Eduardo Carrillo: La revolución posible y necesaria ¿la hará el próximo gobierno?

Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

La ciudadanía debería examinar con mucho cuidado las propuestas que los partidos políticos hacen de cara a las elecciones de febrero próximo. Una cuestión de fondo es que quienes aspiran a liderar la función de gobierno lo hagan a partir de la movilización de la totalidad de los recursos del Estado y no solo del Gobierno Central. La crisis fiscal parte de una visión parcial de dicha función, que ignora la totalidad de los recursos que tiene el país. Una parte mayoritaria de esos recursos públicos se encuentran fuera del gobierno central, en una variedad de instituciones en algún régimen de autonomía que emplean para correr con colores propios y contar con la independencia que les permita adoptar privilegios especiales. Es el Estado al servicio de sus funcionarios y no de la población.

Las noticias de hoy traen un ejemplo de una especie de dualidad perversa y de una dispersión de esfuerzos y recursos contrarios a nuestra naturaleza de Estado Unitario y a la Constitución en su artículo 188, que define la autonomía en términos administrativos y de acuerdo con la ley en todo lo demás. Y esto, desde luego, incluye la función de gobierno, que tiene alcance nacional.

Por una parte, el ministro de hacienda nos comunica la “buena” noticia de que talvez este año tendremos un déficit primario (sin incluir intereses) menor al 9% del PIB. De hecho, a octubre 2021 se generó un superávit primario de ¢115.069 millones. Pero, el señor ministro también aprovecha la ocasión para recordarnos, primero, que esos logros son insuficientes para lograr la estabilidad en el mediano plazo y, segundo, para presionar por las reformas tributarias necesarias para acceder a varios empréstitos entre los cuales se destaca el del FMI por casi $2000 millones (La Nación 19/11/2021).

Por otra parte, un ciudadano escribe en el mismo medio y la misma fecha, para recordarnos dos cosas relacionadas. Primero la situación del país: “la pobreza alcanza un 23%, el desempleo un 17,4%, el déficit y el endeudamiento nos asfixian, el Estado es cada día más ineficiente y pedigüeño. Nos han cargado de impuestos y regulaciones; Hoy pagamos IVA por cortarnos el pelo, ir al gimnasio, ver televisión”.

Pero el mensaje de este ciudadano (odontólogo Rolando Guzmán) va más allá y toca tal vez el punto más sensitivo de la conciencia nacional ¿Por qué cargarnos de impuestos y pauperizar a la clase media cuando hay opciones que pueden producir mejores resultados? Mientras el ministro de hacienda se complace con las cifras ya citadas, él y el presidente parecen indiferentes a una posible reforma, sugerida por la propia Contraloría General de la República para concentrar en el Banco Central el dinero de las entidades públicas. El ahorro sería de unos $380.000 millones anuales “sin necesidad de recurrir al recorte de gastos ni al aumento de impuesto ni a despido de funcionarios”. El autor también menciona la contradictoria exención de la regla fiscal al MEP, INA y CNP por ¢104.000 millones y, se pregunta, cómo el gobierno ha permitido el secuestro por parte del ICE del desarrollo tecnológico al rehusar devolver las frecuencias para desarrollar las redes 5G. Por ello, el país dejó de percibir $321 millones y la pérdida alcanzaría en el 2024 la suma de $1.134 millones.

Estos y otros datos ofrecen una situación que no encaja con las estrategias del Gobierno y con el acuerdo con FMI. Al respecto, es bueno recordar que el presupuesto del Estado superaba (en prepandemia) el equivalente al 75% del PIB, cifra bastante superior a la de cualquier país de América Latina y posiblemente a las de muchos otros países de mundo. Además, según información de la Contraloría General de la República (CGR) la sumatoria de los superávits públicos producen una cifra muy parecida a la que nos prestará el FMI. Todo lo cual evidencia una crisis institucional, que, entre otras muchas, produce la crisis fiscal del gobierno central.

En un artículo anterior de mi autoría, titulado El veto y los huecos fiscales que el presidente Alvarado ignora, publicado en La Revista, agregué una larga lista de gastos innecesarios que un “buen gobierno” podría utilizar como medio para reducir los costos y liberar la presión, hostilidad y acoso fiscal sobre el ciudadano. La población sabe que los recursos públicos son extensos y más que suficientes para nuestras necesidades. Sabe también que la escasez ocurre por pérdidas $multimillonarias, originadas en mala administración, ineficiencia extrema y la corrupción. Son esos recursos perdidos los que nos impiden tener una sociedad más desarrollada y saludable. Los indicadores de pobreza y desigualdad son consecuencia del mal gobierno, el cual falla por centralismo y porque no puede ver globalmente o articular la globalidad del Estado, conformado por más de 330 inmanejables entidades públicas. Es claro que necesitamos un Estado fuerte, especialmente en la visión del desarrollo en equidad y en la articulación de los recursos disponibles para alcanzarlo, en muchos sentidos, aún los privados. Pero un estado grande, como el nuestro, simplemente no es manejable y se ha vuelto en una fuente natural de ingobernabilidad. Sorprende cómo la clase política ha fallado en realizar las reformas estructurales que permitan la gobernabilidad y el buen uso de nuestros abundantes recursos materiales, tecnológicos y humanos.

En suma, los problemas son internos y tienen solución. Pero no son las soluciones focalizadas en la fácil imposición de impuestos, sino en la transformación de este Estado gigante y en el control de la ineficiencia extrema y de la corrupción que nos empobrecen. Sobre todo, necesitamos un gobierno que le de un sentido de dirección a los recursos nacionales para alcanzar la prosperidad general y el bienestar de toda su población.  Este gobierno debería de abandonar el centralismo mesetero y crear un número reducido de gobiernos locales, con autoridad, funciones sustantivas de gobierno, recursos y competencias para una mayor participación local. En su forma actual, el régimen municipal es parte del problema de atomización institucional, con los mismos efectos de dispersión de recursos, ineficiencia, corrupción, etc.

Votemos por el candidato que nos proponga el “buen gobierno”, uno que gestione con probidad e inteligencia los recursos y que no agreda fiscalmente al ciudadano; que fomente la unidad nacional y nos haga superar la irritación colectiva que pone en riesgo la vida en democracia.