Eduardo Carrillo: ¿Están dadas las condiciones para el populismo en Costa Rica?

La mal llamada crisis fiscal es, en realidad, el efecto agregado de una descomunal ineficiencia pública

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

¿Cuándo entenderá la clase política que ha perdido el respaldo de la población costarricense? Los indicadores son contundentes: En reciente encuesta nacional, el PLN representa la fuerza mayoritaria con el ridículo respaldo de solo el 10,6% de la población, mientras el 71% no se identifica con ningún partido. Las encuestas del Latinobarómetro han venido dando datos más contundentes: en el 2017 solo el 12% de la población mostraba confianza en los partidos políticos. Según una encuesta reciente del CIEP, el 76% de la población cree que el país se encuentra en un rumbo equivocado.

La inacción parece ser la respuesta de la clase política. La mal llamada crisis fiscal es, en realidad, el efecto agregado de una descomunal ineficiencia pública y, como el mismo Gobierno lo reconoció, el proyecto fiscal impediría el desastre inmediato, pero nos dejaba al borde del precipicio. Ahí estamos. Aprobada la reforma, no parece que el presidente Alvarado tenga el carácter o la voluntad política para reformas acordes con la naturaleza de los problemas nacionales. Tampoco vemos que los partidos políticos llenen ese vacío. Entre la población reina cansancio, enojo y un sentimiento antipolítico. En suma, el entorno propicio para alguna modalidad de populismo que con relativa facilidad ha ganado el poder en muchos otros países.

Sin embargo, hay mucho en juego y no podemos ignorar los riesgos. Algo hay que hacer, tal vez insistir sobre reformas en puntos sensibles que puedan tener un impacto importante y tal vez alguna viabilidad. Con cierto nivel de frustración, en ese espíritu me permito mencionar algunos aspectos que pueden tener alta prioridad y tal vez alguna viabilidad.

Primero, el país necesita cambios culturales. En especial, debemos fomentar la comprensión de la importancia de los recursos que representa el Estado costarricense y respetarlo con el mayor celo, porque de él depende el bienestar de las grandes mayorías y la estabilidad misma del país. El Estado es la máxima expresión de nuestra identidad demócrata y no el entorno donde juegan los intereses individuales o corporativos especiales.

Si el Estado falla, fallamos como país. Si el Estado crece y aumenta innecesariamente sus costos, no habrá recursos para la búsqueda del bienestar de todos. Si es corrupto, la corruptela se convierte en un crimen cuya víctima es la sociedad toda. Si la educación falla, nuestra juventud estará perdida. So falla la salud, los sectores más vulnerables pagarán con enfermedad y muerte. Si el ICE sigue su desenfreno de ineficiencia y altos costos, se castiga con rigor a la población y a la economía. Si el presidente Alvarado insiste en premiar al innecesario CNP con un costoso edificio, debe explicarnos porqué insiste en profundizar la crisis de recursos que se nos cobra a todos, no siempre en forma equitativa. En fin, actuamos como si los recursos fueran infinitos y podemos esperar por siempre para actuar.

Cambiar nuestra cultura implica cambiar nuestra visión. Si queremos justicia social para todos, es necesario desarrollar un valor de respecto al Estado y al servicio público, hoy abandonado, que guarde coherencia con sus fines últimos, que incluyen preservar una democracia funcional y con ella el bienestar espiritual y material de todos los costarricenses, sin los cuales no hay estabilidad y paz social. Recuperar este valor bien amerita una campaña formal impulsada por el sistema educativo, tanto público como familiar.

Segundo, esta labor de participación ciudadana se enfrenta con un obstáculo enrome: un país gobernado por un centralismo que produce oscuridad sobre lo que se hace y sobre lo que se gasta. La población no conoce a sus gobernantes y no sabe lo que hacen. Es esencial llevar el gobierno más cerca de la población y en ello, hay que partir por descartar la farsa de la administración municipal. Esta tiene todos los problemas de ineficiencia y corrupción del Gobierno Central, entre otras razones, porque no tiene los recursos para funcionar. Y no los tendrá mientras dependamos de 82 cantones, con tendencia a crecer. Un país pequeño, como el nuestro no puede partir sus esfuerzos y recursos en 82 o más pedazos. Ello resulta en empobrecimiento de la mayoría de los cantones, falta de capacidad operativa y engaño a la población sobre la importancia del régimen municipal. Igual que muchas otras cosas, es un régimen disperso, ineficaz y costoso en su conjunto, pero pobre individualmente (con unas pocas excepciones).

