Eduardo Carrillo: ¿Negación, cobardía, desconocimiento o evasión de responsabilidad?

Los políticos nos han llevado donde estamos y tienen un buen nivel de responsabilidad por los grandes problemas que enfrenta el país. Si no hacemos cambios de fondo, los resultados serán los mismos.

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

Los problemas son reales y las responsabilidades concretas. Pero el costarricense prefiere el autoengaño y evadir la realidad que nos está hundiendo en lo profundo del abismo, sin posibilidad de evitar gravísimas consecuencias para las grandes mayorías. Muy pocos podrán salvarse. Caerán muchos ricos, las clases medias y quienes ya sufren pobreza y desigualdad.

Hoy el país encara dos grandes problemas: uno, un Estado enormemente ineficiente que vota miles de millones de dólares, sin ningún efecto concreto en bienestar social y desarrollo; y, dos, el fracaso de la clase política y nuestra institucionalidad (digamos, nuestra democracia) en la administración del Estado. Como he dicho en varias ocasiones, las muchas crisis que enfrentamos son muestra de ello. Pero nos resistimos a realizar las reformas de fondo, por lo cual me pregunto si es negación de la realidad, falta de carácter para enfrentar el problema que hemos creado, desconocimiento de sus raíces o simple evasión de una realidad, seguro compleja.

Digo esto, o lo reitero, en reacción a varios análisis y artículos que he leído en estos días. Una Carta pública: Defendemos la independencia judicial porque es una garantía para la democracia. Para que queremos defender (mantener el statu quo) una democracia que no nos sirve o un poder judicial cuya confianza según un indicador confiable solo alcanza el 43% de la población. Dos artículos de prensa se han referido a la deuda pública, uno de ellos bajo el título Solo hay una forma de evitar el sobreendeudamiento. Yo me pregunto cuál es el problema del endeudamiento, sino la misma mala administración del Estado. En este 2019 el presupuesto del Estado supera los ¢28 millones, que equivalen al 75% del PIB (cifras oficiales de la Contraloría General de la República, CGR). El lector podría hacer sus pesquisas, pero la mías me dicen que los tres países escandinavos (Suecia, Noruega y Finlandia) gastan en promedio el 52% del PIB y que para Brasil, Argentina y Uruguay la media es 38%. Nos hemos endeudado por la mimas dos razones principales antes mencionadas: la enorme ineficiencia estatal y la falta de capacidad de nuestra clase política en la administración del Estado. Ningún préstamo nos ayudará si las causas de la deuda no son atendidas.

El Gobierno le ha tomado el pelo a la población. Primero dijo que la reforma fiscal era necesaria, no porque nos salvara de la crisis, sino simplemente para no caer en el precipicio. Pero nos deja peligrosamente en el borde mismo. Hoy estamos igual que sin reforma, al borde del precipicio y no vemos luz al final del túnel. En buen tico, el presidente Alvarado nos vaciló. Eso sí, hay un nuevo elemento en el entorno político nacional: el hostigamiento fiscal.

Los políticos nos han llevado donde estamos y tienen un buen nivel de responsabilidad por los grandes problemas que enfrenta el país. Si no hacemos cambios de fondo, los resultados serán los mismos. Tal vez consigamos un poquito de oxígeno, pero los grandes problemas nos esperan a la vuelta de la esquina. No deberíamos tener dificultad en reconocer que la administración del Estado es una gran empresa que excede las competencias y posibilidades de los políticos, que son aves de paso (media de servicio 2 o 3 años); su programa inicial lo hace la administración anterior; la toma de decisiones incluye múltiples participantes civiles e institucionales; muchos cuentan con juntas directivas o consultivas que representan intereses corporativos y conflictos potenciales con el interés nacional. Agréguese a todo esto que la motivación dominante es electorera.

Un tema central de esta administración compleja es que tiene muchos componentes técnicos, pero hemos dejado todo en manos de los políticos. Es decir, los políticos han hecho lo posible (y se han equivocado) porque el diseño institucional de la democracia no incorpora dentro en su estructura formal los componentes técnicos, especialmente en lo que se refiere a la conducción global de nuestro Estado y de sus instituciones. Y es aquí donde queremos llegar con estas notas críticas. Sugerimos que para que el Estado y sus instituciones funcionen es necesario lograr un equilibrio político/técnico, especialmente en algunos componentes a los cuales nos referiremos luego.

Esto puede lograrse creando pequeños equipos técnicos de muy alto nivel de competencia, para apoyar algunas funciones públicas especialmente sensibles. Estos equipos servirían de filtros formales que analizarían los asuntos más importantes en cada caso y asesorarían a los jerarcas políticos en cuando a las decisiones pertinentes. Harían además informes cuando el caso lo amerite que serían de consulta obligatoria. Sus decisiones no serían vinculantes. Dichos equipos operarían a nivel de la presidencia de la República y en los niveles más altos de jefatura de ministerios e instituciones autónomas. Son elementos apolíticos, seleccionados por algún mecanismo especial que garantice su competencia y pueden ser despedidos cuando incumplan sus planes de trabajo.

