Eduardo Carrillo: ¿Falló la democracia? ¿Qué hacer?

Hemos creado y aceptado como cierta una enorme mentira: la crisis fiscal. En realidad, según cifras oficiales de la Contraloría General de la República … nuestro presupuesto estatal en el 2019 supera los ¢28 billones, que equivalen al 75% del PIB

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

Sabíamos que la democracia era un sistema inadecuado, pero, como observó Churchill, no conocíamos uno mejor. Es posible que no esperábamos que los pueblos reaccionaran, incluso con violencia, como lo estamos viendo hoy casi en forma generalizada. En realidad, no es toda la democracia la que ha fallado. Sus componentes liberales (derechos humanos y libertades civiles) siguen teniendo solidez conceptual. Lo que falló fue capacidad para generar riqueza, distribuirla con equidad y alcanzar niveles apropiados de dignidad que pudieran derivar en paz social. También es posible, al menos en nuestro país, que el exceso de democracia hay redundado en improductividad y carencias que necesariamente empobrecen los pueblos.

Costa Rica tuvo su revolución exitosa en la década de 1940 y prosperó en paz durante varias décadas. Mejoramos materialmente lo suficiente para valorar la democracia en sus componentes liberales. Tal vez por ello, fuimos el único país de la región que no sufrió el flagelo de la dictadura. Mantenemos en buena parte el diseño que nos dio la Segunda República, pero su funcionamiento colapsó. Hoy tenemos más el 22% de la población en pobreza y una parte importante en pobreza extrema. Pero también hoy aceptamos que el Estado, expresión institucional de la democracia, ha colapsado. Curioso, hemos creado y aceptado como cierta una enorme mentira: la crisis fiscal. En realidad, según cifras oficiales de la Contraloría General de la República (cuadro inserto), nuestro presupuesto estatal en el 2019 supera los ¢28 billones, que equivalen al 75% del PIB. Además, a pesar de la crisis el último año creció un 9%.

Contraloría General de la República.

No es tan difícil constatar que la democracia es un sistema fallido, o al menos así lo cree una buena parte de nuestra población. Nuestra experiencia así lo demuestra y la población así lo cree. Una encuesta reciente destaca al PLN como el mayor partido nacional con 10,6 del electorado. Más del 70 de la población ha perdido fe en la política y no muestra filiación partidaria. Varios indicadores sugieren desconfianza en las instituciones pilares de la democracia: el ejecutivo, el congreso y el poder judicial. Algo hay que hacer distinto para recuperar la eficacia del “sistema” y la confianza de población. El enojo social se justifica y es producto de situaciones como las siguientes.

La política y el político como ejes de la democracia. Suponiendo que somos iguales ante la ley (algunos más que otros) esperamos bienestar económico como base de acceso a la dignidad y al disfrute de las libertades civiles. Pero ignoramos que una buena parte de la igualdad se pierde en las relaciones entre el poder político y el poder económico, al cual le damos la categoría de soberano a través del proceso electoral. Estructuralmente, la democracia está diseñada para proteger el interés económico particular y corporativo. La pobreza y la desigualdad han hecho que el disfrute de los derechos humanos y las libertades políticas sean un privilegio para las minorías más afortunadas.

Incompatibilidad entre funciones y competencias. Veamos un hecho sencillo: el Estado es una empresa compleja en extremo, como lo son muchos de sus componentes (MEP, MOP, CCSS, INS, Seguridad, Infraestructura, etc.). Y le entregamos esa institucionalidad a políticos que no tienen las competencias y experiencia que esas instituciones requieren. A lo que se agrega: 1) un período de gestión que oscila entre 2 y 3 años; la gestión nace con un programa y un presupuesto hecho por su antecesor; es parte de una repartición de recompensas políticas; con frecuencia se le impone una junta o consejo directivo que representa intereses corporativos, generalmente contrarios al interés nacional; la motivación dominante es electoral: uno previa, otro futuro y uno intermedio (municipal). Todas condiciones que aseguran el fracaso de la gestión pública. Así, tenemos un Estado enorme, incapaz de producir el bienestar que todos esperamos de la democracia.

