Eduardo Carrillo: El poder constructivo de las Políticas de Estado

La carencia de PE posiblemente refleje un problema frecuente del Estado: un marcado desequilibrio técnico, requerido para administrar la organización más compleja (el Estado) y sus igualmente complejas instituciones

0

Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

La política sigue trastabillando, mientras los problemas golpean con creciente fuerza el debilitado bolsillo de los costarricenses, consecuencia de una reforma fiscal que, en vez de constituirse en un correctivo, se traduce en mayor gasto público. La esperanza que algunos vimos en la retórica que acompañó esa reforma, se desvaneció al desaparecer de la Administración Alvarado Quesada (AAQ) la ministra estrella, Sra. Rocío Aguilar. Fue víctima de la forma sobre el contenido, al asumir responsablemente la decisión de cubrir el enorme hueco financiero, herencia del gobierno anterior, a contrapelo de la “legalidad”. Muchos ciudadanos apoyamos el proyecto fiscal, bajo el entendimiento de que la Sra. Aguilar entendía que la mejor forma de racionalización de las finanzas públicas se encontraba en la superación de los serios problemas que aquejan al Estado costarricense.

El pedido de racionalidad mediante la aplicación de la regla fiscal que el presidente hizo a los jerarcas de la todas las entidades públicas, perdió legitimidad cuando tuvimos las cifras oficiales de la Contraloría General de la República y del Banco Central: el presupuesto estatal del 2019 superó los 28 billones de colones, equivalentes al 75% del PIB. El presupuesto del Gobierno Central creció en un 17% con respecto al del año anterior. El déficit llegó al 7% del PIB.

El grotesco error de la creación de UPAD ha impulsado al otro ministro estrella, que transita por la pesada burocracia del MOPT, movilizando con éxito sus recursos en obras de infraestructura esenciales para aliviar la pesada carga de la ciudadanía de la meseta central, que pasa una buena parte de cada día en sus congestionadas carreteras. Don Rodolfo Méndez intentará poner orden en la casa presidencial. Su dedicación, compromiso y profesionalismo abre una nueva esperanza de la ciudadanía y, su actuación, al igual que lo hizo doña Rocío Aguilar, revela el peso de la experiencia en la calidad de la función pública. Don Rodolfo ha hecho alguna referencia a las Políticas de Estado (PE), un eje crítico cuyo potencial se ha sido ignorado por nuestros gobernantes.

He sugerido que la ausencia de PE posiblemente se deba a que los jerarcas/políticos no tengan las competencias necesarias para ello, o porque su gestión es corta y dominada por la motivación electoral. Todo lo cual es lamentable porque ignoramos el potencial que las PE tienen para impulsar reformas de fondo. ¿De dónde surge ese potencial?

Nuestro Estado está conformado por unas 330 entidades públicas y unos 300 mil funcionarios, que ha sido caracterizado por la Contralora General de la República y por la Sra. Exministra doña Rocío Aguilar, como “inmanejable”. Esa vorágine institucional concentra una parte sustancial de los recursos que el país invierte en su desarrollo y en el bienestar global de la población. Como ya dijimos, es el equivalente al 75% del PIB, absorbidos por altos niveles de ineficiencia mientras la población sigue esperando que el país recupere los niveles de bienestar que alguna vez nos dio la Segunda República. Las PE son el principal instrumento de dirección del Estado, es decir de la totalidad de esas 330 entidades. Ello en virtud del su carácter unitario y del principio de rectoría que determinan la responsabilidad del presidente y sus ministros por el diseño y control de la ejecución de las PE.

La carencia de PE posiblemente refleje un problema frecuente del Estado: un marcado desequilibrio técnico, requerido para administrar la organización más compleja (el Estado) y sus igualmente complejas instituciones, entre ellas el MOPT, el MEP, la CCSS, el INS, en su mayoría componentes críticos de nuestro desarrollo. Los aportes técnicos han estado ausentes en el ejercicio de la administración pública, dominada por la motivación político electoral de sus jerarcas, a lo que se agrega períodos de gestión inferiores a 4 años, el primero absorbido por la preparación programática del nuevo Gobierno y, el cuarto, por las siguientes elecciones. Un hecho fundamental es que el país si tiene la capacidad para aportar contenidos técnicos, gracias a la capacidad de profesionales que producen centros de excelencia como el INCAE, el Tecnológico y la UCR. Si el Gobierno (en este caso don Rodolfo) lograra incorporar un mayor aporte técnico, las PE podrían ser un instrumento de gran valor y peso en la reforma de la gestión pública y del Estado costarricense ¿Cómo se justifica esta afirmación?

