Eduardo Carrillo: ¿Estamos vacunados contra el populismo?

Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

Las reacciones sobre los resultados de las elecciones en Chile tienen confundidos a los analistas. La derecha, manchada por el legado pinochista mostró su fortaleza con el 44% de los votantes en la primera ronda electoral, una de las más concurridas de la posdictadura. La izquierda fue más contundente en la segunda ronda en la que Boric alcanzó una ventaja, histórica para Chile, cercana al 10% de los votos emitidos. Boric es un joven sin experiencia política que ha tomado posiciones poco claras sobre los populismos que vienen dominando en algunos países de la región, entre otros su vecino Argentina, Perú, Brasil, Ecuador, Venezuela, Nicaragua y, desde luego, la autoproclamada comunista Cuba pero , en realidad un capitalismo de estado que resultaría detestable para Marx.

Los acontecimientos políticos en Chile tienen una especial significación para los “demócratas” de la region que, como nosotros, creían ser inmunes al populismo de izquierda radical. Los logros en materia de desarrollo, de reducción sustancial de la pobreza y la desigualdad los blindaba de cualquier atentado de la izquierda radical. Por supuesto, quienes tuvimos la oportunidad de conocer a la bella Venezuela no nos explicamos el cambio del chavismo. Y como ticos dominados por bellas y robustas tradiciones, también nosotros pensamos que el populismo y la izquierda radical no tienen espacio en nuestra democracia, la más vieja de la región y la única que estuvo exenta de dictaduras durante la mayor parte del siglo pasado.

La realidad es otra. Todavía podemos ser víctimas de algún populismo radical de izquierda. Y tal vez ya vamos tomando conciencia de ello. Por ejemplo, el Latinobarómetro nos lo viene diciendo desde hace varios años. Si tomamos los indicadores del 2021 es notable que la población ha perdido la confianza en nuestra institucionalidad democracia. Los siguientes indicadores revelan la desconfianza en la democracia y en los políticos:

• se gobierna para el bien de todos: 8%, un punto por debajo de Chile;
• se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio: 89%;
• aprobación del gobierno 14%;
• confianza en el presidente: 17%;
• confianza en el tribunal electoral: 45%;
• confianza en el gobierno:
• 14%; confianza en el poder judicial: 40%;
• confianza en el congreso: 19%;
• confianza en los partidos políticos: 10%.

Ya lo he dicho antes y lo reitero ahora: la clase política, con raras excepciones, ha fracasado en nuestro país. Dos indicadores así lo confirman: los niveles de pobreza y desigualdad. Y el enojo popular es enorme porque se le exige cada vez más tributos, mientras los servicios públicos se reducen en calidad y cantidad apropiada para las necesidades nacionales. Somos un Estado fallido que sigue dando palos a ciegas. Nuestra gran mentira es la crisis fiscal, sobre la cual cabalga la presente administración. No deberíamos tener déficit fiscal en un Estado cuyo presupuesto, que todos pagamos, supera los 28 billones, equivalentes a más del 75% del PIB, lamentablemente del que se sirven la ineficiencia extrema de la burocracia pública y la corrupción. OCDE nos ha dicho que tenemos la planilla laboral más costosa del mundo relativo al gasto público total.

¿Adónde hemos llegado? Es posible que estemos muy cerca del fondo del barranco, como lo había anunciado el presidente Alvarado Quesada. Solo que él es el que no ha empujado al vacío con su política fiscalista y su incapacidad para atender los problemas estructurales del país. Pero parece más relevante preguntarse si tenemos las reservas y la capacidad para dar el movimiento de timón que requiere el país. Pareciera también que no se dan las condiciones para una nueva constituyente y en todo caso las soluciones por esa vía tomarían más tiempo del que tenemos. Pero hay soluciones, si las queremos aplicar y cambiar el curso de las cosas. Después de todo, el mundo también cambió, mientras nosotros nos hemos quedado estáticos. Y, aunque solo se reconozca parcialmente, el pueblo parece más consciente de la necesidad de un cambio estructural de fondo que la clase política. En estos días hemos visto el resultado de una encuesta, según la cual el 86 de nuestra población aprueba mayor autoridad y “mano dura” por parte del poder ejecutivo en sus decisiones.

