Eduardo Carrillo: ¿En materia económica el gobierno dice una cosa y los economistas otra? ¿Quién tiene la razón?
Es claro, la propuesta de nuestro gobierno está por debajo de las necesidades del país, que debería crecer al 5%, lo cual es posible pues hemos tenido ese nivel de crecimiento o mayor
Eduardo Carrillo Vargas,(Ph.D. Administración).
Según la prensa de estos días, el gobierno buscará un crecimiento promedio del 3.5% para los próximos 4 años. Es una propuesta algo más ambiciosa que las predicciones del Banco Central (BCCR), de su expresidente, Sr. Rodrigo Cubero y de economistas de instituciones internacionales ¿Quién tiene la razón? Es importante destacar que la solución económica (control de la inflación e incremento del costo del dinero) favorece al capital y golpea a la población más vulnerable. Una medida más justa sería el control de los precios de productos esenciales, pero las estructuras de poder económico impiden tal medida. En cambio, los correctivos más frecuentes aumentan la desigualdad y la pobreza, haciendo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres ¿Tenemos otras opciones?
Es claro, la propuesta de nuestro gobierno está por debajo de las necesidades del país, que debería crecer al 5%, lo cual es posible pues hemos tenido ese nivel de crecimiento o mayor. Cierto la situación actual es compleja y seguimos todavía bajo los efectos de la reciente pandemia y el consecuente estado de crisis, en parte derivada de aciertos y desaciertos. El acierto fue esencialmente sanitario; y, el desacierto es que las autoridades se olvidaron de atender el impacto económico y, peor, el migratorio, producto de fronteras porosas, norte y sur, pero además esenciales para nuestra economía de exportación. La reacción del gobierno fue tardía e inadecuada.
Haciendo más de lo mismo seguiremos donde estamos, con una economía frágil, altos niveles de desempleo, baja capacidad de consumo, reducción de la producción y más pobreza. Es lo que las medidas restrictivas del Banco Central nos recetan: más riqueza para los ricos y más pobreza para los pobres. Pero no tiene que ser así. Es posible movilizar la economía, incrementar el gasto, mejorar la situación de empleo y reducir pobreza y desigualdad. Pero hay un tema, no económico, pilar que sostendrá todo esfuerzo de desarrollo nacional. Es de la mayor urgencia mejorar la empleabilidad ciudadana y esto requiere de una reforma del sistema educativo. O, tal vez, un plan de emergencia del sistema educativo, desde la primaria hasta la educación técnica y superior. El tema del “apagón educativo” es lugar común de toda discusión de la temática, pero no hacemos nada al respecto. Y que no nos pase como con la pandemia. La reforma educativa es un tema que excede al sector educación e involucra los demás sectores de nuestro desarrollo. Es un sistema articulado que se inicia con la educación básica y la secundaria, pasando por nuevas técnicas y la educación superior.
Es satisfactorio reconocer las iniciativas de reforma que se han tomado en 4 o 5 sectores y que ha habido enormes ganancias del turismo, aunque por ahora parecen ser acciones desarticuladas del gobierno. Esas reformas producirán instituciones más eficientes, posiblemente más económicas y liberarán recursos requeridos para alimentar el crecimiento.
No sé qué tan preparados estén los economistas para estimar metas de crecimiento. Tampoco sé si Keynes mantiene actualidad o es solo una reliquia del pensamiento económico. Una carta dirigida al presidente Roosevelt reza en parte así: “El objetivo de la recuperación es incrementar el producto y el empleo. En nuestro mundo el producto se destina a ser vendido y su volumen depende del poder de compra que le hará frente en el mercado… Alternativamente, la autoridad pública debe ser llamada a crear ingresos adicionales a través del gasto público”. Keynes también expresó su descontento con la economía inglesa cuando dice: “no hacemos nada porque no tenemos el dinero necesario, pero es precisamente porque no hacemos nada por lo que no tenemos el dinero”.
También me preocupa que las reformas sean dominadas por el liberalismo. Pienso en los “Chicado boys” de excelente formación, recibida nada menos que del premio Nobel de economía 1976, Milton Friedman. Encontraron además el laboratorio perfecto para probar el potencial de sus teorías: 1) la autoridad indiscutible e incuestionable del régimen de Pinochet; 2) 17 años para aplicar sus teorías y ver los resultados; y, 3) tenían las competencias necesarias recibidas y el apoyo de uno de los grandes padres del liberalismo. ¿Cuál fue el resultado? Al concluir la dictadura, en marzo de 1990, el país seguía en crisis y más del 30% de la población se encentraba en pobreza. A partir de marzo de ese año, en democracia y con presidentes de izquierda y derecha, la economía chilena se recupera y lleva la pobreza a uno de los niveles más bajos de la región de América Latina y el Caribe.
