Eduardo Carrillo: Los grandes problemas de la democracia

Es un factor de ingobernabilidad permanente, pues nadie puede encauzar hacia metas comunes 300 mil funcionarios y 330 entidades públicas, de las cuales más de 80 tienen algún régimen de autonomía, aprovechado para crear privilegios y resistir el control central.

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Eduardo Carrillo Vargas(Ph.D. Administración)

Costa Rica fue la joya de la democracia en la región de América Latina y el Caribe, único país sin las dictaduras que dominaron buena parte del siglo pasado y sin grandes conflagraciones internas, fuentes de polarizaciones que aún se mantienen. Fuimos afortunados con un progreso sostenido que nos dio la Segunda República, ya fenecida, pero cuyos beneficios siguen favoreciendo al país. En estos últimos años hemos liderado, primero con Uruguay y luego con Chile, el desarrollo social de la región. No obstante, hoy vivimos un estado de enojo y crispación social. El Latinobarómetro ofrece algunos indicadores, corroborados por encuentras nacionales, que lo confirman:

  • Confianza en institución electoral: 46%
  • Confianza en el poder judicial: 43%
  • Confianza en el gobierno: 20%
  • Confianza en el congreso: 20%
  • Confianza en partidos políticos: 20%
  • Confianza en los sindicatos: 6,5%

En cierta forma, nos hemos latinizado, pero ocurre que el sentimiento contra la democracia es más extenso y evidencia de ello es el triunfo de distintas formas de populismo en el mundo occidental. Precisamente, en la prensa de estos días encontramos reflexiones de analistas, políticos e intelectuales que conviene analizar, en términos generales o ajustados a la realidad de Costa Rica, con la intención de reforzar (¿salvar?) la democracia.

Don Enrique Obregón, un filósofo de la política, según opinión del robusto político don Francisco Morales, nos ha dicho que la democracia es liberal. Y ha agregado una afirmación contundente sobre nuestro país: “La reforma de Calderón continúa vigente; la de Figueres duró de 1948 a 1975, luego la descalabraron. El Estado de bienestar estuvo vigente escasos 30 años y se derrumbó. Hay que decirlo bien claro: fundamentalmente por culpa de Partido Liberación Nacional”. Como liberacionista concuerdo con ello y además, creo, plantea el problema de las ideologías que con frecuencia terminan haciendo precisamente lo contrario a lo que pretenden.

Don Oscar Arias, a mi juicio el último de los grandes estadistas, se sacude y nos recuerda que los pilares del estado del bienestar siguen incólumes en nuestro país, al tiempo que afirma que nadie, en los 2000 años de nuestra historia, ha conspirado contra los valores esenciales de nuestra arquitectura social.

Más allá de nuestras fronteras, el periodista Carlos Alberto Montaner destaca las posiciones de privilegio que, en el campo mundial, político, económico y social, tuvo Argentina y, yo agrego, Cuba. Este periodista departe de las posiciones antes mencionadas en un sentido práctico. Trae a colación los éxitos de Singapur, una democracia que él mismo afirma, no queremos imitar, pero cuyos éxitos, tampoco se pueden ignorar. En relación con Argentina nos dice que “Los liberales tienen la tendencia a intelectualizar los debates. Sabemos que la libertad debe estar a la cabeza de nuestros valores, pero el conjunto de la sociedad piensa en los problemas que padece y rechaza lo que (equivocadamente) se le antoja como un elegante parloteo”.

Algo similar parece explicar los éxitos de Singapur: “En verdad que el Partido Acción Popular de Singapur no es un modelo democrático, pero los singapurenses, como los argentinos, como todas las sociedades desesperadas, están interesadas en resultados más que en abstracciones”. Agregaría yo, que el pensamiento tico, expresado en los indicadores que destaqué, ha producido un descalabro ideológico con un efecto similar.

Varios fenómenos pueden justificar la actitud de enojo y crispación social en Costa Rica. Nótese, como punto de partida, que cerca del 80% de la población votante tiene 60 años o menos. Una persona con 60 años habría nacido en 1960 y habría concluido su educación secundaria en 1978. Fue expuesta a la política en las vísperas de la crisis de 1980 y subsiguientes. Por tanto, no tiene vivencia de los acontecimientos de la década de 1940 y, al margen de consideraciones abstractas, vive el agotamiento de la Segunda República.