Yo veo una luz al final del túnel y veo que hay estrategias que nos podrían dar, no necesariamente la profundidad del cambio necesario, pero al menos el inicio de un camino nuevo hacia la prosperidad, como la que en algún tiempo pasado nos lo dio la Segunda República.  Explico a continuación mi débil sentimiento de esperanza.

Primero, a pesar del pésimo gobierno y el engaño del déficit fiscal, el actual congreso ha dado muestras de que es posible acuerdos en este escenario político disperso y confuso. Es una pequeña muestra de que algo se puede hacer y de que es posible también, al menos en algunos temas sustantivos, lograr unidad nacional.

Segundo, es un hecho objetivo la incapacidad de la clase política de administrar nuestro complejo Estado y su también compleja institucionalidad. La razón es simple: los políticos generalmente adolecen de las competencias para ello y, si las tienen, su motivación política los domina. Debemos reconocer que la administración pública en general tiene un fuerte componente técnico que no aparece en nuestras instituciones. El músculo político, para que sea productivo en democracia (lograr el bienestar colectivo sin exclusiones notables) necesita de equipos técnicos, apolíticos y estables en función del desempeño.

Para que estos equipos funcionen (no confundir con los asesores, fuente de corrupción, nepotismo y politiquería) cada sector debe contar con Políticas de Estado, que ofrezcan claridad por lo menos en los siguientes elementos: metas, estrategias, grandes acciones y resultados esperados. Estos elementos deben incorporarse o desarrollarse con la misma estructura en cada nivel de las principales jerarquías públicas. Esto es una fuente de ordenamiento y también de contar con criterios de rendición de cuentas.

Tercero, el programa de gobierno debe sustentarse en proyectos de emergencia nacional en una 5 o 6 áreas críticas de su administración. Por supuesto, debe generar unidad nacional, lo cual es factible porque, según hemos afirmado, la población está más preparada para el cambio que los mismos políticos. Con la debida comunicación, es seguro que habrá unidad en proyectos de emergencia como educación, salud, crecimiento, seguridad, infraestructura, para mencionar algunos sectores. Si las emergencias producen los resultados esperados, es posible que sea el camino de inicio para construir la Tercera República. También es posible que la dispersión política y el resentimiento popular con los políticos y la democracia sea superado.

Cuarto, es importante que la gran visión de cambio que orientará el nuevo gobierno sea compartida por toda la población. Esto debiera ser factible, pues los problemas están claramente identificados y hay cierta claridad en la ruta del cambio. Se encuentra en numerosos estudios, recomendaciones de OCDE, propuestas de los notables y, en los excelentes aportes del Estado de la Nación. El próximo presidente debe rodearse de conocidos profesionales y políticos con una buena combinación de autoridad y visión. Debería también contar con el aporte de la excelencia de nuestras instituciones de educación superior, como INCAE, UCR, TEC, etc.

Quinto, necesitamos gobernabilidad y la gobernabilidad requiere autoridad, visión y logros. Es importante rescatar nuestra condición de Estado Unitario y su consecuente autoridad de gobierno nacional. Hay dos fuentes de ingobernabilidad que deben superarse: una, las disputas entre instituciones del Estado por una mala interpretación de la autonomía que la Constitución define como administrativa y no debe interferir con la autoridad de gobierno que tiene alcance nacional. Otra, el tamaño del Estado, conformado por más de 330 entidades públicas, cada cual tratando de separarse de la autoridad ejecutiva y buscar autonomía para construir costosos privilegios o para evadir responsabilidades laborales bajo la protección práctica de la inmovilidad. Un estudio y ajuste macro-organizacional son absolutamente esenciales. Igual debe analizarse el proceso de dispersión de los recursos públicos, fuente principal del déficit del gobierno central. La Contraloría General de la República no ha dicho que la sumatoria de todos los superávits públicos suman algo muy cercano al monto del préstamo del FMI que estamos negociando. Además, ha sugerido centralizar los fondos de las instituciones públicas en el Banco Central, lo que produciría enormes economías (alrededor de $300 mil millones). Este es un proyecto de la mayor urgencia y debe ser retomado por el nuevo gobierno en mayo próximo.

La vacuna puede venir, en la forma del “buen gobierno”, del que hemos carecido por varias décadas. Su ausencia provee el portillo principal por donde puede penetrar el populismo y el radicalismo que nos empujen al abismo, si es que todavía no estamos ahí ¿Reúne alguno de los programas de los partidos contenidos compatibles con estas propuestas? ¿Qué piensa usted?