Eduardo Carrillo Vargas,(Ph.D. Administración).

El tema, la democracia, es preocupación de todos los miembros de nuestra sociedad y, posiblemente, de todos los países, particularmente los del mundo occidental. Es un tema delicado porque apunta a la dificultad de encontrar cómo el Estado puede organizarse para atender las necesidades de su población. Pero no lo consigue. Un artículo reciente, escrito en La Nación por Jorge G. Castañeda repasa la crisis a lo largo de la región, desde México a la Argentina, pero incurre en el error frecuente de señalar de señalar como causa al populismo. En Costa Rica, como en otros países, el problema es la clase política tradicional, que promete y no cumple. Lo cual no quita que algunos populismos se aprovechen de la incertidumbre política para levantar nuevas (generalmente falsas) banderas de solución. Concretamente en Costa Rica hemos electo un gobierno de protesta, alimentada por los niveles inadecuados de crecimiento, la corrupción, el despilfarro, el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Cualquier discurso que ataque esos problemas encuentra resonancia en el electorado.

Contar con una democracia plena constituye un reto inmenso y nuestra capacidad para desarrollarla es mínima, o inexistente. El país se encuentra estancado desde hace varias décadas y la ausencia de soluciones representan un riesgo social de graves consecuencias. Hay preguntas para las que no tenemos respuesta:

¿Tiene Costa Rica una democracia como muchos pretenden? ¿Cuáles son nuestros problemas más candentes? ¿Tenemos la capacidad, en las circunstancias institucionales actuales, para resolver los problemas que hacen nuestra democracia socialmente inútil?

Y esto no es producto del populismo. Es el producto de quienes nos vienen gobernando en las pasadas tres o cuatro décadas. Y de enormes obstáculos, políticos e institucionales que nosotros mismos hemos creado.

Experiencia histórica: no se pueden hacer grandes reformas en democracia

Los mayores éxitos políticos que el país ha tenido se lograron al margen de la democracia. Me refiero a Braulio Carrillo, Juan R. Mora, Tomás Guardia y Calderón/Figueres en los acontecimientos de la década de los 40. Incluso el laureado demócrata Don Jesús Jiménez (1870-1876) muy temprano en su gestión descubre que no se puede gobernar con una oposición obstructiva y decide cerrar el congreso. Pero sí parece una verdad absoluta que el cambio y la democracia son incompatibles. El “no se puede” ganó la partida y nuestros antepasados, para avanzar, encontraron en el congreso el principal obstáculo. La razón parece estar del lado de nuestros gobernantes. El congreso fue y en muchos sentidos sigue siendo el principal obstáculo al progreso. En contraste, parece lógico que el poder ejecutivo reforzara su autoridad, pues es el origen de las grandes políticas y, más importante, de su ejecución.

El llamado Primer Poder de la Nación (congreso) es hoy una estructura desarticulada, ineficiente y lenta, en claro contraste con la urgencia de los problemas nacionales. Ahí se practica un populismo inútil, y se acusa a otros por la misma causa. La ineficiencia la aporta también un Poder Judicial que abandonó hace tiempo el principio de justicia pronta y cumplida, mientras el órgano electoral propicia negocios oscuros de financiamiento, a la vez que propicia los llamados partidos taxi creando un conglomerado difuso que impide al votante distinguir propuestas y rasgos ideológicos. Agréguese a ello, un aparato estatal sobredimensionado, con una serie de privilegios que han nacido de pretensiones de descentralización para encubrir privilegios. Y, para coronar estos problemas, tenemos un Ejecutivo incapaz de gobernar, en un entorno institucional gigante, redundante e ineficiente; un judicialismo extremo que detiene todo proceso; y, una organización llena de autonomismos que pone en duda nuestra naturaleza constitucional de Estado Unitario. En conjunto es un entorno atomizado que limita la posibilidad de acuerdos coherentes con nuestra cruda realidad.

Dinero, fuente progresiva de empobrecimiento

En ausencia de una discusión coherente sobre el cambio que el país necesita y cómo ejecutarlo, todo parece descansar sobre el maldito dinero, que esconde enormes incoherencias entre medios y fines. Las pérdidas son inmensas, pero más graves es el engaño social relativo a soluciones. Los ejemplos son contundentes y, nuevamente, un escudo al populismo que se practica en toda la institucionalidad pública, pero de manera especial en los poderes legislativo y ejecutivo. Los engaños, originados por la clase política, son vergonzosos. Los es cuando se organiza una protesta, nacida en la propia asamblea legislativa, para evitar que el ejecutivo traslade fondos ociosos del MEP a Seguridad, uno de nuestros más agudos problemas. Lo absurdo es que el MEP es una nuestras más costosas instituciones. Su nivel de gasto, relativo al PIB, solo superado por Noruega, según nos recuerda OCDE. Pero mientras Noruega gasta para producir una sociedad educada en todos los campos, Costa Rica gasta alimentando una crisis educativa, en mucho responsable por la pobreza y la desigualdad.

