Eduardo Carrillo: El Estado contra el pueblo costarricense

Dijo alguna vez el reconocido profesional Oscar Barahona Stréber que el presupuesto era 50% desperdicio. Si eso fuera cierto, significa, en el momento actual, unos $14 billones o el 37% del PIB, y esto asusta.

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

Con motivo de la discusión pública sobre el costo del marchamo, el más alto de la subregión, el Sr. Presidente Carlos Alvarado se pronuncia en contra porque significa un hueco en las finanzas del Gobierno. Considera que el país pasa por una difícil situación y, además, iría en contra de los compromisos adquiridos para acceder al préstamo del FMI por $1750 millones. Es una retórica perversa que esconde la realidad de los hechos y recurre al acoso fiscal para atender los asuntos del gobierno central. Mientras tanto, el país retrocede en crecimiento y crece en pobreza y desigualdad. Abunda el despilfarro y la corrupción, pero las soluciones que no llegan se financian con un acoso fiscal que afecta principalmente a la empobrecida clase media. Parece suficiente razón para más de 80% de la población adulta no se siente afín a ningún partido existente y para que la confianza popular en el gobierno, el congreso, el poder judicial, el TSE se haya reducido al mínimo.

La falsedad de la retórica pública, no solo presente, sino también de un pasado reciente, se puede demostrar con los siguientes hechos:

  1. El Estado costarricense es rico y despilfarrador. Según la CGR, su presupuesto en el 2019, en prepandemia, fue de ¢082.166 billones, equivalentes al 75% del PIB. Estudios personales demuestran que la media de Brasil, Argentina y Uruguay era ese año el 38% del PIB y el 52% la de los países escandinavos (Noruega, Suecia y Finlandia). En materia de gasto somos campeones.
  2. Los costos onerosos de nuestro Estado son el producto de su tamaño, más de 330 inmanejables entidades públicas y una planilla que, con respecto al gasto público, es la más alta del planeta, comparada con la media de cualquier región del mundo (fuente: OCDE). La misma fuente se refiere de otros gastos onerosos, por ejemplo, el excesivo gasto en educación, bastante superior a la media de los países OCDE, pero con peores resultados.
  3. En el 2018 el Gobierno logró que el congreso le aprobara la reforma fiscal (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas públicas) bajo el argumento de que estábamos al borde de la crisis y era necesario incrementar los recursos del Gobierno. Primero, los datos aportados en el punto 1 anterior revelan, no carencia, sino exceso de recursos. Segundo, a pesar del frecuente discurso sobre racionalidad del gasto público (regla fiscal del 4%) el Gobierno Central aumentó su presupuesto en un 17%. Hoy vemos al Presidente disculpando de dicha “regla” a varias instituciones públicas, incluyendo al MEP uno de los peores administradores del recurso público.
  4. La crisis fiscal es el centro más notable del discurso presidencial. Cierto que los ingresos del Gobierno Central son inferiores a sus gastos. Pero no parece ético o racional hacer centro de la gestión pública una crisis fiscal que es en realidad una crisis institucional. El problema no es de carencia de recursos, sino de su muy deficiente distribución.
  5. Dada la “crisis fiscal” y la ausencia de medidas de fondo para controlar el gasto público, el presidente ha negociado con el FMI un préstamo por $2750 millones. La misma CGR ha reportado que los superávits de las distintas entidades públicas suman una cifra similar al préstamo que sigue negociándose. Es bastante extraño, además, que la mayor parte de la elevada deuda pública sea con las propias entidades del Estado, que emplean los superávits para invertirlos en el mercado de valores y cuyo cliente principal es el propio gobierno.
  6. En el 2020 el presupuesto de las instituciones descentralizadas alcanzó la suma de $18.498.006 millones equivalentes al 51% del PIB. Esto incluye muchas costosas instituciones cuya existencia es cuestionable o que redundan en sus funciones. Un caso extremo es el CNP; el IFAM; una entidad adicional con Presidente Ejecutivo para coordinar la administración municipal; al menos tres entidades que hacen lo mismo en materia de vivienda; varios bancos públicos que compiten entre sí; unas 10 entidades encargadas del desarrollo social que lo absorbe la burocracia, para mencionar unos pocos casos de despilfarro.
  7. Incalculables montos provocados por la corrupción. Tres aspectos se relacionan con este fenómeno: primero, el sufragio, eje de la democracia, cuyo financiamiento propicia una estrecha relación entre el capital y la política; el centralismo mesetero donde se manejan los más de ¢28 billones del presupuesto público; y; la dispersión institucional que comparten el monto antes mencionado.
  8. Dijo alguna vez el reconocido profesional Oscar Barahona Stréber que el presupuesto era 50% desperdicio. Si eso fuera cierto, significa, en el momento actual, unos $14 billones o el 37% del PIB, y esto asusta. En realidad, no sabemos cuál es la cifra que se pierde por simple ineficiencia, corrupción y otras razones. Piénsese por ejemplo en los sobrecostos de los proyectos del ICE, entre ellos $150 millones por el cierre del proyecto de Diquís y la duplicación de los costos del Térraba; los costos de mantenimiento de JAPDEVA, una entidad improductiva; los triple costos de las entidades de vivienda; casi 100.000 millones de mantenimiento en operación de CNP; los costos del caso basurilla que posiblemente sabremos con alguna precisión en unos 15 años, o los de La Trocha que ocurrió hace 10 año y sigue pendiente de resolución, porque el costoso Poder Judicial, con jugosos salarios de lujo, no funciona.

Señor Presidente Alvarado, es encarando estos problemas y desmanes que se puede resolver el problema fiscal del Gobierno Central, no mediante el acoso fiscal que usted está cargando sobre las espaldas de los menos favorecidos.

El préstamo del FMI es necesario porque los problemas que hoy encaramos pueden empeorar con consecuencias muy serias de carácter institucional y social. Pero es una necesidad solo porque su gobierno y otros gobiernos recientes no han querido tomar las medidas requeridas para corregir problemas que venimos arrastrando desde hace muchos años. Esas medidas incluyen eliminar una serie de restricciones que el Estado le impone a la empresa privada, por una parte, y reconstruir el Estado paquidermo que gasta y no produce. No es con más impuestos que el Gobierno soluciona su déficit. Esta es la vía del fracaso y del continuo rechazo de la población a la clase política. El riesgo del populismo tiene el mismo origen y puede ser superado con una simple medida: el buen gobierno.

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