Veamos, con la brevedad posible, algunas de estas funciones técnicas, especialmente en el campo de la gerencia.}:

Dirección. Todo ministerio y toda institucional pública debería de saber hacia donde va y cómo se conecta con otras instituciones para alcanzar fines comunes, que no son otros que el bienestar de toda la población. El principal instrumento de dirección son las Políticas de Estado (PE) de las cuales carecemos y que deben tener como mínimo 4 componentes: metas globales; grandes acciones; condicionantes habilitantes y, resultados esperados. El equipo técnico diseña las políticas y, una vez aprobada por el jerarca, entra en contacto con sus ejecutores para controlar su ejecución.

Ejecución. La Platina es la expresión popular de este problema. El Estado no ejecuta y en muchos casos obstaculiza la ejecución. Si hay dirección, lo que el gerente ejecuta son los resultados esperados anuales para llegar a las metas del cuatrienio. Son gerentes de altísimo nivel de competencia, en coherencia con las demandas y complejidad de instituciones como el INS, la CCSS, el MOPT, el MEP, etc. En cierto sentido, funcionarían como un segundo nivel de organización, bajo control por resultados. Debería ser un elemento “apolítico” y estable, porque su trabajo lo definen las PE, con las variantes que surjan en cada nuevo periodo de gobierno. El éxito del gerente del nivel de ejecución es producir los resultados esperados definidos en las PE. El incumplimiento es causal de despido sin responsabilidad patronal.

Estos dos elementos son el principio de ordenamiento o rediseño de un nuevo modelo de gestión pública. Al gerente se le debe imponer un mecanismo que, en instituciones grandes, debería ser utilizado por los supervisores cuando menos en los niveles 2 y 3 de gerencia. Cada gerente establecerá las metas del año en un formato sencillo, inteligible y con los siguientes componentes para cada año: metas, acciones principales, condiciones particulares que pueden determinar el éxito o fracaso y, resultados esperados (repite en parte la estructura de las PE). Si la organización respectiva no cumple con los resultados esperados, la evaluación del desempeño no podrá ser buena o excelente.

Regular el crecimiento del Estado. Este monstruo de 330 cabezas es una buena parte de nuestro problema. Las entidades públicas son el producto de ocurrencias que no encuentran los filtros para evitar el despilfarro en personal y entidades innecesarias. El presidente, igual que sus jerarcas, también debe tener su equipo técnico de gran nivel de competencia. Para evitar que las ocurrencias nos sigan costando dinero, la propuesta es que el congreso debería tener la facultad para crear nuevas funciones, pero la ejecución le compete al presidente. Su equipo de expertos técnicos se encargaría de estudiar cada caso y rendir su informe, que incluye detectar fricciones con otras entidades, descubrir duplicidades y despilfarro; establecer posibilidades de integración a entidades existentes, etc. De nuevo, el informe técnico debe formar parte de la toma de decisiones, sin ser vinculante.

Municipalización y participación civil. El problema es el centralismo y sus consecuencias, incluso la corrupción. En nuestro país las municipales no cuentan, porque carecen de la autoridad de gobierno, de la competencia para ejercerla y del presupuesto respectivo. Con 82 cantones y tendencia a crecer, las municipalidades simplemente repiten los problemas del Gobierno Central, especialmente en ineficiencia y corrupción. En el mejor de los casos es parte de la dispersión de recursos del Estado y su ineficacia. El país debe, con urgencia, iniciar la discusión para crear unas 12 organizaciones regionales, con la autoridad para ejercer la función de gobierno en todos los sectores, con las competencias necesarias para ello (capacitación permanente), y los recursos correspondientes. Mantener el sistema actual agrega a los problemas del Estado no aporta transparencia.

En fin ¿cuál es el alcance de la propuesta? Partimos de dos problemas, un Estado oneroso e improductivo en los que invertimos el 75% del PIB y la mala administración que impide que esos recursos se reflejen en condiciones para un nivel superior de bienestar social y económico. Los posibles beneficios de los cambios propuestos son:

  • Primero, detener y tal vez reducir la locura del tamaño del Estado, ineficiente e inviable. Una nueva función técnica especializada ayudaría al Gobierno a evitar las ocurrencias que se traducen en entidades y más costos. El equipo propuesto podrá analizar la macroestructura estatal y buscar economías, racionalización y, sobre todo, beneficios sociales.
  • Segundo, la administración de ese mastodonte institucional empieza por darle mayor sentido de dirección. Son las Políticas de Estado las que pueden hacerlo y agregar un elemento nuevo de cultura institucional: los resultados esperados. El segundo y tercero serían la base de un nuevo modelo de gestión pública.
  • Tercero, la ejecución en la que se gasta el dinero, pero sin productos visibles. Si se profesionaliza es posible que una nueva cultura de administración por resultados pueda instalarse, a la vez que agrega un elemento de control: no lograr los resultados es causal de despido sin responsabilidad patronal y los trabajadores no podrán alegar evaluaciones buenos o excelentes, con sus implicaciones económicas.
  • Cuarto: la municipalización es un fracaso incorregible en su forma actual. Hay que acabar con el centralismo, entre otras razones por transparencia, y llevar el gobierno más cerca del pueblo. Pero esto solo se puede hacer si cambiamos la división política administrativa en una docena (aproximadamente) de gobiernos regionales, con toda la autoridad y los recursos para estimular la participación ciudadana y mejorar la transparencia pública.

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