Eduardo Carrillo: El veto y los huecos fiscales que el presidente Alvarado ignora

A título de ejemplo, veamos cómo se relaciona el hueco de los ¢30 mil millones del veto presidencial con otros huecos que el PAC y la clase política parecen ignorar.

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

Estamos en plena actividad política que implica riesgos adicionales a nuestra frágil democracia. Las elecciones del 2018 fueron un fiasco, con dos candidatos que hicieron de temas cuestionables el centro de atención del elector. Algo similar puede pasar en las elecciones de febrero próximo. Veinte y tantos candidatos van a enturbiar el entorno electoral y podríamos caer nuevamente en gobiernos que el país no se merece. Un artículo del historiador y político, Oscar Aguilar Bulgarilli, ofrece una referencia sobre la dimensión del fracaso del 2018: “…Carlos Alvarado, ocupa la honrosa posición del PEOR evaluado presidente en el MUNDO y por supuesto en América, donde hasta Maduro y Ortega le toman amplio margen” (La Revista 2/11/2021). Un claro llamado de atención al voto responsable.

El país ha sido víctima de múltiples desaciertos y algunas mentiras durante la presente administración. Por supuesto, no todo lo malo se le puede atribuir al presidente Alvarado, porque los males que nos aquejan son el producto varias décadas de mal gobierno. Pero la sensación, para muchos costarricenses, es que vamos a la deriva, sin un eje de dirección que articule nuestros principales problemas y recursos. De alguna forma, el veto del presidente Alvarado al proyecto para reducir los costos del peaje es consistente con otros actos algo dramáticos que contradicen las posiciones del presidente. En intervenciones anteriores me he referido a las falacias de la llamada crisis fiscal, que la han hecho aparecer como el problema No. 1 del país. Mi posición ha sido que un país, cuyo presupuesto público supera el equivalente al 75% del PIB no puede tener una crisis fiscal. Sí tiene una crisis estructural de distribución de sus recursos, acompañada de ineficiencia, despilfarro y corrupción. La CGR parece favorecer mi argumentación cuando nos dice que la sumatoria de los superávits de las entidades públicas conforman una cifra muy parecida a los casi $2000 millones que estamos negociando con el FMI. El agravante es que también el proyecto de préstamo con el FMI se ha transformado en la máxima prioridad nacional, mientras los problemas subyacentes siguen intactos.

Algo es este planteamiento falaz estuvo presente con la reforma fiscala del 2018, cuando la retórica presidencia nos advirtió que estábamos al borde del precipicio, ausente de medidas correctivas del tenor de la tragedia anunciada. La retórica, además que querer asustar al público, se acompañó, en apariencia, de un saludable impulso a la racionalidad del gasto, regla fiscal incluida. Pero, por otra parte, tomó el curso irresponsable al incrementar el presupuesto del Gobierno Central en un 17%. Hoy, nuevamente, el presidente veta el proyecto para reducir los costos del peaje (impuesto que nos cobran por circular, con las restricciones propias de la pandemia. La argumentación esta vez es que dicho proyecto constituye un riesgo para las finanzas públicas que disminuirían en unos ¢30 mil millones. De nuevo la retórica del presidente es mentirosa, no porque esa pérdida no sea real, sino porque, en el contexto de la realidad fiscal, es un problema menor. Su discurso y la realidad nacional andan por sendas distintas. Es posible que el impacto sobre el bolsillo de quienes pagamos el peaje no sea sustancial, aunque parece ser el más altos de la región, pero, reitero, sí es consistente con las contradicciones y obvias las falacias que alimentan el discurso presidencial.

