Eduardo Carrillo: No más impuestos…

Se equivocan los economistas del Banco Central y del BID en creer que, con más recursos, nuestros problemas encontrarán alguna solución.

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

Un subtítulo de CRHOY reza así: “Problema estructural de las finanzas disparará mayor necesidad de recursos tras la pandemia”. El título es más doloroso: “BID y Banco Central sugieren que Costa Rica aumente el IVA al 15%”. El sentido común, que sustenta el pensamiento keynesiano, sugiere, primero, que la economía no soporta más impuestos, que tal decisión deprimiría aún más crecimiento y, peor, que nuestros indicadores sociales caerían en forma dramática.

No es necesario incurrir en la argumentación del pobrecito para respaldar la afirmación del daño de la propuesta del BID y el Banco Central. El desempleo se encuentra en niveles altos, lo cual lleva a la reducción del consumo y, a su vez, al empobrecimiento empresarial, que seguro incluirá la desaparición de una buena parte del comercio. Ya se estima que el crecimiento pasó de +3% a -3%. Estamos en recesión.

Lo que más duele es que nos quieren meter gato por liebre. “Según las autoridades económicas, el país ya había iniciado un camino hacia el saneamiento fiscal con la reforma aprobada en 2018, sin embargo la pandemia vino a cortar ese camino”. Esto es simple mentira y dos hechos lo comprueban. El presidente predicó en el 2019 racionalidad del gasto (regla fiscal), pero ese mismo año aumentó su presupuesto en 17%, cuando la inflación estaba en 2.0 (cifras oficiales de la CGR). Un segundo acto descubre la falacia del gobierno: a pesar de que varios jerarcas han reconocido lo que todos sabemos, que los excesos de personal que registran las instituciones públicas podrían llegar hasta el 50%. No obstante, la Administración Alvarado Quesada aumentó 37 mil plazas en menos de 2 años que lleva su gobierno (fuente INEC). Más que equilibrar las finanzas públicas, la reforma fiscal simplemente alimentó la tendencia creciente del gasto público. El país se empobreció porque agregó más gasto, precisamente en un rubro con importantes excesos. Pagamos más y recibimos menos.

Sorprende que el Presidente del Banco Central y el BID coincidan en la misma fórmula que nos llevará por el camino equivocado. OCDE en cambio ha sido más honesta en señalar algunas fuentes de empobrecimiento. Por ejemplo, el crédito costoso, el doble de la región y de la media de los países miembros esa organización, por simple ineficiencia. El crédito es un eje importante de la economía, pero no hacemos nada para bajar los costos burocráticos y de intermediación bancaria. También son elevados los costos de la energía, pero no hay acciones serias para mejorar la eficiencia del ICE. Tenemos una tendencia a la dispersión que duplica y cuesta. El CNV, que ya dejó de cumplir una función útil para la economía nacional, nos cuesta más de 90 mil millones de colones anuales. El IFAM, que si desapareciera nadie lo notaría, nos cuenta más de 7000 millones de colones. El ICE se empeñó en una inversión (proyecto de Diquís) con un costo cercano a los $4000 millones y lo abandonó con una inversión perdida de $144 millones. Las pérdidas millonarias por atrasos, sobrecostos e ineficiencia son comunes en la mayoría de sus proyectos que asume el Gobierno.

Seguimos pagando una jugosa planilla por refinación de petróleo que se abandonó hace unos 7 años. Sin duda tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo, pero hay costos importantes de ineficiencia, como lo ha demostrado OCDE y como lo confirman los costos adicionales (varios miles de millones anuales) que asume la CCSS cuando retoma la administración de los EBAIS del este (San Pedro, Curridabat y parte de La Unión). Hay más de 1000 EBAIS en el país, lo cual sugiere las economías que serian posibles por un modelo de tercerización con cooperativas, una forma de empresariado social que constitucionalmente estimulamos. Las pérdidas son incontables por mala administración pública.

¿Cuánto nos cuesta la ingobernabilidad? Mencionamos en el párrafo anterior algunos pocos ejemplos de la multiplicidad de situaciones de despilfarro del estado costarricense, que tienen características que lo hacen inmanejable (según expresión de la Exministra de Hacienda y la Contralora General de la República). Yo prefiero decir que el Estado que hemos construido ha creado una condición de ingobernabilidad permanente, cuyos costos son contundentes y repetitivos.

El Estado, según datos de la CGR nos costó en el 2019 más de 28 billones de colones equivalentes al 75% del PIB. No sabemos cuánto nos costará con la pandemia, pero podría ser una cifra sustancialmente mayor. Tiene unas 330 entidades públicas que sorprendió a un experto de OCDE que creía que Uruguay, con unas 150 entidades, era el más grande del mundo. Aquí descubrió que el nuestro más que duplica a Uruguay, pero en nuestro caso hay más de 80 entidades en algún régimen de autonomía. Ello debilita el control de los recursos públicos y crea regímenes laborales con costos que son privilegio para unos y discriminación para otros, precisamente contrario al principio de igualdad que establece la Constitución en su artículo 33.

El costo de la ingobernabilidad hay que buscarlo en ese equivalente al 75% del PIB que gastan más de 330 entidades públicas, en las que laboran más de 300 mil funcionarios sin un control eficaz y sin que se cuente con los medios para saber si están aportando al desarrollo del país. El país no ha querido entrar en una cultura de rendición de cuentas sustentada en resultados obtenidos. Gastar lo que nos cuesta hoy el Estado y agregar aún más recursos (impuestos) no se verá reflejado en mayores niveles de bienestar para todos; en que la pobreza se baje a niveles razonables cercanos al 10%; en que el empleo se reduzca a un 3% o 4%; en que el crédito tendrá costos razonables, tal vez la mitad de los actuales; en que el crecimiento llegue a un nivel del 5% o mayor, como lo requieren las condiciones del país; en costos competitivos de la electricidad; en cargas laborales razonables; y, en que no seamos líderes de la región en desigualdad.

Se equivocan los economistas del Banco Central y del BID en creer que, con más recursos, nuestros problemas encontrarán alguna solución. Con más recursos hemos venido alimentando un Estado oneroso, disfuncional, y empeorando la situación del país. Es ahí donde están los problemas estructurales, no en carencias de recursos, sino en excesos improductivos. Ese es el problema estructural ¿Tendrá el Banco Central y el BID los parámetros para determinar hasta que proporción del PIB debería representar el gasto público sano? ¿Es compatible un gasto estatal equivalente al 75%del PIB con un déficit del Gobierno Central que posiblemente llegará pronto al 10% y una deuda pública en el entorno del 70%? ¿No les preocupa la posibilidad de entrar en un ciclo indefinido de “insuficiencia/ineficiencia” alimentado por más gasto?

Señores el problema no es económico, es institucional y es político.

 

 

 

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