Eduardo Carrillo: El Gobierno no tiene un plan económico

En la materia económica y sus implicaciones sociales, parece que nos movemos más por ocurrencias que por propuestas sólidas.

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

El país se encuentra en una profunda crisis y para encararla el Presidente Alvarado ha dicho que “el Estado deberá combinar la austeridad en el gasto público con la redirección de recursos que tenían otro destino y la generación de ingresos “sanos y temporales”. Pero nada de eso se ha hecho o está a punto de realizarse mientras los tiempos políticos del Presidente se acortan.

Algunas ideas, tal vez más bien ocurrencias, circulan el entorno político, que no generan confianza popular, porque el Presidente no tiene un plan y un equipo de trabajo que asuma responsabilidad por las soluciones del problema que tiene el país. Digo el problema porque en las circunstancias actuales tenemos un solo problema: una crisis de gran magnitud, política, económica y social. Un aspecto de esta crisis es la pandemia que parece exitosamente confrontada en sus aspectos técnicos por el Ministerio de Salud y la CCSS. Pero no vemos las “caras” de quienes atienden los problemas sociales y económicos que veníamos arrastrando y que crecieron en forma desproporcionada con la aparición del coronavirus.

En la materia económica y sus implicaciones sociales, parece que nos movemos más por ocurrencias que por propuestas sólidas para, en primer lugar, movilizar la economía y luego solventar los problemas de desempleo, pobreza y desigualdad. Hasta el momento lo que el presidente ha planteado como su propuesta económica son una serie de ocurrencias y algunos procesos de reorganización del empleo público. Esto tiene dos inconvenientes: primero que la reforma de empleo público, aunque es deseable, no tendrá ningún impacto inmediato porque es solo para el personal nuevo. El segundo es una grave alteración de nuestra institucionalidad: darle el golpe de gracia al Servicio Civil, al politizarlo con su traslado del Ministerio de Planificación. Se le debilita, precisamente los que han impulsado lo que equivale a fortalecer unos 49 regímenes de personal del sector público, precisamente los que han impulsado el caos laboral existente. La idea de crear 10 categorías ocupacionales, con un sueldo único y competitivo es positiva, pero no tendrá efecto alguno en relación con la crisis, porque, con excesos de personal que varios jerarcas han estimado hasta en un 50%, la política pública debería detener la contratación de funcionarios por un período considerable.

Dicho esto, hay dudas importantes sobre la coherente de lo que nos dice el Presidente Alvarado y lo que hace. En el 2019 su discurso estuve centrado en la idea de racionalización del gasto público y la conveniencia de adoptar la regla fiscal, que en realidad tiene origen constitucional. Sin embargo, con una inflación inferior al 2%, el presupuesto del 2019 tuvo un incremento en e Gobierno Central del 17%. La racionalidad del gasto público se quedó en retórica presidencial. El presupuesto del Estado, en ese mismo año, superó los 28 millones de colones, equivalentes al 75% del PIB (cifras oficiales de la CGR).

Carlitos gastón ha hecho cosas peores. Según opinión pública de varios jerarcas de su administración, las sobrecargas de personal pueden alcanzar hasta un 50% de la planilla pública. Sin embargo, “en casi dos años de gestión, Carlos Alvarado permitió la creación de 37 mil plazas en el sector público, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)”. La misma fuente sugiere que “… el Estado perdió la oportunidad de lograr un ahorro de miles de millones de colones, ya que el dinero que se logró con los nuevos impuestos asociados al IVA y a varios cambios de la renta se usó para pagar nuevas plazasLa República.

El panorama económico, ya complicado antes de la pandemia, adquiere una dimensión política, social y económica que tal vez el país no ha confrontado en su historia reciente. Los indicadores básicos explosionaron: sin un crecimiento económico entraremos o estamos recesión; el déficit fiscal puede llegar este mismo año al 9 o 10%; la deuda pública podría rondar el 70%; las cifras de desempleo podrían alcanzar cerca del 30%. Los recursos del Estado se reducirán porque la demanda bajará al ritmo de la disminución de los ingresos, mientras las empresas venderán menos bienes y servicios y aportarán menos al fisco.

Por supuesto, el gobierno tenía que endeudarse por las condiciones pre-pandemia. Pero ahora la situación se complicó en todos los campos políticos, sociales, económicos, educativos, etc. Sin embargo, preocupa, por una parte, las contradicciones manifiestas entre la retórica presidencial y sus acciones. No debería ser sorpresa la presión legislativa para insistir en que el presidente diga en que se van a emplear varios préstamos que vendrán en los próximos días. Por una parte, no ha habido coherencia entre la retórica presidencial y sus actos. Por otra parte, la dimensión de la crisis debería ser el centro de la actividad del Gobierno y contar con el liderazgo del presidente. La economía no es solo un campo teórico que ayude a aportar fórmulas reparativas. Pero se mueve a nivel nacional por las grandes iniciativas políticas. Una a favor del presidente es el proyecto para el ferrocarril urbano. Otra, en su contra, fue archivar la construcción del nuevo aeropuerto en Orotina. Se trata de un proyecto indispensable porque el Santamaría no puede seguir en medio del mayor centro urbano del país. Y porque el nuevo comprendía la ampliación de la ruta 27 y una red ferroviaria Caldera, Orotina (ramal al aeropuerto) y San José. Una inversión cuantiosa, de varios miles de $millones, en su mayor parte aportada por concesión de obra pública, ahora enterrada (para 1935).

El tiempo es corto y los tiempos políticos del Gobierno son aún menores, considerando que el cuarto año estará matizada por la política de cara al próximo proceso electoral. Pero el país necesita articular los componentes de la crisis, especialmente en sus manifestaciones económicas. El Presidente parece interesado en delegar y seguir gastando los escasos recursos del Estado, sin la articulación de una política nacional, un plan para recuperar o al menos atenuar los daños de la crisis y una hoja de ruta que por los menos cubra los dos años restantes de su gobierno.

 

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