Curiosamente, Estados Unidos enfrenta hoy una aparente confrontación entre las soluciones comunes que recetan los bancos centrales y la política. La FED (banco central) va en una dirección y el Gobierno del presidente Biden en otra. La ruta del FED es la tradicional, sustentada en el control de la inflación y en reducir la actividad económica que la alimenta (aumentar intereses para reducir circulante, que implica reducir el consumo y la producción). En contraste, el presidente Biden adopta un multibillonario programa de gasto que incluye: subir el salario a $15 la hora, casi el doble del actual; innovación tecnológica, en parte para competir con China; impulso a la industria nacional y un estímulo de $700 mil millones que se espera producirá 5 millones de nuevos empleos; nuevas fuentes de energía verdes; bonificación de vehículos eléctricos; renovación de infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones; $1.7 billones para investigación en energía limpias asociadas con el cambio climático; aumento de impuestos al capital y a ingresos altos; reducción de costos de estudio universitario y facilitar el pago de las pesadas deudas de los egresados de estudios superiores, entre varias otras medidas. En esencia, Biden está impulsando la economía nacional, mientras la FED intenta hacer lo contrario.
Mi conclusión personal es que la economía no funciona al ritmo que sugieren las estimaciones de los economistas y específicamente de las predicciones de la banca central. El impulso de la economía y el desarrollo nace de las grandes iniciativas políticas. Sí, es la política la que mueve la economía y nuestro país podría disfrutar de un 5% de crecimiento mínimo. ¿Cómo hacerlo?
Esto es cierto para Costa Rica, que debería aspirar a niveles de crecimiento cercanos al 5% y aún mayores. El problema es que, por ahora, no conocemos cuáles las grandes iniciativas de la Administración Chaves Robles. Ya mencionamos 4 o 5 iniciativas en progreso, mientras el sector turismo, uno de los grandes puntales de nuestra economía, se encuentra en plena recuperación. Esas reformas producirán mayor eficiencia y menores costos y, el turismo, más oportunidades de empleo. Pero no tenemos, o no sabemos que exista una política integral de reforma, urgente si queremos llevar al país a nuevos niveles de desarrollo, justicia social y una democracia para todos. Esto sí es congruente con los planteamientos políticos que caracterizaron la campaña electoral más reciente.
Otra advertencia es necesaria si queremos tomar la reforma en serio: el Estado debe reducir su tamaño y costo. En otras ocasiones me he referido al costo del Estado, cuya media en años recientes ha sido el equivalente al 75% del PIB (fuente CGR). De investigaciones propias sé que la media de Uruguay, Argentina y Brasil es 38% y la de los escandinavos, 52% (Noruega, Suecia y Finlandia). Además, estudios de OCDE concluyen que la planilla laboral de Costa Rica, relativa al gasto público total, es la más alta, comparada con la media de cualquier región del planeta. Hay muchos otros programas en los que somos líderes en ineficiencia y costos. Pero el punto es que un desarrollo equilibrado y justo no es posible en Costa Rica, mientras el Estado cueste lo que cuesta; mientras la ineficiencia, la corrupción y la burocracia absorban tal cantidad de los recursos disponibles.
Pero ¿cuáles son las iniciativas que nos llevarían por una vía más expedita hacia el desarrollo y el fortalecimiento de una democracia que tiende a caerse en pedazos?
La administración Alvarado le dio un fuerte golpe a la economía al archivar el megaproyecto asociado con el traslado del aeropuerto a Orotina. Reiteremos, por su importancia que el turismo está en franca recuperación y que hay reformas que ya arrancaron. Son avances, pero necesitamos otras iniciativas que nos lleven a una pronta recuperación, entre ellas: la construcción necesaria y posible de un ferrocarril que conecte la meseta central desde Paraíso hasta San Ramón; un ferrocarril eléctrico moderno para el transporte de carga hacia el pacifico y el Caribe; la construcción de carreteras que se pagan con inversión extranjera y peajes, entre ellas, la carretera a San Carlos, concluir la carretera a Liberia y San Ramón, una segunda autopista de 4 vías paralela a la ruta 27 y reconstruir unos 50 km de carretera entre Turrialba y Siquirres, con lo cual se mantiene la misma distancia San José-Limón. Más importante, permitiría superar los problemas, costosos y recurrentes, de la ruta 32; considerar o desechar definitivamente la idea, muy atractiva, de un canal seco que tendría un sustancial impacto económico para una parte importante del territorio nacional; y recuperar la idea de la construcción de 40 mil viviendas para clase media y media baja. Por supuesto, la lista de iniciativas puede ser mucho más amplia, algunas con impacto inmediato, otras de mediano o largo plazo. Pero lo que más nos ha costado es definir una ambiciosa estrategia de cambio e iniciar su aplicación.
¿De dónde salen los recursos para varios de estos proyectos? Primero, debe acelerarse la reforma del Estado para liberar vastos recursos improductivos, con los efectos antes dichos. Segundo, con una combinación de proyectos de financiamiento externo (concesiones) asociado con peajes en lo que corresponde a infraestructura vial; tercero, con préstamos externos, que son posibles si reducimos sustancialmente el despilfarro y la ineficiencia estatal; y, cuarto buscando asociaciones con universidades extranjeras que, a través de sus respectivos gobiernos, podrían coadyuvar con la reforma educativa como sustento de la nueva economía. Por supuesto, son proyectos que posiblemente tarden tal vez unos 10 años, pero una nueva dinámica política, social y económica sí es viable en el corto plazo. Sería además un estimulo para nuestra democracia, hoy bajo generalizado cuestionamiento.
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