seria es si el costarricense tiene la sensibilidad para apreciar los beneficios de una democracia más cercana a todos y la voluntad para cambiar nuestra organización pública. No podemos esperar un verdadero compromiso de las estructuras de poder formal con los problemas de la mayoría de nuestras ciudades y el agro. La equidad implica una mejor distribución de recursos, que el centralismo opone, porque lo que gane la periferia lo pierde el centro. El statu quo, desde luego, representa más desigualdad y menor desarrollo periférico.

¿Tenemos la capacidad para romper el diseño institucional inequitativo? No con 82 cantones y más que vendrán más tarde. La aparente democratización municipal es una fuente de dispersión y una burla a la democracia. Un medio para mantener el poder mesetero y, en mucho, para neutralizar la exposición de corruptos. Más democracia y equidad sería contar con un número reducido de gobiernos regionales, tal vez una docena de ellos, que asuman la responsabilidad total por la educación, la salud, la seguridad, el desarrollo agrario, etc., pero con autoridad, recursos y competencias para el “buen gobierno regional”.  Algo que parece muy distante, tal vez porque el tema no ha tocado la sensibilidad popular y porque los centralistas no quieren perder los beneficios del poder centralizado. Institucionalmente estamos anclados en la inequidad.

 

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