Eduardo Carrillo: La democracia importa, pero debemos reconocer y corregir sus deficiencias

Con unos 27 partidos, cuál es el incentivo que el votante costarricense tendrá para hacer una selección responsable o inteligente, aunque es de presumir que la mayoría no tendrán una propuesta inteligente que merezca la atención del elector

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

Dos elementos de un mismo proceso condenan a la democracia en Costa Rica: primero, la naturaleza del proceso electoral y, segundo, el brote masivo de partidos políticos, con sus respectivos líderes que pretende salvar la patria, hundida en el caos ¿Qué piensa la población al respecto, o más bien, que respeto tiene la población por el sufragio y los partidos políticos? Según el Latinobarómetro 2021 solo un 45% de la población tiene confianza en el sufragio, lo que implica que la mayoría, el 55%, no confía en ese pilar de la democracia. Pero, solo el 10% manifiesta confianza en los partidos políticos, otro eje fundamental de la democracia. Lo curioso de estos datos es que no parecen preocupar a los analistas, que siguen en programas radiales y en la prensa elogiando nuestra democracia. Será porque, igual que la política, los analistas se han convertido en una casta aparte que siente desprecio por el pensamiento de las mayorías. Tal vez los analistas, con su sesgo académico, se vienen divorciando de las mayorías que han madurado y han dejado de creer en la práctica de la democracia que está en deuda con el pueblo.

Con unos 27 partidos, cuál es el incentivo que el votante costarricense tendrá para hacer una selección responsable o inteligente, aunque es de presumir que la mayoría no tendrán una propuesta inteligente que merezca la atención del elector. De alguna forma, la mayoría de esas 27 opciones constituyen una burla del proceso político, posiblemente resultado de la facilidad y superficialidad que conlleva la formación de partidos y una especie de casta política que se ha adueñado del acceso al poder porque tiene intereses particulares en los vastos recursos públicos que se movilizan en la meseta central o porque se ha convertido en el modus vivendi de ciertos núcleos políticos y familiares. Además, no sabemos si los candidatos presidenciales van en serio o simplemente utilizan la campaña como fuente de acceso a un cargo en el congreso. Lo que sí es evidente -y la población lo tiene bien claro- es una seria degradación de la política.

Tal vez algo está cambiando en materia política. Lo primero, es la evidencia de que los políticos han fracasado y son responsables por la situación en la que está el país. Por cierto, el problema no es la crisis fiscal, como lo pretende el presidente Alvarado y el FMI. Todo lo contrario, la evidencia es que el Estado tiene recursos de sobra y es quizás el más costoso del planeta. Su presupuesto absorbe el equivalente a más del 75% del PIB, solo que el proceso de distribución interno es un desastre y sí refleja un problema institucional serio. Lo segundo, como lo ha dicho OCDE, que su planilla laboral, relativa al gasto público total es también la más grande del mundo. No tengo bases para asegurarlo, pero en materia del número de entidades que conforman el Estado posiblemente seamos campeones, con más de 335. Y todo esto se refleja en bajos niveles de crecimiento y altos niveles pobreza y desigualdad que tenemos. Nuestro presidente quiere más dinero, sin reformas estructurales, para seguir manteniendo esta situación. Mientras los excesos de gasto son una fuente de irritación por parte del contribuyente que ve al Estado, con sobrada justificación, como un agresor fiscal.

Si el Estado y los políticos de décadas recientes, a la luz de las consideraciones anteriores han fracasado, algo debe cambiar. La política no se conjuga bien con los retos de la administración pública. Si el modelo se mantiene, los problemas se agudizarán. Con un obstáculo adicional: la mayoría de los candidatos presidenciales son los mismos que han gobernado y comparten la responsabilidad por los males que nos aquejan.

Algunos problemas son tan evidentes que no requieren mucho esfuerzo para identificar soluciones. Uno sobresaliente es que el político no tiene las competencias gerenciales para administrar la complejidad del Estado y sus grandes instituciones, entre ellas la CCSS, el INS, RECOPE, MEP. MOPT, etc. Cierto, en algunos casos profesionales sobresalientes son escogidos para asumir instituciones complejas. Pero aún en estos casos enfrentan condiciones adversas: corta duración del período de gestión, casi siempre inferior a 4 años; su formación en un campo de especialización entra en conflicto con la naturaleza gerencial de su labor;  con frecuencia tiene consejos o juntas directivas que entorpecen su labor y no ayudan a la institución; la función de administración pública tiene un alto componente técnico, pero los técnicos son escasos y se les niega el espacio para actuar; y, sobre todo, en el jerarca político domina la motivación política electoral.

¿Qué hacer? ¿Cerramos el chinamo? ¿Optamos por otras opciones… cuáles? La verdad es que son urgentes las llamadas reformas estructurales, pero algunas son críticas. Por ejemplo, aceptemos que los políticos tienen la sensibilidad para definir Políticas de Estado (PE) que tiendan al desarrollo y a lograr el bienestar de la población. No siempre sabe cómo hacerlo, porque estructurar una buena PE tiene un alto componente técnico. Pero puede lograrse conformando equipos técnicos para dotarlas de contenidos que expresen con claridad hacia dónde vamos, cuáles son sus principales contenidos y qué resultados se pueden esperar de ellas. Así un instrumento político puede tener una gran fuerza proporcionada por su diseño inteligente. Una política robusta que proporciona beneficios políticos gracias al aporte técnico. Los beneficios no pueden ser exagerados, porque en años recientes hemos visto mucho extravío, poca direccionalidad, conflictos interinstitucionales y pérdidas sustanciales de recursos. Y están en juego unos 28 billones de colones anuales que equivalen a más del 75% del PIB.