Para empezar con algo contundente, es bueno destacar la posición pasiva del presidente con respecto a la propuesta, nacida de la Contraloría General, para que los fondos públicos de las entidades estatales se concentren en el Banco Central. El resultado de esta propuesta sería un ahorro estimado en ¢300 mil millones, es decir, 10 veces más que las pérdidas de ¢30 mil millones que dejaría de percibir el Estado con las rebajas del peaje. Sin embargo, el presidente no ha empleado su fuerte retórica fiscalista en favor de ese proyecto y tampoco lo incluyó en la agenda legislativa para los próximos 3 meses, que él mismo decide. Tampoco hemos visto iniciativa alguna para racionalizar los costos laborales que, según OCDE, son, con respecto al gasto público total, los más altos del planeta, si se comparan con la media de cualquier región del mundo. Agrego a ello, que la regla fiscal tiene un elemento de engaño, porque establece un límite de crecimiento del 4%, con cuestionable apoyo del presidente, porque parte de una base muy alta del gasto público, reitero, equivalente al 75% del PIB, que puede ser también una de los más altas del planeta. En comparación, según estudios propios, la media de Brasil, Uruguay y Argentina es el 38% y la de los estados nórdicos del bienestar el 52%.

Los excesos de gasto público y el Estado paquidermo nos empobrecen cada vez más. Lamentablemente, así lo confirman los indicadores sociales. O, peor, hay una relación inversa entre el crecimiento del gasto y el deterioro de los indicadores económicos y sociales. Y la solución política sigue siendo el hostigamiento tributario. Este es un problema que tiene raíces más antiguas que el PAC, pero, como ya dijimos, la situación económica adquirió carácter de crisis en los dos últimos gobiernos. Tampoco es claro que los 27 partidos políticos que compiten por alcanzar el poder, tengan soluciones contundentes. Sin embargo, el historial del derroche si es historia reciente.

A título de ejemplo, veamos cómo se relaciona el hueco de los ¢30 mil millones del veto presidencial con otros huecos que el PAC y la clase política parecen ignorar.

Hueco de ¢380.000 millones. Ya quedó mencionado antes, pero no resisto ignorar la indiferencia del presidente y el contraste de su actitud pasiva comparado con el tono dramático de sus declaraciones con respecto a los ¢30.000 millones vetados. Me refiero la propuesta de la CGR para centralizar los fondos públicos en el BCCR antes mencionado.

Hueco de la deuda del MEP a la CCSS por más de ¢60.000 millones. Y aumenta en ¢126 millones diarios, producto de morosidad del MEP con la Caja. Esa la deuda el MEP debe haberlos presupuestado todos estos años, pero los dineros tomaron otro destino. Recordemos aquí también la llamada de atención de OCDE: tenemos uno de los sistemas educativos más caros del mundo y bastante más de los países más ricos que conforman esa organización. Pero con resultados inferiores (de hecho, la educación es una de nuestras “verdaderas” crisis que el Gobierno ha ignorado).

El hueco de los privilegios: Según datos de la CGR el costo medio de los privilegios sobre los sueldos representa un 163,12%. Esta media resulta de los datos de 12 entidades: ICT 205,48%; UCR 202,40%; RECOPE 201,48%; CONARE 200,10%; DEFENSORIA 190%; JPS 184,47%; CONGRESO 158,15%; PODER JUDICIAL 152,04%; INFOCOOP 133,09%; INS 104,59%; GOBIERNO 104,59%; y, SECTOR PUBLICO GENERAL 101,40%). La ministra de planificación estima el costo de los privilegios en unos ¢70 mil millones anuales o un 0,7% del PIB. A diferencia del resto de la clase trabajadora, la pandemia no ha afectado los ingresos de la burocracia estatal.

Huecos del filtrado del bono proteger. De los dineros que se entregarían a la población más golpeada por la pandemia, el Gobierno permitió que los infiltrados lograron sustraer ¢15 mil millones (la mitad del costo estimado por la reducción del costo del peaje vetado).

Hueco de las multas por incapacidad de uso de créditos. En los últimos 10 años por simple inutilización de préstamos externos ya aprobados se pagó la multa de US$54 millones (unos ¢34.342 millones).

