Eduardo Carrillo: La desigualdad incrustada en la estructura de la democracia

La corrupción, otra forma de favorecer al rico y empobrecer al pobre, se esconde en nuestro gobierno centralista y mesetero

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

La desigualdad, en realidad, resulta de la distribución de la economía nacional y de la arquitectura misma del Estado. Es lógico que el capital incremente la riqueza a una velocidad mayor que los salarios, lo cual produce un alejamiento de clases entre la minoría cada vez más rica y las mayorías que dependen de sus remuneraciones. También se produce cuando el pequeño empresario invierte (pymes y microempresas) pero, como bien se sabe, el coeficiente de mortalidad es bastante alto. La mayor parte fracasa y pasa a engrosar a los desempleados, o a los asalariados, con la ayuda del Estado que abunda en obstáculos para crear empresas. El grueso de la población depende de sus salarios, que normalmente tienen un crecimiento lento, más aún si la calidad de la educación es mala y la deserción alta.

La democracia misma tiene sus formas de agudizar estos problemas, empezando porque el interés económico va de la mano del interés político. Ambos se juntan en los procesos de negociación que anteceden a las elecciones, pero se mantienen a través de presiones o simplemente poniendo sus propias piezas en puntos sensibles del Gobierno. Los aportes de los ricos se cobran favoreciendo sus intereses a través de la política pública, compitiendo con ventaja por el recurso público o mediante actos abiertamente corruptos como los que hemos visto a través de nuestra historia reciente. La soberanía es un concepto relativo, muy parcial, en la medida que estos juegos de poder son determinantes de quienes y cómo nos gobiernan.

Un gobierno centralista y mesetero como el nuestro crea las condiciones favorables para que el interés económico se sirva con la cuchara grande y deje la chica para el resto de la población. Ahí están los ejemplos que menciona don Eduardo Ulibarri en su columna de esta misma fecha (1/31/20): los productores de azúcar quieren subir los tributos de importación para proteger el mercado local; el Gobierno, con recursos de nuestros escuálidos bolsillos quiere fortalecer la producción del aguacate para darnos un producto de inferior calidad y mayor costo; los arroceros han conseguido estas “protecciones” desde hace décadas, pero, agrego yo, hoy presionan para que una sustancial deuda a la banca pública se declare “incobrable” y que se establezca un nuevo programa de financiamiento para la agricultura. Todo es un juego político en el que el poder económico impone sus condiciones, pero la factura se la pasan a toda la población, incluso a los más pobres a través del precio de bienes de la canasta básica y del sistema impositivo. Es así como la riqueza pasa de los más pobres y de la clase media a los más ricos de nuestro país.

La corrupción, otra forma de favorecer al rico y empobrecer al pobre, se esconde en nuestro gobierno centralista y mesetero. En general la población no conoce a sus gobernantes, que carecen de mecanismos de transparencia. Además, a los gobernantes que se concentran en la capital, nadie los conoce, excepto quienes tienen interés en hacer negocios con el Gobierno. Ellos se aprovechan de esos contactos para hacer sus negocios, muchos de los cuales resultan onerosos, como los $10 millones que nos costó La Platina, o los más $200 millones que se han gastado ya en la carretera a San Carlos, sin que se establezcan las responsabilidades pertinentes.  Todo por supuesto sale del bolsillo del contribuyente. O como los actos abiertamente corruptos, entre ellos el cementazo y el caso Yanber que le cuestan a los costarricenses muchos millones de dólares. Y todo esto sin contar los costos de la ineficiencia, que son sustanciales.

El engaño de la municipalización está fuertemente adornado de patriotismo en el llamado que hace el Tribunal Supremo de Elecciones de este domingo. Nos piden que votemos por los alcaldes que vendrán a emular el desorden, la ineficiencia y la corrupción del Gobierno Central. Son 82 municipios que tienen pocas funciones, carecen de competencias, de autoridad y de recursos. Son parte del fenómeno de dispersión que nos cuesta miles de millones de colones. Nos referimos ahora al Estado, que cuenta con unos 300 mil funcionarios y más de 330 entidades públicas, más 80 de las cuales gozan de algún régimen de autonomía que confunden, equivocadamente, de independencia, contraria a nuestra condición de Estado Unitario.

El tamaño del Estado, un fenómeno producto por desviaciones ideológicas y oportunismos politiqueros (premio para amigos individuales o corporativos) que ha producido una condición de ingobernabilidad permanente. Este Estado oneroso, que en el 2019 tuvo un presupuesto total de más de 28 billones de colones, equivalentes al 75% del PIB (CGR), es simplemente imposible de gobernar por el actual o futuros gobiernos. Es un aparato despilfarrador, cargado de ineficiencias que seguiremos pagando en el futuro mientras no existan medidas radicales para hacerlo más pequeño, eficaz, racional y gobernable.

Para hacer este Estado mejor y más democrático habría que descentralizarlo y llevar el gobierno más cerca del ciudadano. Esto bien se podría hacer trasladando en serio la responsabilidad por los distintos sectores (salud, educación, seguridad, agricultura, educación, etc.) al nivel local. Pero no se puede lograr con 82 o más municipios que, como fue dicho, adolecen de las mismas características de corrupción, incompetencia y falta de autoridad del Gobierno Central. Sí sería viable y recomendable modificar nuestra división administrativa en no más de una docena de regiones, que asumirían en serio muchas de las funciones que hoy se ejecutan mal en forma centralizada.

Se les daría la autoridad para ello, se prepararía al personal y tendrían la total responsabilidad por la administración de los recursos correspondientes. El Gobierno conservaría la decisión política, el control de su ejecución y los proyectos de dimensión nacional o que cruce varias regiones. Es la forma para democratizar y hacer más transparente el gobierno. La población sabrá quienes son sus gobernantes, si actúan de acuerdo al mejor interés regional y quienes son responsables por los éxitos, fracasos o actos lesivos al interés público regional. Buenas políticas que definan los resultados esperados también pueden ser el instrumento que le permita al Gobierno Central intervenir si esos resultados no se producen.

Pobreza y desigualdad es el producto de estos sustanciales despilfarros. A nivel macro, un Estado reconstruido dentro de estas líneas generales podría ser el principio de nuestra tercera república y un nuevo proceso de bienestar para todos, a su vez superando el alejamiento y rechazo de la población de los partidos y de la democracia misma. La fórmula Churchiliana de ver la democracia, en tico la menos peor, no es sostenible. Es necesario reconocer sus deficiencias y buscar formas inteligentes sustitutivas. Ese es el espíritu de estas notas.

 

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