Gigantismo Estatal: Una diferencia fundamental entre la empresa privada y la pública es que la primera ajusta sus operaciones y costos al entorno, mientras la segunda ignora los ajustes y simplemente procede a ajustar el presupuesto. El Estado crece aun cuando no tenga las funciones dejan de ser necesarias o la entidad misma se vuelve dispensable. Debimos haber prescindido del Banco de Crédito Agrícola de Cartago hace muchos años, pero retardamos la decisión a un costo elevado para los recursos públicos (que salen del bolsillo ciudadano). Hoy no hay razones legítimas para mantener el CNP, pero el Gobierno lo recompensa con un nuevo edificio que le sacarán al bolsillo ciudadano la suma de 3.300 millones de colones. Nadie echaría de menos al IFAM si desapareciera, pero seguimos gastando en él una millonada. Hace unos 7 años dejamos de refinar combustibles, pero hoy seguimos pagando una costosa planilla por ese concepto. Al Presidente Ejecutivo durante la administración Chinchilla Miranda se le pidió más eficiencia en JAPDEVA, a lo cual él accedió si le quitaran el 35% del personal innecesario. Hoy ese personal está saliendo a un alto costo del erario público.

La crisis fiscal es la más grande mentira política. Sin embargo, la vía del incremento presupuestal sigue siendo la decisión más simple, aunque nos hunda en la pobreza. Si la crisis fuera real, el presupuesto nacional debería reducirse. Sin embargo, según cifras oficiales de la Contraloría General de la República, el presupuesto estatal del 2019 es superior al del 2018 en un 9%. El incremento ocurre porque no detenemos el despilfarro y el crecimiento de la deuda no se detiene.

El juego de los derechos sindicales. Durante el tiempo que lleva la Administración Alvarado, su principal ocupación se relaciona con los movimientos sindicales. El de los 3 meses del pasado año, le costó una millonada a la economía nacional, sin costar el costo humano originado en el cierre de servicios esenciales, como salud y educación. Además, la población no ha adquirido suficiente conciencia de su carácter político, porque no había temas o reclamos laborales válidos. De modo que lo que los sindicatos querían era imponer lo que ellos llaman democracia callejera, vetando un proyecto muy visible en la campaña electoral y sancionada por el soberano en las elecciones correspondientes. Esto es muy peligroso. Para qué elecciones si los grandes temas electorales pueden detenerse por la presión de la calle. Por supuesto, como individuos todos tenemos el derecho a disentir de la acción del gobierno, incluso en los programas que nosotros mismos aprobamos en las elecciones.

En todo caso, el costarricense debe pensar más en los efectos del sindicalismo y en el contexto en que se mueve. El tema es simple: los beneficios legales concedidos a los sindicatos buscan equilibrar la fuerza del trabajador frente al lucro y al poder del patrono (un propietario o accionista de una empresa). El Estado, como correctamente lo interpretó la constituyente del 49 no tiene lucro ni patrono. De hecho, el patrono (supervisores de diferentes niveles) son trabajadores que tienen intereses en los beneficios laborales correspondientes. Así, las “conquistas” y los trastornos de las huelgas son movimientos antipopulares: aumentan la ingobernabilidad, incrementan los costos de la administración pública y debilitan su capacidad para producir bienestar social para todos. Eso explica el artículo 61 de la Constitución, que prohíbe explícitamente las huelgas en servicios públicos (todos los del Estado), posición que se confirmada en las actas (pag. 701): “Regla disciplinaria fundamental es la que prohíbe la huelga de los servidores públicos…”. Esta disposición constitucional fue violada por nuestros políticos y les dieron a los sindicatos un poder ilegitimo. En parte, las reformas laborales, en su mayoría avaladas por la Sala IV, son un paso positivo.

¿Algo que aprender de los chinos? Hemos anotado fallas de la democracia, unas de diseño y otras de aplicación. Nuestro país es un buen ejemplo de las trabas que se le imponen a quienes tienen la responsabilidad formal de administrar la cosa pública. Mencionamos el sindicalismo, que puede ser, al menos con frecuencia, el principal factor de ingobernabilidad, aparte de los sustanciales daños económicos y personales a quienes más dependencia tienen de los servicios públicos (los más pobres). Por otra parte, la judicialización ha tenido éxito casi total en matar la política. Todo acto público tiene su proceso judicial y las consecuencias, incluso patrimoniales contra el funcionario público, son draconianas. Un miembro de junta directiva, en general con la compensación de una pequeña dieta, responde con la totalidad de sus bienes, propios y familiares. La persecución del político por cumplir con sus funciones puede convertirse en un pasatiempo millonario del poder judicial y de abogados que se vuelven participantes activos del juego.

