Eduardo Carrillo Vargas,(Ph.D. Administración).

Lo que parecía obvio en las elecciones recientes, fue advertido solo por el expresidente Arias Sánchez: el candidato del PLN perdería. Ahora todo es conmoción. Primero, surge la renuncia de la expresidenta Chinchilla Miranda, que más pareciera oportunismo político y construcción de una imagen que podría favorecer sus pretensiones, entonces no reveladas. Recordemos que durante su gobierno la corrupción golpeó con severidad al país con el caso de la Trocha, aún no resuelto por las instancias judiciales. Doña Laura también pudo hacer algo más por la crisis fiscal que hoy consume nuestros recursos y produce deudas millonarias y carencia de recursos para mejorar la crisis y la situación de los más vulnerables. Pero ella recibió su administración con un déficit 3.3% del PIB, que creció en el primer año a un 4% y concluyó su administración con 5.4%. Los dos gobiernos siguientes profundizaron la crisis, pero eso es harina de otro costal. Lo que pareciera cierto es que las reformas que hoy necesita el partido, no se lograrán con quienes han sido contribuyentes de la crisis.

Tres candidatos adicionales para ejercer el liderazgo, quizás con capacidades indiscutibles, han formado parte importante de las carencias del PLN, del déficit de principios y, de nuevas propuestas de un partido más comprometido con las necesidades del país.  Incluye un economista, de indiscutibles capacidades profesionales, con sustancial responsabilidad en la fracasada campaña de Alvarez Desanti; un politicólogo, rechazado en sus aspiraciones diputadiles y expresidente de Acueductos y Alcantarillados, institución en crisis desde hace varias décadas sin que sus presidentes ejecutivos hayan mostrado visión y autoridad para impulsar los urgentes correctivos que esa institución y el país demandan; y, un figuerista de vieja guardia, tal vez más asociado con el viejo Liberacion que tanto le dio a esta país, pero que, igual que otros partidos tradicionales, fracasaron en décadas recientes para entender los nuevos procesos y nuevas demandas que las circunstancias imponen.

El Partido Liberación Nacional ha brindado enormes beneficios a nuestro país, en especial durante las tres primeras décadas que siguieron la creación de la segunda república. Esta fue la expresión de cambios producidos durante la década de 1940 y en particular por las iniciativas del Dr. Calderón Guardia, el aporte intelectual de don Rodrigo Facio, el temple y la visión de Don Pepe y la capacidad, inédita como proceso político, para construir consensos entre la izquierda extrema, la iglesia y los dos líderes políticos aquí señalados (Figueres y Calderón). El PLN se debilitó después de la crisis de 1980, pero las estructuras políticas lograron rescatar en parte algunos de los beneficios de la segunda república por las siguientes dos décadas (ver evolución de los indicadores de desarrollo en el excelente libro Ajuste y Crecimiento en la Economía de Costa Rica 1982-1994 del Dr. Eduardo Lizano). La Segunda República produjo beneficios que aún hoy nos protegen de los riesgos producto de las múltiples crisis que el país ha encarado, pero fue creada como respuesta a las condiciones de los años 40. Hoy el país y el mundo han cambiado y los políticos no han tenido la capacidad para formular propuestas apropiadas a nuevos entornos, nacionales e internacionales.

¿Cuáles son los principales condicionantes ideológicas de nuestra región? Es interesante, y tal vez contradictorio, nuestro rechazo a los capitalismos de estado que caracteriza a la izquierda latinoamericana. Cuba, cuya experiencia en la región ronda los 60 años, es plena y simplemente un Capitalismo de Estado. Y a esto no se puede llamar comunismo, como las cúpulas y su propia constitución caracterizan al Estado y a sus gobernantes. Marx nunca ofreció una teoría comunista de Estado, pero los epítetos empleados en crítica de la burocracia estatal reflejan su desprecio por las distintas formas de estatismo. Sin embargo, la izquierda extrema de la región tiene una fuerte tendencia a distintas formas de estatismo, y, en el caso cubano, el gobierno lo ejerce una cúpula que se hace llamar comunista. Seguro Marx, si estuviera vivo, la rechazaría con contundencia. Hay dos hechos comunes a estas dos experiencias que conviene resaltar. Uno, la corrupción de los ejércitos que, como el cubano, representan el componente más prestigiado de esos países y la fuente principal de autoridad. En Venezuela el ejército es parte integral de las estructuras de comercialización de la droga y receptor de sus vastos beneficios económicos. También es la fuente de autoridad para mantener una dictadura que funciona con la estructura institucional de la democracia, totalmente fraudulenta.