Agréguese a ello, que la globalización y la revolución digital posiblemente haya sido motor del “nuevo” pensamiento colectivo, muy distinto a de sus padres. Los conceptos son menos estables, porque, en la realidad digital, se vive el cambio en “tiempo real” y respuestas más reactivas, poco reflexivas. Tal vez un producto sea una polarización intelectual divisiva de la sociedad en torno a lo concreto y a lo abstracto. Lo concreto está condicionado por la pobreza y la desigualdad y lo abstracto es la democracia que los intelectuales valoran más por sus componentes liberales. O incluso el viejo principio de la pirámide de Maslow (jerarquía de las necesidades).

¿Qué es lo concreto de la situación en Costa Rica? El tema puede ser ideológico, aunque las nuevas generaciones, votantes mayoritarios, no estén interesados en ideologías. Tal vez es la tercera fórmula que plantea Paul Collier en su libro El planeta saqueado:

  1. Naturaleza – tecnología – regulación = inacción
  2. Naturaleza – tecnología – regulación = Saqueo
  3. Naturaleza – tecnología – regulación (buen gobierno) = prosperidad

A diferencia de las posiciones antes mencionadas, creo que nuestro problema se encuentra en tamaño y operación del Estado. Es un factor de ingobernabilidad permanente, pues nadie puede encauzar hacia metas comunes 300 mil funcionarios y 330 entidades públicas, de las cuales más de 80 tienen algún régimen de autonomía, aprovechado para crear privilegios y resistir el control central. El Estado y muchas de sus instituciones son empresas de alta complejidad, pero están a cargo de políticos que con frecuencia no tienen las competencias necesarias y su motivación es siempre política electoral. Esto es parte de un notable desequilibrio político/técnico, que también define la pobreza del modelo de gestión pública. En ausencia del factor técnico, no tenemos la capacidad de dirigir el enjambre institucional público, porque carecemos de Políticas de Estado (estrategias, acciones y resultados esperados) y de competencias para ejecutarlas (procesos que combinan recursos y tecnología para generar, en condiciones apropiadas de oportunidad, calidad y costo, los productos del bienestar). Además, somos un Estado centralista, productor de inequidad, que privilegia el centro y abandona la periferia (campo y ciudades); y genera otros vicios, entre ellos la corrupción.  El régimen municipal en 82 cantones es parte del problema de dispersión del Estado. Unas 12 regiones con la autoridad real de gobierno y los recursos presupuestales necesarios serian un buen aporte a la equidad y a la democracia.

 

PD: para quienes tengan interés agrego a continuación una especie de anexo con 10 puntos neurálgicos de nuestro colapsado Estado.