Las PE tiene el potencial para impulsar un nuevo modelo de gestión pública, si nos focalizamos en algunos de sus componentes:

  • Dirección: no sabemos hacia dónde vamos y cuáles son las grandes metas, compatibles con los grandes problemas nacionales. Sin esta dirección, el enjambre organizacional del Estado resulta en dispersión y despilfarro de recursos. Cada sector y cada componente institucional requiere claridad sobre las metas globales de desarrollo y bienestar que nos lleven por la senda de la equidad y la eficiencia. Por tanto, se traducen en el principal instrumento para ejecutar el compromiso político soberano precedente.
  • Estrategias y grandes acciones públicas: el ejercicio de la función pública se lleva a cabo bajo pretensiones, frecuentemente exitosas, de entidades con algún grado de independencia, lo cual hace que muchas instituciones privilegien intereses corporativos y de su burocracia, en perjuicio del interés nacional. El resultado es la pérdida de la ética de servicio público y la aparición de privilegios en los sistemas laborales. Las PE pueden y deben definir las modalidades de intervención pública en los procesos de desarrollo y las grandes acciones que deben cumplirse para alcanzar las metas sectoriales e institucionales. También debe establecer los condicionantes que pueden tener un efecto decisivo en el cumplimiento de las metas, o en su fracaso.
  • Resultados esperados: es un hecho fáctico que la administración pública la dominan procesos repetitivos que tienen poco impacto en el bienestar de la población, en buena parte por el patrimonialismo que se ha impuesto (recursos para beneficio del personal y no de la población). No sabemos cuáles son los resultados esperados de la mayoría de sus instituciones, lo cual redunda en improvisación y despilfarro. Las PE tienen que definir los resultados esperados de cada gestión, en forma consensuada y articulada a las metas nacionales. Igual, debe requerir que se haga en cada nivel institucional.
  • Control: la falta de dirección también se refleja en falta de control de la función pública. Cómo podría pedirse rendición de cuentas si las PE no definen la dirección global, las estrategias institucionales y los resultados esperados. Con las PE cada sector debería tener la capacidad para exigir rendición de cuentas por el éxito en cada nivel del sistema. Una especie de evaluación institucional indicaría el éxito relativo en el alcance de metas sociales y en el cumplimiento de los resultados esperados. Con las tecnologías modernas, ese control se puede realizar con un mínimo de interferencia política y con indicadores que permiten ver el progreso en tiempo real (o riesgo de fracaso) de los distintos programas y el logro de los resultados finales. La evaluación fundada en resultados esperados aporta objetividad, precisión y da sentido a cualquier proceso de evaluación del desempeño individual de gerentes y sus respectivos equipos de trabajo.

Por supuesto, no se le puede pedir a don Rodolfo Méndez, en su nueva función, que asuma una tarea cuyas implicaciones alcanzan a la totalidad del Estado y que toca sensitivas fibras institucionales y el interés corporativo que se aprovecha la dispersión y falta de dirección. Lo que sí podríamos esperar es que, empleando su autoridad y prestigio bien ganado, pudiera interesar al presidente y a las instituciones antes mencionadas (INCAE, Tecnológico y UCR) a elaborar un proyecto cooperativo, que lleve al diseño de PE inteligentes y su aplicación en áreas prioritarias. El resultado esperado es un nuevo modelo de gestión que, obviamente, incluye un sistema presupuestal por resultados.

Es posible que la sola existencia de las PE sirva de motor para el cambio. Por ejemplo, podría darnos alguna luz para determinar si la compleja y extensa estructura estatal es necesaria; si los metas de cada entidad guardan coherencia con las políticas nacionales; si es necesario reforzar la función del Estado y cómo hacerlo con la mejor combinación de equidad y eficiencia; si se pueden reorientar instituciones como el ICE, que han perdido parcialmente su camino y, en materia ecológica, se contraponen a la política nacional; si se puede recuperar la finalidad original del sistema bancario (democratizar el crédito y estimular el crecimiento) que se ha perdido por ineficiencia y su impacto en altísimos costos de intermediación; si es posible integrar instituciones para superar la dispersión responsable por un estado permanente de ingobernabilidad y abusos de los varios regímenes de autonomía, etc.

¿Qué necesitamos para introducir PE como factor de impulso de otras reformas? Esencialmente creatividad y voluntad política. Las PE son una responsabilidad derivada de nuestro ordenamiento institucional. No se requiere ningún correctivo legal para aplicarlas. Tampoco costos adicionales, porque tienen que ser asumidas por el personal existente. Y el apoyo técnico sugerido podría lograrse sin costo o, a un costo accesible considerando el compromiso de las tres instituciones mencionadas, dos de la cuales son parte del Estado. Debe haber economías sustanciales, si logramos pasar de un estado de dispersión a otro de integración de recursos públicos a las metas de desarrollo nacional.

 

Si le interesa recibir información diariamente:

COVID-19
Suscribase COVID-19

También podría gustarte Más del autor

Comentarios

Cargando...