Aun así, la dinámica política se mueve por una corriente liberal que cree en los milagros de los mercados y, por otra parte, el estatismo que procura una mayor participación del Estado en la economía nacional. Ambas ofrecen riesgos y posibilidades. Se equivoca el liberalismo al atribuir al mercado posibilidades de las que carece. Mientras la izquierda construye un estatismo ingobernable y cuyos resultados son un creciente empobrecimiento. Además, en situaciones extremas, exportan las crisis, forzando procesos migratorios hacia países cuya mayoría carece de las condiciones para absorberlas. El costo humano es enorme.

Costa Rica puede ser un ejemplo de estas corrientes. Si bien, no nos parecemos a los países, como Cuba y Venezuela, de alguna forma seguimos un modelo similar. Para explicarlo mejor tomemos tres ejes de la política en los dos países mencionados: Primero, la militarización de la política. Segundo, la autoridad totalitaria claramente integrada a la estructura militar. Y, tercero, el control o posesión del mercado, con una mínima participación de la iniciativa privada.

Costa Rica goza del beneficio de no tener ejército, lo cual debilita la formación de autoritarismos. Sin embargo, hay dos consecuencias negativas en nuestro caso: una, que la conducción unitaria del desarrollo requiere del ejercicio de autoridad ejecutiva para impulsar ambiciosos programas de desarrollo. No implica abogar por alguna forma de autoritarismo, pero, siguiendo con nuestro país, la Constitución misma, nacida de los eventos del 40, limita la autoridad necesaria para atender los grandes problemas nacionales, entre ellos el judicialismo que produce inmovilidad. Tenemos una Constitución y un judicialismo extremo que, en esencia, son obstáculo al logro del más preciado objetivo de la democracia: el bienestar social sin exclusiones.

Es decir, al igual que la extrema izquierda latinoamericana, Costa Rica ha seguido el mismo camino del estatismo y sus consecuencias, entre las cuales se incluye el ya destacado efecto paralizador de los gobiernos. La evidencia fáctica revela como las formas extremas de estatismo empobrecen a los pueblos. Algunos, otrora con los niveles de desarrollo más avanzados del planeta, como Cuba, Argentina y Venezuela, transitan ahora una ruta de empobrecimiento creciente ¿Qué podemos decir de Costa Rica? Que hemos seguido por la misma ruta, con las limitantes mencionadas, entre ellas la inexistencia del ejército y la consecuente formación de dictaduras.

Sin embargo, hay algunos indicadores preocupantes: que desde hace varias décadas el estatismo se ha disparado, con resultados negativos importantes, entre ellos el deterioro de la educación; las crisis de la CCSS; insuficiencia de agua, excesiva en nuestro entorno nacional; la desaparición gradual de la clase media; crecimiento de la pobreza; la precarización de nuestra infraestructura de comunicación, incluso la virtual, esencial para el desarrollo económico del país; el alto costo de proyectos nacionales, por los que pagamos excesos $millonarios, que en conjunto superan en mucho el “pequeño” préstamo del FMI. Ejemplo de estos excesos:  los 55 mil millones de colones invertidos en la no-reforma de Japdeva, los $150 millones que costó cerrar el proyecto de Diquís o la duplicación de costos de la Hidroeléctrica Reventazón que produce la mitad de lo previsto; la carretera a San Carlos que hoy requiere para su conclusión más del doble el costo original, etc. En esencia, mientras el despilfarro (y la corrupción) crece, los recursos individuales se reducen y con ello la pobreza. Es decir, el mismo patrón de los estados que criticamos, aunque con posiciones más radicales.

Hay muchos despilfarros con los que se podrían llenar muchas páginas de casos de ineficiencia mezclada con corrupción, otro flagelo nacional. Pero, hay algunos indicadores que contribuyen a exponer una realidad que sigue el patrón que han fijado los países que criticamos por alguna forma de extremismo, especialmente de izquierda.  Hace unos 4 o 5 años me di a la tarea de saber cuál era el costo de nuestro Estado, relativo a otros. Las cifras, que en otra ocasión compartí con el lector, fueron las siguientes: la media del costo del estado (entidades públicas) en Argentina, Brasil y Uruguay es de 38% del PIB; la media de los países del “bienestar”, es decir, Noruega, Suecia y Finlandia, es de 52% del PIB. El costo del Estado costarricense supera el 75% del PIB. Es posible que seamos o estemos muy cerca de ser el Estado más caro del planeta. Nuestro ingreso a OCDE, que considero positivo, nos ha brindado cifras adicionales: Costa Rica cuenta con la planilla pública más cara del planeta, si se compara con la media de cualquier región del mundo. Gastamos el 8% del PIB en educación, que es mucho más alta entre los demás países OCDE, pero los resultados son, bajo cualquier estándar, pobres. A título de ejemplo, Corea del Sur gasta la mitad (3.5%) pero sus resultados no solo son superiores a los nuestros, sino que pueden calificarse de extraordinarios. Hay disputas en los recuentos, pero es un hecho real que tenemos más de 330 entidades públicas, con múltiples duplicidades y, por supuesto, costos excesivos, sin ningún beneficio. A nivel de la Administración Pública hemos debilitado las direcciones sectoriales mediante el régimen de adscripción, que, además, repite los gastos administrativos. También se han creado consejos y juntas directivas que debilitan y fracturan la autoridad de las jerarquías sectoriales.