El Estado mismo es responsable de ese despilfarro institucionalizado. Lo he dicho varias veces: nuestro aparato público, estancado desde los noventa e incapaz de dar soluciones a nuestros problemas, es también uno de los más caros del planeta. Según la Contraloría General de la República, su costo ha rondado, por casi un decenio, el equivalente al 75% del Producto Interno Bruto. Y, un análisis personal, hecho en prepandemia, el costo promedio de Brasil, Argentina y Uruguay era del 38% del PIB, mientras que la media de los países nórdicos (Noruega, Suecia y Finlandia) apenas llegaba al 52%. Estas afirmaciones parecen encontrar soporte de OCDE, que nos dice que la planilla de Costa Rica, relativa al gasto público total, es la más alta del planeta, comparada con la media de cualquier región del mundo. Nada nuevo, porque varios jerarcas se han venido quejando de la ineficiencia, originada por los excesos de personal.

Otro engaño bien disfrazado en la existencia del déficit fiscal, presentado con frecuencia como primer problema nacional, cuando en realidad las notas anteriores sugieren que tenemos recursos más que suficientes para nuestras necesidades, pero no sabemos qué hacer con ellos. Excepto cuantiosos despilfarros, a los cuales se suman fuentes extremas de ineficiencia y la corrupción, es cierta forma permitida por la incapacidad del sistema judicial para darnos una justicia pronta y cumplida. El gran fraude de La Trocha tiene más de una década y el juicio sigue siendo postergado.

La sensación de pobreza que las distintas entidades de gobierno transmiten, esconde realidades que las instituciones, en especial el congreso, emplean para hacer el populismo, del cual acusan a otros (generalmente con razón). La llamada regla fiscal es uno de estos engaños. Un Estado que nos cuesta el equivalente al 75% del PIB, no puede ser deficitario. Lo que enfrenta es un problema de distribución de recursos y mucha rigidez presupuestal.
A pesar de estos derroches, vemos todos los días a las instituciones y los sindicatos pidiendo más recursos y más personal. Los ataques a la inútil regla fiscal forman parte de este despilfarro, de la que las instituciones públicas quisieran liberarse para mantener o incrementar privilegios. También oculta la realidad el préstamo del FMI por $1750 millones que el país no necesita o que podría emplearse en inversión que produzca empleo y bienestar para la población. La CGR ha dicho, en forma reiterada, que la centralización de los recursos del presupuesto nacional en el Banco Central produciría un ahorro similar al monto de préstamo FMI. Entiendo que incluso hay un proyecto para lograr la centralización de recursos presupuestales, pero el congreso o incluso el poder ejecutivo no han manifestado interés en moverlo. Es muy posible que los intereses del sistema financiero nacional también estén presionando contra ese proyecto, porque afecta sus intereses.

En fin, el tema del dinero es complejo, porque esconde una serie de trampas, que las instituciones y la clase política ocultan en su inútil dialéctica política. Lo grave es que el estado sigue gastando a manos llenas, pero en la medida que lo hace ignora los verdaderos problemas nacionales, los cuales se incrementan, sin perspectivas de mejoras sociales, especialmente en pobreza y desigualdad. El engaño de la escasez de recursos seguirá siendo una falsa barrera que debilita la urgencia del cambio.

Aunque argumentamos lo contrario, es posible que Costa Rica no tenga una democracia ¿Se puede hacer al respecto?

Partamos de una realidad: Costa Rica no tiene una democracia plena o, tal vez, no tiene una democracia del todo. Parece ser el argumento que ofrece Don Eduardo Lizano en su brillante documento “Después de la Pandemia: una visión de largo plazo”. Citando a Sharun W. Mukand and Dani Rodrik, Don Eduardo dice que la Democracia Liberal es un “sistema político, social, económico basado en un conjunto de derechos y garantías, del cual deben disfrutar todos los miembros de un determinado conglomerado humano (la sociedad costarricense, por ejemplo), sin discriminar ni excluir a ninguno de sus miembros. (Hay) tres grupos de derechos y garantías: los políticos (democracia representativa), los cívico-sociales (bienestar social) y los económicos (crecimiento económico, progreso material). Los derechos y garantías tienen ciertas characteristicas, a saber:

