Eduardo Carrillo: El Proyecto de reforma al Empleo Público debe ser una prioridad nacional

El proyecto de reforma del empleo público es una de muchas reformas que nuestra democracia necesita para sobrevivir. Es insuficiente, pero va en la dirección correcta

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

El proyecto de reforma al Empleo Público ha sido aprobado por el congreso y entra en consulta ante la Sala Constitucional. Para quienes estamos fuera del complejo mundo del judicialismo, que ha sido tan nocivo para la gobernabilidad de nuestro pequeño pero enredado país, el Proyecto tiene sentido parcial, en la medida que deja por fuera a las empresas en competencia, sin que existan razones para ello. Cualquier organización, pública o privada, necesita siempre de un buen plan de empleo, aunque es más necesario en el ámbito de la administración pública, donde el dinero que todos los costarricenses aportamos se trata con criterio de piñata. Al ciudadano de a pie le duele en “bolsillo propio” como algunos gerentes del Estado pueden recibir remuneraciones de varias decenas de miles de dólares y cómo más tarde esas sumas inflan también las de un sistema de pensiones en crisis.

Se trata del régimen de empleo de los funcionarios del Estado que representan cerca del 14% de la fuerza laboral. Y ahí quienes vemos con reserva las leyes, porque no somos abogados, encontramos un contrasentido con el artículo 33 de la Constitución Política, según el cual “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”

El sistema de empleo público, para esa minoría cercana al 14% de la fuerza laboral crea una situación de privilegio y discrimina contra el resto del sector laboral, porque el sistema privado funciona dentro de un conjunto de equilibrios impuestos por las condiciones del mercado. Por ejemplo, el funcionario público innecesario puede seguir recibiendo su salario y los muchos privilegios adicionales, porque los políticos entienden que los recursos de todos son recursos de nadie y pueden disponer de ellos con plena libertad. En el sector privado, si son innecesarios o incompetentes, simplemente no tienen un espacio en la empresa. Y esto hace una diferencia sustancial en eficiencia. Por supuesto, el mencionado artículo 33 también cuestiona si la amplia gama de privilegios de una minoría de funcionarios públicos no constituye una forma de discriminación con el resto del sector laboral.

Otro aspecto, en el que el sentido común parece armonizar con la narrativa constitucional, es nuestra condición de Estado Unitario y su relación con un Gobierno Nacional (repitamos: un gobierno de alcance nacional). Precisamente, el sentido común también nos dice que una casa dividida no se sostiene. Pero esto no parece ser cierto para un gobierno nacional -ingobernable- cuando intenta manejar más 330 entidades públicas que integran nuestro Estado. O cuando las instituciones que se encuentran en algún régimen de autonomía entran en directo conflicto con el gobierno nacional, en esencia, para mantener su régimen de privilegios salariales y sin que sus funciones esenciales (jurídicas, docentes, etc.) sufran menoscabo o interferencia de otros poderes de la república. No es nuestro campo, pero la lectura de la Constitución parece coincidir con lo que sugerimos.

En efecto, pareciera que la unidad del Estado y de gobierno estaban en la mente del constituyente y formó parte de la reforma de mayo de 1968 al artículo 188 de la Constitución. El mensaje claro y contundente fue que “las instituciones autónomas no gozan de una garantía de autonomía constitucional irrestricta…”. “De esta manera, la reforma hizo constitucionalmente posible someter a las entidades autónomas en general a los criterios de planificación nacional y en particular someterlas a las directrices de carácter general dictadas desde el Poder Ejecutivo o de órganos de la Administración Central…Como parte de esos órganos políticos, fue establecida la Autoridad Presupuestaria, con el objeto de formular y ejecutar las directrices generales en materia de salarios, entre otras, emanadas del Poder Ejecutivo o de órganos de la administración central” (Fuente: Constitución Política de la República de Costa Rica, Tomo II).

Costa Rica es una república democrática, dice el Artículo 1 de la Constitución. La democracia tiene un fin que se da por sabido: lograr el bienestar colectivo de toda la población. Estuvimos muy cerca de ese objetivo con la Segunda República, pero se agotó hace ya bastantes décadas. Desde entonces el país anda a la deriva y parece alejarse cada vez más del mencionado objetivo de la democracia. Los niveles de confianza en sus instituciones se encuentran en los niveles más bajos de nuestra historia reciente y los políticos, responsables por conducir al país por la ruta del progreso han fallado en forma contundente. Ello explica que, solo el 20% de los electores depositan su confianza en los partidos políticos. La diferencia (80% o más) no tienen una vinculación formal con ninguno de las varias decenas de partidos existentes. De ahí que incluso algunos parchecitos puedan resultar positivos para nuestro estado de crisis.

El proyecto de reforma del empleo público es una de muchas reformas que nuestra democracia necesita para sobrevivir. Es insuficiente, pero va en la dirección correcta. Es lamentable que un grupo importante de legisladores no solo se hayan manifestado en contra, sino que han asumido actitudes populistas, que el país no necesita. Pero esa es la calidad de legisladores que tenemos, por cierto, electos mediante imposición de las jerarquías y no por algún mecanismo de elección directa del soberano y de alguna relación con los intereses regionales de un país profundamente centralista y mesetero.

La Sala IV dará su veredicto, que esperemos sea honesto y privilegie en el interés nacional y no el de los magistrados. Es un riesgo real, porque, como señala la crítica pública, el poder judicial se ha visto a sí mismo como una clase distinta de costarricenses y como una institución que se impone por encima de los otros poderes de Estado. No ayuda que el apoyo del congreso haya sido más sólido y lograra solo el respaldo de 32 legisladores, algunos con una posición populista que nuestro país no necesita.


 

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