Eduardo Carrillo: En defensa de la democracia: el delicado equilibrio entre política y técnica

La experiencia de ALC es la misma: las fallas estructurales y la práctica de la democracia empujó a varios de nuestros países donde hoy se encuentra Venezuela

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

La democracia está cuestionada, más por un sentimiento popular que por la academia, los politólogos y analistas y por muchos de quienes SE presumen de expertos en la materia. Persiste la imagen derrotista según la cual democracia es el peor sistema con excepción de todos los demás. En Costa Rica, líder de la democracia latinoamericana, el enojo y la desconfianza en el sistema se ha exacerbado a niveles preocupantes. Sin embargo, los políticos parecen ignorar indicadores como los que  a continuación mencionamos, reflejo objetivo de ese sentimiento popular:

  • Apoyo a la democracia: 62%, lo que implica que el 38% no la respalda o es indiferente frente a otras opciones.
  • Apoyo a las instituciones: tribunal electoral: 46%; poder judicial: 43%; Gobierno: 25%; congreso: 20%; y, partidos políticos: 20%.
  • Se gobierna para unos cuantos poderosos: 79%

Estos indicadores forman parte de la poderosa base de datos reconocida como el Latinobarómetro. Pero los indicadores simplemente confirman la frustración del costarricense, consecuencia de la cual hay dispersión política y pérdida de identidad ideológica, lo que explica que en el 2018 nombráramos un presidente que en la primera ronda de febrero solo obtuvo el respaldo solo del 13% de la población (y su contendiente solo el 15%). Carlos Alvarado ha sido electo de acuerdo con reglas de la democracia, pero su legitimidad es frágil (acompañado de 10 diputados de su partido). La democracia se ha debilitado en extremo, pero los liderazgos políticos parecen pensar que los problemas desaparecerán en algún proceso natural de normalización. Mientras tanto, los “expertos”, frente a las corrientes populistas, solo atinan a ver la paja en el ojo ajeno, e ignorar la viga en el propio.

Costa Rica ha sido, en la región de América Latina y el Caribe (ALC), la democracia más antigua y más sólida. Las reformas socialcristianas y la posterior creación de la Segunda República socialdemócrata, posiblemente impulsada por la genialidad de Rodrigo Facio y el carácter de Don Pepe, nos dio la estabilidad que hemos disfrutado por casi 7 décadas. El país vive todavía de ese diseño institucional y de las acciones subsiguientes, a pesar del discurso neoliberalista, carente de bases objetivas.

Sin embargo, la crisis de credibilidad de la democracia es real si se traslada a un terreno más práctico y menos teórico: el Estado costarricense ha colapsado, los problemas se han acumulado y el país no cuenta con los liderazgos con la visión y el carácter para realizar los cambios que nos lleven nuevamente por la ruta del progreso. La realidad actual está caracterizada por:

  • La persistencia de la corrupción, posiblemente mayor que la que suponíamos.
  • El nivel de desigualdad se encuentra entre los más altos de ALC.
  • Persiste la pobreza a un nivel por encima del 20%, afectando a más de un millón de personas. Además, la clase media tiende al empobrecimiento, con un ingreso promedio que parece estar por debajo de los 400 mil colones.
  • El Estado concentra la institucionalidad responsable por el desarrollo y el bienestar social (salud, educación, seguridad, infraestructura, electricidad y otras fuentes de energía, etc.). Es uno de los más caros del mundo, con un costo presupuestal equivalente a más del 75% del PIB. Sin embargo, aporta poco al bienestar social y en muchos sentidos es el principal enemigo de nuestro desarrollo.

Hoy el presupuesto estatal supera la astronómica cifra de 28 billones de colones (cifras oficiales de la CGR). Comprende más de 330 entidades públicas, unas 80 de las cuales funcionan en algún régimen de descentralización, que generan pretensiones de independencia, empleada para escapar de los controles del y crear sistemas de privilegios salariales. Un ejército de burócratas que supera los 300 mil funcionarios actúa en un régimen de impunidad laboral, su mayor parte sin evaluación del desempeño. La gestión se realiza en un vacío, caracterizado por la ausencia de Políticas de Estado que amarre la dispersa institucionalidad hacia los objetivos del desarrollo y el bienestar colectivo, a lo que se agrega la incapacidad para ejecutar cualquier proyecto, correctamente representado por el símbolo de La Platina.

La ausencia de Políticas de Estado y la capacidad para ejecutar los dispersos proyectos públicos conforman una de las grandes fallas de nuestra democracia: por una parte, la población no recibe los productos del bienestar colectivo y, por otra, se le obliga a aportar enormes sumas de dinero que se pierden por ineficiencia. Agréguese a ello, el poder que los políticos le dieron a los sindicatos, que los han convertido en el principal factor de inestabilidad. Además, los constituyentes del 49 previeron un mecanismo para garantizar la eficiencia de la administración pública, la creación de un régimen de servicio civil para toda entidad pública. Sin embargo, los intereses especiales dominaron para excluir de dicho régimen una buena parte de la institucional y negarle el presupuesto para que desarrollara sus competencias.

El lector se preguntará ¿Qué hacer? No se trata de prescindir del político, porque eso sería matar la democracia. Pero hay algunos aspectos de la democracia que deberían replantearse: 1) el diseño del Estado es un tema tan político como técnico. A empujones y ocurrencias se ha creado un monstruo inmanejable, sin los aportes técnicos para lograr un aparato que produzca con equidad y eficiencia; 2) la administración pública, es decir, el esfuerzo para convertir los vastos recursos públicos en los productos del bienestar, está en manos de políticos que duran en sus cargos, en términos reales, menos de 4 años, la fórmula perfecta para el fracaso; 3) las Políticas de Estado es un esfuerzo esencialmente político, pero conlleva componentes técnicos estratégicos esenciales para establecer la dirección de la aplicación de los recursos para lograr metas de bienestar nacional y controlar los procesos subyacente; y 4) la ejecución es un proceso esencialmente técnico, apolítico, que requiere la aplicación de tecnologías y recursos, en tiempo y espacio, para ejecutar la política que viene del nivel superior. Aplicar correctivos en estas 4 direcciones es fundamental para lograr los propósitos de bienestar esperados de la democracia.

¿Cómo rescatar la confianza ciudadana en la democracia? ¿Cómo protegerla de los riesgos de los populismos y en especial de las autocracias o dictaduras? Los recursos retóricos son insuficientes. La experiencia de ALC es la misma: las fallas estructurales y la práctica de la democracia empujó a varios de nuestros países donde hoy se encuentra Venezuela. Si queremos combatirlas hay que reconocer las imperfecciones de la democracia y aplicar los correctivos pertinentes. En estas notas hemos destacado la fragilidad de la dirección y de la ejecución. Las soluciones no son difíciles de concebir y ejecutar. La mayor dificultad se presenta cuando, por años, omitimos hacer correctivos y los problemas llegan al nivel de la crisis que hoy enfrenta al país. Por cierto, esa crisis no es “fiscal” como equivocadamente se le identifica. Es el efecto de una crisis institucional cuyos elementos más visibles es un enorme despilfarro de recursos, producto de fallas de diseño institucional y modalidades de operación.

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