La huelga, la manifestación pública, el bloqueo de las vías de comunicación es parte de este proceso de obstrucción de la función de gobierno. Lo asumimos como algo importante de nuestra democracia y parte de nuestras libertades. Todo, desde luego, a un costo importante en ingobernabilidad, es decir, en incapacidad del Estado para cumplir son su importante objetivo de bienestar general y de uso apropiado de los recursos correspondientes. Es posible que nos hayamos excedido en nuestras libertades y que lo que practicamos es el libertinaje, como dice algún diccionario, una forma de transgresión de las barreras sociales sin control alguno y con frecuencia, sin una finalidad precisa.

Pero esto puede ser parte del problema relativo al funcionamiento de la democracia. Cuando la desigualdad se dispara como en nuestro caso y cuando más de un millón de personas viven en pobreza (acceso a la dignidad básica), las libertades y el respeto a los derechos humanos se convierte en un privilegio para el rico y los estratos económicos altos (la jerarquía de las necesidades de Maslow). En tales circunstancias la democracia se vuelve frágil y el entorno social conflictivo, como lo vemos en la mayoría de nuestros países.

Lo que podríamos aprender de los chinos y de otros países asiáticos es que, si queremos que los extensos recursos del Estado (28 billones, 75% del PIB) produzcan las condiciones para el bienestar de todos los costarricenses, necesitamos autoridad, focalización, cumplimientos horarios, uso de tecnologías apropiadas, competencia, disciplina laboral y mucho compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad. Es lo que posiblemente ha hecho China para sacar de la pobreza de millones de ciudadanos. Eso es posiblemente lo que hacen los chinos y lo que les ha permitido sacar a muchos millones de sus compatriotas de la pobreza. Todo lo contrario, es lo que tenemos nosotros, en términos de competencias, disciplina productiva, flexibilidad horaria, excesos de personal, duplicación de instituciones, funciones y costos, impunidad laboral, poca exigencia de competencias y experiencia, o incluso diseños institucionales que complican la administración pública.

La democracia y la política: todos los huevos en la misma canasta. Por diseño, la democracia pone todos los huevos en la canasta. Van huevos sanos, pero también podridos, que deberían ser desechados antes de que dañen todo el contenido de la canasta. ¿Cómo evitar los huevos malos y su efecto negativo en los sanos? La Constituyente del 49 nos dio la herramienta para ello, la creación de un servicio civil para todo el Estado, que debía tener la capacidad para seleccionar personal de calidad, competencias y experiencia acorde con la función asignada. La Administración Ulate Blanco dio al traste con este instrumento, excluyendo a grandes sectores del Estado de su cobertura. Hoy se cuenta con unos 50 regímenes de personal y las reformas que se anuncian cometen el grave error de pensar en unos 8 regímenes. Posiblemente el personal involucrado desconozca que los sistemas de clasificación y valoración de puestos, tiene la capacidad para reconocer y valorar las diferencias, cuando estas son legítimas. Incluso el Servicio Civil tiene capacidad para estudiar competencias y antecedentes de los candidatos a miembros de juntas directivas, dándole al presidente y al gabinete una razonable seguridad sobre la calidad del recurso humano considerado.

Conclusión: como se aprecia, la democracia tiene fallas estructurales que, si no se corrigen seguiremos en el mismo estado de descomposición social que hoy enfrentamos. No se vale inventar historias como el déficit fiscal, porque las causas fiscales son superficiales y las institucionales son de fondo. Si el país se enfoca a discutir sus problemas de fondo, podremos salir del atolladero. Hay opciones, pero depende de que logremos superar nuestros propios prejuicios y realizar un cambio estructural. Por otra parte, si no hacemos nada o no hacemos lo correcto, las puertas del populismo seguirán abiertas, no sabemos por cuanto tiempo.

 

 

 

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