El cínico obviamente diría que para eso están los asesores, pero este es en realidad un mecanismo ampliamente usado para pagar favores políticos o alimentar el nepotismo. Por ello, estos equipos técnicos requieren un mecanismo especial de selección, ser apolíticos y estables en función de desempeño y un estatuto regulatorio. Su función es técnica, pero el objetivo es diseñar políticas inteligentes (ámbito de los políticos) y dar seguimiento a los procesos respectivos para asegurar el cumplimiento de los resultados esperados, en coherencia con las políticas. Este equilibrio político/técnico tiene derivaciones económicas, en la medida que orienta y delimita los campos de acción interinstitucional y favorece el logro de los objetivos conjuntos del Estado. Es enemigo de la dispersión causada por su ausencia.

Si la política conforma el principal elemento de orientación de la función pública, es posible pensar en los órganos ejecutivos como estrictamente técnicos. Las PE inteligentes serían un instrumento que, al lado de algunas prácticas nuevas, orientaría la gestión hacia resultados esperados. Los equipos técnicos antes mencionados actuarían como recursos del político para asegurarse que los resultados esperados de la PE se cumplan. Y, si no se cumplen, que se tomen medidas administrativas coherentes.

Una segunda medida correctiva es racionalizar la macro organización de nuestro Estado. Aún si los políticos rehúsan enviar a sus casas a los burócratas que no producen o no tienen nada que hacer en el Estado (sobredotación) hay mucho que se puede hacer para dar sentido al embrollo institucional que los gobiernos han creado en años recientes. Para empezar, debería analizarse el régimen de adscripción que debilita la gestión pública y divide la función de las entidades madre. Es responsable, además, por la duplicidad de infraestructura administrativa y el despilfarro de recursos. Otra iniciativa sería analizar las funciones de las entidades para detectar duplicidades y despilfarros. El proyecto propuesto por don Ottón Solís para crear una entidad encargada de los programas de desarrollo social es un buen principio y debería aplicarse en las instituciones autónomas. Las sobrecargas laborales han sido expuestas por OCDE y reconocidas por algunos jerarcas que las han estimado en excesos que van desde 35% y un 50% del personal. Independientemente de que el Estado no deba tener personal que no necesita, estos excesos pueden enfrentarse sin que repercuta en el desempleo. Por ejemplo, se puede establecer una edad de retiro obligatorio y, además, no siempre la función que se elimina deja de ser pública y puede ser retomada por el sector privado.

Finalmente, hay dos aspectos de gran complejidad sobre los cuáles se requiere acción: uno es la autoridad del presidente, cuestionada por una mala interpretación del engorroso contexto judicial. Primero, somos un Estado Unitario, una de cuyas consecuencias es que el Presidente es responsable por el gobierno nacional. Entre sus obligaciones es hacer que la totalidad de los recursos del Estado se orienten a su finalidad última: el bienestar colectivo de toda la población, sin exclusiones. La descentralización, lo dice la Constitución, es administrativa y debe respetar la unidad y coherencia del gobierno nacional. La autoridad del Estado también debe proyectarse al campo civil. Ciertamente, el país tiene una cierta hipersensibilidad sobre su derecho de protesta. Pero ésta requiere más regulación y debe respetar el derecho de todos. Unos pocos individuos, generalmente sin objetivos precisos, no pueden paralizar al Estado y dañar la generación de riqueza, fuente principal de bienestar colectivo. La libertad democrática debe darse en el marco de la ley y del respeto por el derecho de todos los costarricenses.

Sí, los votantes costarricenses estamos enfadados y confundidos por la incapacidad de los políticos y la democracia que practican en darnos ese bienestar colectivo. Tenemos los recursos económicos de sobra, si son administrados con frugalidad y prudencia, para eliminar la pobreza y crear un país de clase media. Si el bienestar es colectivo la acumulación de capital será vista como una oportunidad y una fuente de riqueza de la que todos nos beneficiamos. Pero el país cambió y los políticos siguen haciendo lo mismo ¿Qué deberían hacer en las presentes circunstancias? Tenemos crisis (en plural) en prácticamente todos los campos pero la más sensible es en educación; el mundo es más interdependiente y surgen roces que recuerdan la guerra fría; nuestro principal aleado, EE UU, parece que afrontará una depresión económica este año entrante, según opinión de más del 70% de sus economistas, lo cual nos obliga a tomar medidas internas para evitar la profundización de nuestras crisis; hay retos del entorno ecológico, como el cambio climático, que demanda nuestra solidaridad y participación activa; la cuarta revolución industrial ya está con nosotros y nos obliga de renovar nuestra producción e incrementar la competitividad. La revolución digital afecta la totalidad de la economía y de nuestras vidas en sociedad, pero, aunque tenemos los recursos, la interconectividad es parcial en el país y más en la periferia. En esencia es un nuevo mundo, que nos obliga a mantener viejas funciones, al tiempo que nos presiona para que asumir nuevos retos. Bajo estas circunstancias lo que haga directamente el gobierno importa, pero es secundario. Su principal función es DIRIGIR la totalidad de los recursos nacionales, de tal manera que el país ocupe un lugar de privilegio en el nuevo entorno internacional. Y, aunque suene redundante, la principal crisis que debemos resolver es la del sector educación, fuente principal de investigación e innovación, los grandes motores de la nueva economía.

Estas son algunas de las preocupaciones que motivarán la posición política de la población. En lo personal nNo espero respuestas concretas, pero puedo esperar de 3 o 4 candidatos programas que privilegien el cambio y que ofrezcan una visión clara sobre un futuro que en muchos sentidos nos aleja del pasado. Sobre todo, en la respuesta pública a los nuevos retos de entorno nacional e internacional. Y en lo que más cuenta: el impacto en el bienestar de todos. Es lo que da sentido a la democracia, porque ese es su objetivo principal.

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