La solución es difícil y conlleva un cambio fundamental de la función de gobierno. Su punto de partida es crear unas 12 regiones que reemplacen a los 82 cantones y evitar su crecimiento. Más importante, el Gobierno centralista y mesetero, debe trasladar las funciones que hoy cumple mal, a esas nuevas sedes regionales de gobierno. Nos referimos a la salud, la educación, la agricultura, la infraestructura regional, la seguridad y varios otros sectores públicos. El Gobierno central mantendría la conducción política, pero reduciría sustancialmente su labor ejecutiva, que sería mayormente regional. Así tendríamos gobiernos abiertos, cercanos a la población informada, que sabe que se hace, protectora de sus intereses y presta a requerir rendición de cuentas. El proceso de cambio es largo, pero debemos empezar la discusión del tema y entender que la municipalización actual no es solución para el país, en especial fuera de la meseta central.

Tercero, la gestión pública debe ser rediseñada ya. Partamos de un hecho objetivo: según los indicadores ya mencionados y muchos otros documentados, los políticos han fracasado en la administración del Estado. De otra forma no estaríamos enfrentando las crisis en prácticamente todos los sectores. La mala gestión de los extensos recursos públicos (sigamos recordando 28 billones, 75% del PIB en 2019) han producido la quiebra del gobierno central, un crecimiento precario, desempleo creciente, más de un millón de pobres y creciente desigualdad.

Gestión es en gran medida dirigir y ejecutar, en nuestro contexto, funciones cuyo objetivo no es mantener el statu quo, sino proceso de transformación, porque los políticos en décadas recientes construyeron un Estado gigantesco, costoso, inútil y tal vez inmanejable. En esencia la función pública más importante es administrar el cambio y hacerlo en un entorno de adversidad, porque parece haberse agotado no solo nuestra institucionalidad, sino también nuestras reservas del liderazgo, visión y carácter político. Lo cual clama por alguna forma de participación civil, antes de sacrificar el país con alguna forma de populismo oportunista.

Dirigir es saber cuál es el curso de los recursos públicos (28 bills, 75% del PIB) y vigilar que ese curso se cumpla. Es la esencia de las Políticas de Estado, cuyo contenido incluye las condiciones esenciales y los mecanismos de control para asegurar que los resultados esperados se produzcan. Pero en Costa Rica las Políticas de Estado (PE) son precarias o inexistentes. Es decir, no sabemos para donde vamos, cuáles son las acciones estratégicas esenciales y cuáles los resultados esperados. ¿Qué nos pasó? Posiblemente que los políticos desconocen la importancia de su propia función y que no tienen las competencias necesarias para ello. Sin embargo, no hay duda de que el país sí las tiene, seguro a niveles de excelencia, cuando contamos con instituciones como INCAE, UCR y POLITÉCNICO. Ellas pueden ayudar institucionalmente y preparando personal para esa función. Los gobiernos deben entender la importancia del valor de contar con PE inteligentes, para dirigir, controlar y asegurar los productos del bienestar. Pequeños equipos de expertos a nivel de las jerarquías principales (presidente, ministros y presidentes ejecutivos) no representan un costo oneroso y sí muchos beneficios (eso sí con algún mecanismo de control que evite el amiguismo y el nepotismo que vemos en el congreso).

Un ejemplo tal vez nos ayude a confirmar el valor de las PE. La banca pública nació para impulsar el crecimiento y democratizar el crédito. Hoy ambos objetivos se han perdido, principalmente por la ineficiencia que dobla los costos de intermediación. El desarrollo de PE que incluya las condiciones esenciales si las cuales la finalidad se pierde, sería el instrumento apropiado para reencauzar a la banca por sus objetivos originales. Los mismo podría decirse de varias instituciones que han perdido su norte.

Ejecución es el complemento indispensable de la dirección. En nuestro fracasado modelo de gestión, esta función la cumplen los mismos jerarcas políticos, también responsables de dar direccionalidad a nuestro enorme aparato estatal. Pero igual aquí también han fallado los políticos, como se desprende de símbolos como “La Platina” o “La Trocha”. Agréguese a ello obras que nos cuestan $millones de $millones que se ejecutan con enormes ineficiencias como las universidades, ICE, CNP, etc.