Huecos de RECOPE. Uno lo representa el costo de la planilla de refinación que no se practica desde hace más de una década (con privilegios superan en más de un 200% los sueldos). Además, RECOPE aportó, en el 2019, ¢2.800 millones al fondo de ahorro de sus empleados. En el período 2009-2019 ese aporte institucional fue de ¢38 mil millones. Durante la Administración Alvarado (2019) se incrementó al 6,5% de la planilla, 2800 millones. El Gobierno no ha hecha nada para revertir esta situación.

El hueco de los sobrecostos de administración de los Ebais. Estudios propios de la CCSS demuestran que la administración de los EBAIS por terceros (cooperativas especialmente), resulta en la mitad del costo cuando lo hace directamente la CCSS. Sin embargo, por presión sindical, la CCSS accedió a entregar la administración de los EBAIS de San Pedro, Curridabat y parte de la Unión lo que tendrá un costo que oscila entre ¢16.000 millones y ¢26.000 millones más por año. En dos años se habría recuperado con creces la pérdida por reducción del peaje.

Los huecos financieros de JAPDEVA. La institución arrastra déficits desde hace varios años. No hay claridad hacia dónde va esta ineficiente empresa pública. Está quebrada y sigue requiriendo recursos externos para mantenerse en funcionamiento. En la actual el gobierno intenta conseguir ¢6000 millones mientras se concluyen algunas de las reformas planteadas. Y mientras no hayan decisiones contundentes JAPDEVA seguirá recibiendo dinero por los servicios que no presta.

El hueco del Puerto de Caldera: $millones se pierden por las deficiencias del Puerto de Caldera. El problema tendrá que resolverlo la próxima administración, pues el actual no ha hecho nada al respecto.

Huecos $multimillonarios del ICE. Veamos algunos:

  • $146 millones le costó al ICE cerrar el Proyecto Hidroeléctrico Diquis. Una inversión mal planificada que nunca debió hacerse.
  • Proyecto Reventazón: tuvo sobre costos por $810 millones y produce la mitad de electricidad esperada originalmente.
  • Balsa Inferior y Eólico Valle Central. Las pérdidas estimadas en ¢169.000 millones. ARESEP estima que Balsa Inferior ha tenido un sobrecosto de 173% y el eólico de 153%,

Los huecos de obras públicas: La carretera que no se hizo a San Ramón tiene un costo adicional de $100 millones. Por la cancelación del contrato el gobierno tuvo que pagar la suma de $35 millones.

Carretera a San Carlos: se han invertido $232 millones y la obra se encuentra paralizada. Cuando se inició en el 2005 su costo era de $68 millones, pero luego se elevó a $300 millones. Hoy la carretera requiere un proyecto totalmente nuevo de costo indefinido.

La Trocha, tan necesaria para integrar la zona fronteriza norte, costó ¢20.000, aunque el perjuicio para el Estado se estimó en unos ¢1300 millones. Tiene más de una década sin que los procesos judiciales logren algún resultado.

La cochinilla. Una estimación original de los daños alcanza la cifra de 78 mil millones de colones (unos $126 millones). Esto es lo que ahora se sabe, pero seguro el Estado ha venido perdiendo más dinero producto de ineficiencia y corrupción desde hace mucho tiempo atrás. Es posible que pronto veamos deterioros tempranos en los nuevos y atractivos proyectos Topics,

La Platina. Llegó a ser el principal ícono de la ineficiencia estatal. Una platina suelta que los “expertos” del MOPT dijeron se arreglaría en horas. Error tras error prolongó el arreglo a más de 8 años, muchos intentos de solución y una inversión de unos $14 millones. Es la madre de la ineficiencia pública y una vergüenza nacional.

Todo lo anterior puede resultar en sumas extraordinarias que drenan la capacidad del Estado para trabajar en beneficio del bienestar de todos. Sin embargo, hay muchos más huecos y de mayor tamaño. De nuevo algunos ejemplos:

  • El CNP ha dejado de cumplir una función útil y su costo de operación se acerca a los 90 mil millones. Por qué no cerrarlo, conjuntamente con la fábrica nacional de licores. La función de apoyo a la agricultura debe ser parte del MAG.

