Eduardo Carrillo: La crisis nacional entre ideologías que dividen

En suma, la democracia busca el bienestar para toda la población. Un claro entendimiento de los campos del desarrollo empresarial público y privado podría aumentar la riqueza nacional, a la vez que se asegura una distribución equitativa de beneficios y oportunidades.

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

Dos acontecimientos merecen la atención de la clase política y de la población en general. El primero es la participación decisiva del Estado en la lucha contra la pandemia del covid-19. El segundo, el desarrollo de las vacunas en el corto periodo de un año, apoyado por el financiamiento estatal. El New York Times lo plantea de la siguiente manera:encaja en una tendencia originada hace varias décadas: muchos de los grandes avances en la historia americana no han brotado del sector privado. Ha resultado, en cambio, de la colaboración entre compañías privadas y el gobierno federal”.

Las implicaciones de este acontecimiento tienen que ver con las ideologías que corren con fuerza propia de un extremo a otro, como el movimiento del péndulo. Es la realidad en que vivimos, solo que las intelectualidades de nuestros países se han enfocado en los extremos conformados por el mercado, sector privado, y el Estado, sector público. Entre más fuerte sean las tendencias ideológicas, mayor será la distancia entre el mercado y el Estado y menores las oportunidades de iniciativas conjuntas que parece producir mejores resultados. Los analistas, los estudiosos de la política y la academia no han aportado al estudio de las condiciones que pueden producir un acercamiento mayor, para beneficio del bienestar de los pueblos.

La democracia es liberal o no es democracia, decía don Enrique Obregón en un reciente artículo. En ella se distinguen dos grandes elementos: el emprendedurismo público y el privado. La ideología crea fuerzas en favor de uno o de otro, pero rara vez se establecen en armonía las condiciones bajo las cuales la población recibe mejores y más beneficios. Una distinción importante es que las bondades de la empresa privada se centran en la eficiencia por su relación con los costos y el lucro; mientras la excelencia del aparato estatal depende de su capacidad para maximizar la equidad de los procesos de desarrollo. La experiencia histórica parece indicar que los desequilibrios provocados por exceso de mercado o exceso de Estado crean condiciones que se reflejan negativamente en el bienestar social. Ambos extremos parecen resultar en empobrecimiento y turbulencia social.

Hay patrones definidos que pueden caracterizarse con facilidad. La eficiencia tiende a asociarse con el centralismo (tamaño del mercado) que produce la mayor rentabilidad. Pero al hacerlo crea condiciones de inequidad en perjuicio del campo y ciudades periféricas. Si la variable eficiencia hubiera sido determinante en materia de electricidad, jamás se habría creado el ICE y se hubiera llevado este servicio a toda la población. Igual ocurre con la banca y otros servicios. Lo cual justifica las decisiones de la Segunda República, hechas con criterio de universalidad de coberturas y equidad. Sin embargo, las circunstancias cambian en cada momento histórico. Los logros en determinadas circunstancias pueden volverse factores negativos de crecimiento y bienestar en otras circunstancias.

Por ejemplo, la nacionalización bancaria parece haber tenido dos objetivos principales: democratizar el acceso al crédito y fortalecer el crecimiento económico. Como la ineficiencia es mayor en condiciones de democracia, hoy esos objetivos se podrían favorecer con un mercado más abierto, porque, como lo destaca algún informe de la OCDE, los costos de intermediación de la banca pública doblan los de la banca privada (romper el oligopolio).

Como se ha demostrado, uno de los problemas de las democracias es su lentitud para cambiar cuando las circunstancias lo exigen. El cierre del Banco de Crédito Agrícola de Cartago en el año 2017 debió haberse hecho mucho antes, pero se tomó varios años en concretar las decisiones, lo cual produce costos económicos y sociales que pagamos todos. Y es también en buena parte causa del altísimo costo del Estado costarricense (equivalente al 75% del PIB antes de la pandemia) y la dificultad de adecuar su compleja organización (más de 330 entidades públicas) a las realidades actuales. Conviene resaltar que las circunstancias son variables para cada tipo de organización o sector. Nuestra educación debe cambiar en muchos sentidos, igual que la salud pública, pero ambas parecen ser ejes fundamentales y permanentes de la equidad. El sistema solidario garantiza el acceso a servicios que de otra manera dejarían desprotegidos a grandes sectores de la población. En todo caso, la empresa pública no debe descartar la eficiencia, no como fuente de riqueza, sino para el eficaz logro de la equidad.

En suma, la democracia busca el bienestar para toda la población. Un claro entendimiento de los campos del desarrollo empresarial público y privado podría aumentar la riqueza nacional, a la vez que se asegura una distribución equitativa de beneficios y oportunidades. Las izquierdas y las derechas extremas han empobrecido a los países. Chile retornó a la democracia con un 50% de pobreza, que hoy ronda el 13%. Venezuela, por otra parte, ha destruido la capacidad productiva del país en buena parte porque el Estado ha decidido hacer lo que no puede a costos razonables. Costa Rica se llenó de entidades públicas, duplicando y creando funciones innecesarias. Es el principal factor de costo del un Estado en el que invertimos el equivalente al 75% del PIB, posiblemente uno de los más caros de mundo.

Y hay que dotarlos de personal, pero nuestros salarios, como media, es superior a la de cualquier otra región del planeta (fuente: OCDE). Nuestros indicadores se han venido deteriorando con el crecimiento del Estado, en especial a partir de la década de 1990. El Gobierno, que se ha declarado en crisis fiscal, no tiene la visión y el carácter necesarios para impulsar un movimiento de renovación de la organización del Estado. Es posible que tampoco los tenga la oposición que clama por cambios estructurales. Y ese es otro matiz de nuestro problema: la incapacidad nacional para construir consensos y ejecutar cambios estructurales necesarios para superar la crisis que nos afecta.

Hoy estamos muy pegados en el pasado y evitando dar un salto cualitativo adelante, porque los costos políticos son muy altos. De regreso a la referencia al New York Times, tal vez deberíamos replicar la siguiente pregunta: “¿Cuáles son las lecciones para el mundo pospandemia? La solución de los más grandes retos, como el cambio climático, seguro dependerá de la combinación de financiamiento público e ingeniosidad del sector privado”. Costa Rica debería aprovechar el regreso de Intel y analizar la respuesta que estamos dando, tal vez por simple inercia, para incorporarnos a la Cuarta Revolución Industrial, con especial énfasis en un sistema educativo más articulado en el sentido vertical, horizontal y en todos los niveles de educación. Puede ser el momento para renovar nuestro disperso y hasta confrontativo sistema educativo.

Y por qué no aventurarnos más, en la medida de nuestras posibilidades, como lo han hecho los Estado Unidos: “Después de todo, el Departamento de Defensa construyó internet. Investigación y desarrollo públicos condujeron a los transistores, chips de silicón, radar, aviones jet, satélites, miembros artificiales, cortisona, pantalla plana y mucho más, como lo plantean los economistas Jonathan Gruder y Simon Johnson en su reciente libro, Jump-Starting América” (traducción libre del NYT).

Bueno, mientras el Estado paquidermo nos tenga en condición de ingobernabilidad permanente, poco se podrá hacer.


 

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