El Estado es una organización compleja, como lo son varias de sus instituciones. Para conducirlas se requieren conocimientos y experiencia técnica de muy alto nivel. La dirección es incuestionablemente política y conlleva los parámetros de eficiencia necesarios, pero, más importante, los de equidad. Nuestro sistema democrático asigna esa tarea al político (y a los partidos), tal vez porque se espera de ellos una especial sensibilidad frente a soluciones que deben propender a las coberturas universales y a la protección de los más frágiles. Tiene, sin embargo, un componente técnico que, según hemos explicado, se puede subsanar con pequeños equipos de asesoría especializada en el diseño de PE.

En la ejecución la relación es inversa: su contenido es esencialmente técnico, porque implica el proceso gerencial de articular metas y recursos, en tiempo y espacio, para alcanzar los resultados presumiblemente delineados en las PE. Es decir, si bien el contenido de su trabajo es ejecutar la política superior (PE), los requerimientos profesionales son técnicos y no políticos. Es más, cuando la política se ocupa el trabajo técnico, los resultados suelen ser catastróficos, porque el estímulo principal proviene de un proceso electoral reciente y otro futuro.

De nuevo, la solución es accesible y viable. La ejecución debería verse como un segundo nivel de organización de la estructura de cada sector del Estado.  Y debería ser comandada por gerentes de alto nivel de experiencia y competencias en instituciones de complejidad comparables a las del Estado (INS, MOP, MEP, CCSS, etc.). Si las políticas (PE) están bien construidas, estos gerentes tienen como tarea principal movilizar los recursos para alcanzar los resultados esperados. Además, son apolíticos y permanentes en sus funciones en función de resultados. Si estos no se dan, sería causal de remoción y despido. El ejercicio del control de esta función se lleva a cabo por resultados para evitar la injerencia política y asegurar el control político. Lo que se busca es el cumplimiento de la Política y favorece al político (imagen), pero sobre todo hay más posibilidades de llevar a la población los productos de su bienestar y del desarrollo. La politiquería puede ser blindada sin pérdida de control, mediante un sistema de control por resultados y en tiempo real, gracias a las posibilidades de la tecnología actual. Hacer este cambio puede representar algunas modificaciones a la ley, pero puede implementarse de inmediato si hay voluntad para delegar la función ejecutiva. La función directiva no requiere modificaciones legales y puede realizarse ya (no discutimos los consejos y juntas directivas, órganos donde se anidan los intereses corporativos que siempre chocan con el interés nacional).

El Estado paquidermo. Es sabido que los políticos han permitido un crecimiento desordenado del Estado. Hay unos 300 mil funcionarios, que los jerarcas finalmente han reconocido excesivos, y unas 330 entidades públicas, muchas de ellas repetitivas o innecesarias. Poco más de 80 se encuentran en un régimen de autonomía, a menudo confundido con independencia. Con el nuevo modelo de gestión que hemos sugerido, no hay duda de los posibles beneficios, porque hoy son, en realidad, un conjunto de ruedas sueltas. Aunque el régimen de autonomía debe revisarse, no hay duda de que el nuevo modelo de gestión sería un correctivo importante.

Conclusión: el país está para cambios radicales, pero según parece tendremos que esperar. Sin embargo, propongo que el cambio del modelo de gestión sugerido es fundamental y puede redundar en mayor calidad, mejores coberturas y costos inferiores. Es posible que, en el proceso de construir buenas PE y mejorar el modelo de ejecución, se vayan afectando en forma positiva la estructura global del Estado y su eficiencia. Podría también mejorar las inadecuadas prácticas productivas del personal. Los comentarios iniciales son fundamentales. Si no creamos una ética de respeto por el Estado y a sus vastos recursos, los problemas que hemos heredado se mantendrían o podrían aumentar. El tema de participación civil requiere reformas de largo plazo y el traslado de una buena parte de la función de gobierno a las regiones. Por ahora, me parece que tenemos que reconocer el fracaso y la dispersión propia del municipalismo.

Más importante, si iniciamos un proceso serio de diálogo nacional sobre reforma del Estado y algunas reformas prioritarias, podría ser que el riesgo del populismo se disipe.

 

 

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