 

  • El IFAM puede desaparecer y nadie lo echará de menos. La propia expresidente Ejecutiva se preguntó si valía la pena conservarlo y cuáles serían sus funciones que ahora no tiene (algo en financiamiento puede ser asumido por la banca nacional y, en capacitación, hay instituciones mejor preparadas para ello). La Sra. Presidente Ejecutiva fue removida del cargo y se enfrenta ahora en cargo similar en Japdeva (con problemas similares que no serán resueltos por la administración Alvarado.

 

  • Además, existe otra figura absurda, una especie de coordinadora de la función municipal, con un presidente ejecutivo con sueldo de lujo (cargo político creado por la Administración Chinchilla Miranda).

 

  • En vivienda la mayor parte de la infraestructura sobra. La banca puede asumir las funciones de financiamiento. El ministerio o el INVU sobra.

 

  • ¿Necesitamos los bancos públicos que tenemos? Parece innecesario, ineficaz y costoso tener un montón de agencias bancarias estatales en espacios muy pequeños, compitiendo entre ellas. Tal vez debería retomar el objetivo inicial de financiar el desarrollo, lo cual se puede hacer con una sola institución.

 

  • Entre las instituciones autónomas hay mucha redundancia y duplicidad. Un estudio macro-organizacional debería simplificar el régimen y reducir sus costos.

 

  • El régimen de adscripción es otro adefesio de la organización estatal. En general toman funciones que debilitan la autoridad de los ministerios y en lo económico repiten infraestructura administrativa costosa (administración financiera, auditoría, asuntos legales, suministros, personal, etc.). En la mayoría de los casos no tiene sentido, aunque sí tienen un costo apreciable.

 

  • La municipalización es un fraude administrativo y una dispersión de recursos (emula en mucho la corrupción del gobierno central). El país debería evolucionar a una descentralización real de la función de gobierno, tal vez delegando a una docena de gobiernos regionales. Con 83 cantones y más que irán apareciendo el país se fragmenta demasiado para su tamaño y población. Esto tiene un alto costo político y económico.

 

  • Los recursos para protección social que se come la burocracia. Un proyecto de Ottón Solís para integrar un Ministerio de Asistencia Social que juntaría unas 10 entidades con funciones duplicitarias ha sido ignorado por el Gobierno.

Conclusión: el veto ha tenido una resonancia mayor de la merecida. ¢30 mil millones son peccata minuta comparado con otros problemas de las finanzas públicas. La historia política reciente lo demuestra con objetividad. Durante los dos primeros años de la Administración Arias Sánchez llegamos a contar con un modesto superávit, que fueron barridos por la depresión del 2008-2009. En el 2009, segundo año de la gran depresión, el déficit sube a un manejable 3,3% y luego, en la Administración Chinchilla Miranda (2020) sube a 5,4%. En el 2017, bajo gobierno del PAC, llega a 6,2% y en el 2019 a 7%. Es decir, superados los peores efectos de la depresión del 2008 era del momento de la responsabilidad fiscal para evitar que el déficit se disparara y adquiriera el carácter de crisis. Pero las tendencias crecientes del gasto se mantuvieron en las dos administraciones del PAC, todo esto en prepandemia. El acuerdo con el FMI y el veto al hueco de los ¢30 mil millones del peaje confirman ese patrón de conducta, una capacidad especial para inflar lo chico e ignorar lo grande. Se ignoran los problemas estructurales, cuyos efectos se cubren con más gasto.

El veto del presidente no tiene mayor impacto, pero revela la gran hipocresía y las falacias de los planteamientos. Los huecos grandes, como los que hemos mencionado aquí, los seguiremos pagamos usted y yo, vía impuestos, tarifas y un alto costo de productos y servicios. Y eso duele y enoja. Pregúntese usted, amigo lector, que ofrecen los programas electorales para tapar los huecos que nos empobrecen como país y alimentan un entorno político conflictivo y riesgoso.

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