Eduardo Carrillo: El Estado costarricense contra la equidad

Según reporta la CGR … el rubro salarial de los primeros 5 meses del 2020, con respecto al mismo período del 2019 se ha incrementado en ¢23.267 millones, a pesar de la pandemia ¡Vergonzoso ¡

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

La democracia busca la felicidad de toda la población. Lo hace por dos vías, una promoviendo la generación de riqueza y, otra, buscando la mejor distribución posible. En esencia, el eje de la democracia es la equidad. Sin embargo, estructuralmente nuestra democracia, y posiblemente la mayoría de ellas, producen más inequidad. Al menos en nuestro caso hay una serie de ejemplos que van por esa ruta. Es una democracia disfuncional que ha perdido el sentido de dirección original. Los ejemplos abundan. Veamos:

  1. El sufragio universal, eje de la democracia porque tiñe de soberanía la gestión política. Esto es una especie de cuento chino. El sufragio se lleva a cabo sobre una estrecha asociación entre el interés político y el interés económico. La estructura de gobierno sigue el mismo patrón y los beneficios privilegian el interés corporativo privado, no a la clase media y a los ciudadanos más pobres.
  2. El proteccionismo se ha convertido en una carga frecuente contra la clase media, media baja y el pobre. Los impuestos al arroz, el azúcar, los frijoles, la mezcla de café tico con café de Honduras y Nicaragua, el impedimento del ingreso del aguacate mejicano, son todos impuestos al frágil bolsillo del costarricense común y mayores beneficios para el rico. Pagamos más por un producto, con frecuencia de calidad inferior.
  3. El GAM es la máxima expresión del centralismo. Los recursos llegan primero al centro y lo que queda (si queda) va a la periferia. Una especie de centro gordo y saludable, con una periferia flaca y enfermiza. La organización política administrativa en cantones favorece el centralismo. Es una forma de dispersar recursos, unos pocos, y concentrar muchos en el centro. Ese sirve más a los grandes intereses, favorece la corrupción y debilita la rendición de cuentas. El país ganaría en muchos sentidos, incluso en equidad, con una descentralización real del gobierno en unas 12 regiones, siempre que se descentralicen los recursos, la autoridad de gobierno y se proporcionen las competencias requeridas.
  4. Los recursos del Estado. En el 2019, sin pandemia, el presupuesto del Estado superó los ¢28 billones, equivalentes al 75% del PIB. Esta relación aumentará en este 2020 porque el gasto público llegará a los ¢29 billones y superará el 75% del PIB que decrecerá porque el gobierno no ha hecho reformas estructurales para reducir el gasto. Seguirá siendo una carga creciente en nuestros bolsillos sin recibir mucho en retorno.
  5. El tamaño del Estado es fuente de ingobernabilidad permanente. Un Estado que cueste más del 75% del PIB, que tenga un ejército de 300 mil funcionarios y 330 entidades, de las cuales más de 80 están en algún régimen de autonomía y en frecuente conflicto con el Gobierno Central, simplemente inmanejable. A río revuelto, ganancia de pescadores.
  6. Ineficiencia. Hace más costosa la gestión y toda obra pública. Son los dineros que todos aportamos de los cuáles se benefician unos pocos. Los costos de la ineficiencia son enormes. Recuérdese que le costó al bolsillo de los costarricenses $150 millones cerrar el proyecto Diquís; que pagamos una jugosa planilla en refinación que hará unos 7 años no refina; que la electricidad es una de las más caras de la región; que la trocha nos costó varios miles de millones; que en la Platina se gastaron unos $10 millones sin ningún beneficio; que la carretera a San Carlos hay que financiarla totalmente, por segunda vez; que nos cuesta unos ¢4000 millones anuales más por la administración directa de la CCSS de los EBAIS del este de San José con un servicio de inferior calidad; que la banca pública ha doblado los costos de intermediación con respecto a la competencia en el área y la media OCDE, lo que hace más inaccesible el crédito; que el costo de la ineficiencia es enorme, miles de millones de dólares anuales, que se pierden sin que la población no reciba ningún beneficio.
  7. Dos clases de trabajadores: los de sector público que, groso modo, trabajan menos, pero reciben aproximadamente el doble de la remuneración media del trabajador privado. La pandemia ha expuesto esta situación. Los sueldos del sector público siguen creciendo, mientras la fuerza laboral privada ha tenido de aceptar una reducción de sus salarios o la pérdida total del empleo.
  8. La estructura orgánica: el rico y el pobre. Las entidades autónomas tienen un mayor acceso a los recursos y funciona en condiciones superavitarias permanentes. El Gobierno Central, que debe dirigir la totalidad de las entidades públicas y controlar sus aportes al bienestar, arrastra un déficit histórico, que incrementa la ingobernabilidad (ver punto 5 arriba)
  9. La pandemia. La pagamos todos que tendremos que cubrir el déficit que acumula la CCSS y el aumento del costo de la administración pública cuyo presupuesto este año nos costará un ¢1 billón más que en el 2019 (según la CGR). Lo paga la población y la fuerza laboral privada que ha perdido sus ingresos o sus empleos, mientras el sector público aumenta sus remuneraciones. Según reporta la CGR (La Nación de esta fecha 28/7/2020), el rubro salarial de los primeros 5 meses del 2020, con respecto al mismo período del 2019 se ha incrementado en ¢23.267 millones, a pesar de la pandemia ¡Vergonzoso ¡
  10. En América Latina somos uno de los dos o tres países con un mayor presupuesto para asistencia social. Sin embargo, en Costa Rica una buena parte de esos recursos se pierden en la burocracia de una docena de instituciones que duplican sus funciones.
  11. Los sindicatos en guerra contra la equidad y la gobernabilidad. Primero, es bueno dimensionar su tamaño y representatividad. Según el INEC la fuerza laboral en el 2019 la conformaban 2.459.237 individuos. Se calcula que el Estado tiene unos 300 mil funcionarios. Siendo así el personal del Estado constituye el 12.2% de la fuerza laboral nacional.

Sin embargo, la ANEP pretende ser vocero del trabajador costarricense, aunque sus miembros son empleados públicos, y ha logrado concesiones propias del sector privado, donde el lucro marca la diferencia y hay mecanismos automáticos de control. Demandas abusivas pueden resultar en el fracaso de la empresa o simplemente que desaparezca del mercado. Si así fuera se pierde también el empleo. Como el Estado no quiebra, las pretensiones abusivas se cubren con más presupuesto.

Así los sindicatos despliegan toda su agresividad contra las familias más pobres, que tienen mayor dependencia de los servicios públicos, a la vez que debilitan la capacidad económica del Estado para buscar el bienestar de toda la población. Curiosamente, han elegido los dos servicios más importantes para la población de bajos ingresos, la salud y la educación.

Y se han convertido en una de las principales fuentes de ingobernabilidad que, obviamente, tiene un costo inmenso por el efecto de parálisis gubernamental. Me pregunto ¿Será posible un sindicalismo que sea parte de la solución y no del problema?

Democracia disfuncional. Podríamos pensar que nuestra democracia no nos está dando lo que esperamos de ella: bienestar para toda la población. Esto es lo que nos dicen varios indicadores que incluí en un artículo anterior. Pero no es la democracia la que anda mal, sino la forma como la aplicamos. Todo lo dicho antes son ejemplos de problemas que tienen solución. Pero nos faltan líderes con visión política y voluntad de cambio para hacer los ajustes estructurales requeridos. No vemos estas cualidades en la Administración Alvarado Quesada, con o sin recursos del BID.

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