Todo lo anterior conduce a una triste realidad: un país con el despilfarro en el gasto público, que supera 75% del PIB, no puede producir la riqueza que el país necesita para mejorar sus indicadores sociales. La deuda externa supera el 60% del PIB, mientras el costo de la ineficiencia pública puede superar el 30%. En eficiencia podríamos tener una deuda manejable y varios miles de $millones adicionales para atender las necesidades de los sectores más vulnerables.

Todo esto es obra, principalmente, del Partido Liberación Nacional, que ha gobernado por más tiempo y que fue pilar de nuestra revolución, nacida en la década de los 40. Solo en la Administración Figueres Olsen se crearon 35 nuevas entidades públicas (fuente: Estudio Estado de la Nación) y, durante la muy reciente Administración Alvarado, se agregaron una media docena de ellas. Hasta la fecha, como partido, el PLN no ha esbozado ninguna iniciativa para la reforma estructural que ataque la problemática nacional. Y no se trata de reformas parciales, muchas de ellas enredadas en nuestra compleja jurisprudencia (el procesalismo dominante privilegia procesos sobre resultados). El mundo cambió y necesitamos una visión de desarrollo distinta, sistemas educativos acordes, una estructura institucional que privilegie la función unitaria de gobierno nacional, hoy cuestionada por las repúblicas independientes del autonomismo, entre muchas otras variables como la ecología y la revolución digital, poderosa fuente de productividad y generación de riqueza. Y todo esto pesa y demanda un nuevo sistema educativo, hoy adversado por las universidades (en parte por defensa de privilegios especiales).

Las ideologías han sido uno de los problemas que enfrentan nuestros partidos políticos, entre ellos el PLN. Si el estatismo empobrece, debería ser conclusión objetiva señalar que es lo que el PLN (y tal vez algunos otros partidos) ha hecho para liquidar una estructura institucional y funcional productora eficiente de pobreza nacional. Hay que revertir esta tendencia si queremos superar nuestros problemas y proteger la democracia, en la que el pueblo no cree y cuya defensa, por parte de analistas y académicos, está sesgada y centrada en las libertades civiles. Los problemas aquí mencionados sugieren que hay un factor político que, bien orientado, es parte de la defensa de la democracia, cuyo objetivo final debería ser el bienestar colectivo, sin exclusiones. El sector liberal a ultranza debería entender que, más allá del éxito individual, sin bienestar social no es posible mantener la paz y crear entornos favorables para el crecimiento de la economía.

¿Puede el PLN retomar la fuerza que alguna vez tuvo? Seguro que sí y seguro que ofrece posibilidades mayores que otras agrupaciones políticas, que igual sufren de carencia en voluntad y visión de cambio. Pero no se puede hacer con los mismos de siempre, que ya tuvieron oportunidad y la perdieron. Por supuesto, tampoco podemos ignorar algunos esfuerzos aislados y valiosos, como los trabajos de Informe Estado de la Nación; o, el excelente trabajo de los notables, que la frágil Administración Chinchilla Miranda nombró, pero luego no tuvo el valor político para impulsar el cambio. Crear cambios y hacer ajustes para conducir al país por la vía de una democracia real y moderna en sus tres dimensiones interconectadas: la política, la económica y la social, debe estar en manos nuevas, jóvenes, inteligentes, valientes para encarar las fuerzas del statu quo y llevar al país por la vía de un desarrollo con visión universal: todos en ella y ningún sector excluido. Ese es el reto que adultos mayores (y octogenarios, como quien escribe estas líneas) debemos apoyar.

Eduardo Carrillo

Por Eduardo Carrillo

Ha colaborado con varios gobiernos, desempeñándose principalmente en el área de la salud pública. Laboró con organismos internacionales y es consultor. Analista y comentarista. (Ph.D. Administración).