  • Responsabilidad: recae en los políticos. Vista a la luz de la situación del país, desde antes de la pandemia, los políticos fracasaron. La evidencia se encuentra en los resultados, algunos de los cuáles también se expresan en los indicadores antes mencionados. Hay un evidente conflicto entre las demandas en experiencia, conocimiento y actitudes que requiere el Estado, por una parte; y las competencias y motivación del político, por otra. Esto también puede verse como un desequilibrio técnico/político.
  • Soberanía: dice Don Enrique que el sufragio universal puso de relieve la soberanía. Incorrecto. El sufragio se sustenta en el matrimonio política/capital y de ello resulta la estructura de poder gobernante y la distribución de los beneficios. Más participación y descentralización ayudarían a corregir el problema.
  • Centralización. Es fuente de corrupción y desarrollo desigual e inequitativo. Parte al país entre el centro metropolitano que absorbe los recursos y deja en abandono a la periferia (ciudades y campo). La municipalización es un engaño: dispersión, sin funciones sustantivas de gobierno, sin autoridad y recursos. 82 municipalidades es además una fuente de dispersión de recursos. Unas 12 regiones con verdaderas funciones de gobierno, recursos, autoridad y competencias sería un buen aporte a la democracia en equidad. Ganaríamos en eficiencia, rendición de cuentas, reducción de la corrupción, entre muchos otros beneficios.
  • Tamaño del Estado: lo conforma un ejército de 300 mil funcionarios, pero algunos jerarcas han sugerido sobredotación de hasta el 50%; unas 330 entidades de las cuales más de 80 se encuentran en algún régimen de autonomía. Su costo el año pasado, antes de la pandemia, fue de ¢28 billones, equivalentes al 75% del PIB. Su conformación produce una situación de ingobernabilidad permanente.
  • Falta de claridad sobre la empresa pública. En general el Estado fuerte debería estar conformado por entidades fundadas en un claro imperativo social (caso educación, salud, seguridad, infraestructura, etc.). Debe evadir la adopción de organizaciones que el sector privado puede operar con mejores resultados y menor costo. La Segunda República incluyó empresas comerciales como parte de un esfuerzo de universalidad, para llevar servicios esenciales a todo el territorio nacional. Se logró con el ICE y la banca pública, pero ambas instituciones hoy son un lastre porque obstaculizan y elevan el costo de la actividad productiva nacional. La salud, la educación, la seguridad son ejemplos de entidades que deben mantenerse como parte del Estado por razones éticas obvias. Sin embargo, en nuestro caso la ineficiencia genera cargas sociales muy altas y la educación no produce el recurso humano que nuestro país necesita.
  • Recursos: los tenemos en exceso. La crisis fiscal es un absurdo si el Estado nos cuesta más del 75% del PIB. Es un problema de diseño institucional. Pero tenemos un Estado partido en más de 300 pedazos y en dos sectores: el central, con autoridad formal para conducir la totalidad del Estado, pero económicamente deficitario; y, el sector autónomo, que arrastra costosos privilegios y que opera en condiciones históricas superavitarias.
  • Administración pública: es el proceso por el cual tecnología y recursos se transforman en los productos del bienestar y la equidad. Depende de la dirección del aparato estatal y la capacidad de ejecución. Ya dijimos: múltiples fracasos resultan de un fuerte desequilibrio técnico/político.
  • Dirección. El instrumento principal es la PE (política de Estado), que debería incluir estrategias, acciones y resultados esperados (productos del bienestar). Los políticos no tienen competencias para la función y su motivación es electoral. Esto parte del desequilibrio técnico/políticos referido varias veces en estas notas. Funcionan bajo condiciones limitativas, como el factor tiempo (en dos años de gobierno la actual administración ha tenido 3 ministros de hacienda y dos de la presidencia). Lo mismo ocurre con la ejecución. El desequilibrio es mayor, porque la ejecución son procesos en los que recursos y tecnología se combinan para generar los productos del bienestar en condiciones de oportunidad, calidad y costo. El símbolo de “La Platina” expresa el fracaso del político en función técnica, pero también limita que el Estado cumpla con su función social.
  • Judicialización: al igual que en muchos países, es parte de un exceso de regulación que reduce la capacidad para producir la riqueza que el desarrollo necesita.
  • Valor principal: El Estado no puede ser una institución de beneficencia y una fuente de empleo innecesario y politizado. Del “buen gobierno” depende el bienestar de todos y, a la larga, la paz y el entendimiento nacional. Los políticos deben entenderlo así y también la burocracia pública. Lo que está en juego no son los recursos que se pierden o se roban. Es el logro de la finalidad última de la democracia, la equidad. Es necesario una disciplina estricta y una actitud de celo para evitar que los recursos públicos se pierdan en actos generosos, de carácter individual o corporativo, si con ello se reduce la capacidad del Estado para producir bienestar integral y equitativo.

Nota: algo deberíamos aprender de Singapur y otros países asiáticos. Necesitamos parte de esa disciplina para que el estado focalice sus esfuerzos y recursos en la meta de alcanzar equidad nacional. El libertinaje, libertad abusiva y excesiva, no es democrático. Tampoco lo es la actividad sindical que busca privilegios que debilitan la capacidad del Estado para dar respuestas de alcance nacional. Menos cuando además perjudican a los sectores más frágiles y que tienen una mayor dependencia de los servicios públicos. El sindicalismo democrático debe convertirse en un socio para encontrar las mejores vías de lograr equidad nacional.

 

 

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