  • Tienen una estrecha relación. Los tres grupos son condición necesaria de la democracia liberal. Están estrechamente entrelazados. Si alguno de los tres hace falta o queda muy rezagado con respecto a los otros dos, no podrá hablarse de democracia liberal.
  • No basta con proclamarlos: los buenos propósitos y las promesas deben transformarse en realidades. Es decir, los ciudadanos deben poder ejercer los derechos y disfrutar de las garantías en su vida cotidiana.
  • Su cobertura ha de ser universal. La discriminación, exclusión o marginación de determinados grupos de la población no tienen lugar en la democracia liberal. La cobertura debe ser permanente. Sin embargo, ante circunstancias excepcionales (catástrofes naturales, pandemias, crisis internacionales, etc.) su aplicación específica bien puede limitarse o condicionarse temporalmente” (el énfasis es agregado).
    De lo anterior concluimos que Costa Rica no tiene hoy una democracia ¿Es posible construirla?
    El panorama general no favorece el cambio. Veamos:
  • Costa Rica enfrenta retos enormes y necesita transformaciones estructurales urgentes. Sin cambio, los riesgos nos pueden llevar a los mismos niveles de desestabilidad que hoy castiga a muchos países hermanos.
  • La experiencia histórica revela que los cambios de fondo no se pueden hacer en democracia. Además, es evidente la atomización de nuestro sistema político y el agotamiento de la clase política, incapaz de ofrecer soluciones viables.
  • Tenemos un Estado rico (75% del PIB), pero sus recursos se pierden por ineficiencia y corrupción. El Estado no está en déficit, aunque enfrenta un problema de distribución de los recursos, agravado por ineficiencia y corrupción.

Lo anterior sugiere que las fórmulas tradicionales y la realidad política actual no dan para impulsar el cambio. En consecuencia, cómo crear condiciones para producirlo, no ajeno de conflictos, pero sí con el peso necesario para que la población toda pueda generar una presión tal que obligue a los gobiernos de turno a actuar en el marco de esas condiciones. La gran pregunta es ¿Cómo hacer el cambio? Para empezar, me parece esencial reconocer que, si bien la clase política ha fallado, nuestro pueblo tiene las capacidades y reservas para impulsar el cambio que las circunstancias actuales demandan ¿Recuerdan a Rodrigo Facio? Él y otros intelectuales crearon, en los años 40, un entorno de diálogo que sirvió en mucho para construir la Segunda República.

La respuesta podría ser crear un gran diálogo cívico nacional sobre la temática de la reforma nacional, facilitado con algunas personalidades de peso, que no sean activistas políticos. El énfasis, sin embargo, es como ejecutar las reformas y si se requieren condiciones especiales para asegurar el éxito ejecutivo. La comunicación social hacia un acuerdo nacional se puede lograr con un sitio digital que alcance cada rincón del país (sin centralismos) para discutir las ideas que nos lleven a consenso cívico (puede incluir estímulos creando núcleos de estudio cantonales y provinciales). Esto parece ser viable y puede iniciarse en un período muy corto, con mejoras graduales sobre la marcha.

Segundo, tenemos que reconocer nuestros problemas y ponerlos en cierto orden de prioridades. Es una tarea importante, pero está hecha. El país ha sido estudiado hasta la muerte y hay trabajos de gran valor, realizado por los “notables”, las universidades, el Estudio Estado de la Nación, la Academia de Centro América y esfuerzos individuales como el que hemos citado del Dr. Eduard Lizano F.

Tercero, si bien el acuerdo es cívico, no puede estar ausente de la política, pero ésta no debe contaminar el acuerdo. El proceso electoral seguirá su curso y, si hiciéramos las cosas bien, lo que los partidos tienen que demostrar es cuál tiene las mejores posibilidades de implementar el mencionado acuerdo.

Nota final: estas son ideas en proceso de formación. En realidad, de lo que se trata es que el pueblo, en sólida mayoría, se eche al ruedo y asuma la iniciativa de encontrar el camino para el cambio estructural del que tanto hablamos y poco hacemos. La clase política está agotada y seguimos esperando respuestas que no llegan. La necesidad de abrir un espacio para que la población pueda expresar su punto de vista sobre la realidad nacional puede ser un buen punto de partida. Esto podría lograrse con un nuevo movimiento cívico (apolítico) unido por el estudio de los problemas nacionales y, más importante, de las soluciones a esos problemas. No hay ideologías, de modo que en el acuerdo todos cabemos. La clave es nuestra identidad con las soluciones propuestas para crear una democracia con las tres características que nos sugiere Don Eduardo Lizano y que mencionamos antes. No creo posible una oposición fuerte contra ello. Tal vez más bien un apoyo masivo ¿Vale la pena probarlo? ¿Habrá muchos dispuestos a realizar un aporte activo para construir el consenso que buscamos? ¿Quién puede oponerse a la solución de los problemas que nos aquejan como sociedad?

Eduardo Carrillo

Por Eduardo Carrillo

Ha colaborado con varios gobiernos, desempeñándose principalmente en el área de la salud pública. Laboró con organismos internacionales y es consultor. Analista y comentarista. (Ph.D. Administración).