Eduardo Carrillo: Política, democracia y nuevos retos

La Políticas de Estado darían la oportunidad de considerar el tipo de Estado que queremos construir como base para superar nuestras mayores deficiencias. Pueden, además, constituir un medio eficaz de comunicación entre el Gobierno y la ciudadanía, articulado al compromiso político electoral; y convertirse en un enorme aporte a la democracia funcional que todos desearíamos.

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

La crisis que enfrenta Costa Rica es global. La crisis fiscal es una ficción producto de la composición estructural de Estado y la distribución de los recursos entre sus entidades públicas, hoy más de 335 de ellas. La clase política ha demostrado con creces su incapacidad de gobierno para administrar el Estado colapsado, oneroso y dispensable, porque no produce los beneficios sociales que se esperan de la democracia.

Cuatro aspectos resultan particularmente irritantes para el costarricense: 1) la ingobernabilidad del gigantesco aparato estatal y su alto costo presupuestal, en prepandemia, equivalente a más del 75% del PIB nacional; 2) el efecto sobre la economía, en la medida que ese costo burocrático acumula altos niveles de ineficiencia y, por tanto, representa capacidad productiva perdida; 3) crecimiento insuficiente, el cual debe ser superior al 5% para satisfacer las necesidades económicas y sociales del país; y, 4) la voracidad fiscal para cubrir el gasto público ineficiente y excesivo. El ciudadano no solo le molesta esta situación, sino que percibe burocracia estatal como algo distante e irrelevante a sus aspiraciones sociales y económicas. En esencia su enemiga.

Las encuestas coinciden en identificar el estado de ánimo de la población, contra la institucionalidad democrática y las jerarquías políticas. Los indicadores del Latinobarómetro exponen niveles de desconfianza en las principales instituciones de nuestra democracia, entre ellas el poder judicial, la autoridad electoral, el congreso y el poder ejecutivo. Los niveles de confianza en los partidos políticos apenas llegan al 20% de la población y una encuesta muy reciente de Borge y Asociados pregunta ¿Con cuál partido político simpatiza usted actualmente? El 66% contesta “ninguno” y el PLN es la mayor fuerza política, con solo el 19,3% del electorado. Los restantes partidos tienen una «simpatía” de 6,7% o inferior. Por supuesto, al final de cuentas la población irá a votar y nombrará, seguro en segunda ronda, a uno de dos candidatos, como ocurrió en las más recientes elecciones, pero la legitimidad y el apoyo popular le restan fuerza al gobierno y a la democracia que practicamos en Costa Rica.

El Estado costarricense está colapsado. La población de ingresos medios y bajos, imposibilitada de esconderlos con sofisticados recursos contables, es la que paga los enormes costos de la ineficiencia de un Estado que es, además, demasiado grande para nuestras necesidades. Las estimaciones de la evasión y la elusión son escandalosamente elevadas. A la vez, numerosos informes documentan los excesos públicos, altas cargas sociales, elevados costos de electricidad y combustibles y, el costo de la burocracia publica, según OCDE, en términos relativos la más alta, comparada con la media de cualquiera de las regiones del planeta.

Es posible que Costa Rica requiera la mayor transformación desde la Segunda República, totalmente colapsada desde hace varis décadas. La economía no mejorará a los niveles requeridos (de nuevo, por encima del 5%) mientras el despilfarro estatal comprometa al equivalente del 75% o más de los recursos nacionales, gastados en una burocracia costosa e improductiva. En realidad, el país necesita reducir sustancialmente el Estado, pero debe hacerlo con un sólido crecimiento que absorba con creces la pérdida de empleo público con oportunidades y empleo en el sector privado. Los dos gobiernos más recientes tienen una clara vocación al gasto y no se podrá esperar más de ellos. En el mejor de los casos agudizarán la crisis nacional con gasto improductivo creciente. El PLN se encuentra con la disyuntiva de desmantelar un estado paquidermo que fue su propia creación. Entre los precandidatos alguno ha dicho que no cerrará instituciones innecesarias e ineficientes, mientras otros apuntan a una reforma de la estructura institucional del Estado. El riesgo de un Estado oneroso que absorbe una cantidad excesiva de los recursos nacionales, solo para beneficio de algo menos del 14% de la fuerza laboral, sigue latente. Tal vez esa cifra sea bastante menor, porque los privilegios del empleo público cubren a las jerarquías políticas y los estratos superiores de la burocracia pública, quedando en situación precaria una parte importante de la planilla pública.

No todas son fallas inocentes. El país se parte en más de 82 pedazos (municipios) que arrastran las mismas deficiencias del gobierno central, sin funciones reales de gobierno, sin competencias, sin recursos y autoridad; hay, por otra parte, un centralismo mesetero donde se concentra la mayor parte de los recursos nacionales. Es un Estado estructuralmente inequitativo, en perjuicio de la periferia urbana y rural. Además, propiciador de la corrupción, también concentrada en la meseta central porque ahí está la mayor parte de ese 75% del PIB nacional, prestos a retribuir los aportes económicos que dominan el proceso electoral y, por tanto, las estructuras de gobierno.

Enfrentamos una crisis nacional y no una crisis fiscal (fisco: erario público) cuyo monto es superado en mucho por la sumatoria de los superávits de las entidades públicas. Al respecto la CGR también nos recuerda que es similar al monto del préstamo cercano a los $2000 millones, asociado con un posible acuerdo con el BID. La crisis nacional se encuentra por cualquier parte que veamos al Estado. Hay una crisis de autoridad, porque el Estado carece de unidad y muchas de sus entidades se encuentran en conflicto con el Gobierno Central. La autoridad del ejecutivo se ha ido quebrantando, en buena parte por las instituciones que reclaman una forma autonomía contraria a nuestra condición jurídica de Estado Unitario y al principio de RECTORÍA.

Además, las decisiones parecen sucumbir ante el peso de los intereses corporativos. Pequeños grupos pueden paralizar la economía nacional y congelar el derecho constitucional de libre tránsito por las principales vías nacionales. A ello se agrega la incapacidad de las jerarquías políticas de cumplir con su función principal de establecer la direccionalidad de la totalidad de los recursos del Estado, lo cual se lograría con Políticas de Estado inteligentes y mecanismos eficaces de control por resultados. En general este valioso recurso es ignorado o se construye por simple inercia, en ausencia del ejercicio de la autoridad ejecutiva en aras de unidad de propósitos y articulación de recursos en torno a los más altos intereses nacionales. La Políticas de Estado darían la oportunidad de considerar el tipo de Estado que queremos construir como base para superar nuestras mayores deficiencias. Pueden, además, constituir un medio eficaz de comunicación entre el Gobierno y la ciudadanía, articulado al compromiso político electoral; y convertirse en un enorme aporte a la democracia funcional que todos desearíamos.

Estas son unas pocas de las muchas dimensiones de la crisis real que encara el país. Ya en proceso electoral de cara al 2022, ninguno de los contendientes ha podido dar muestras de la visión y el carácter político que nos lleve por la ruta de correctivos estructurales y de una democracia más acorde con su finalidad de llevar bienestar a todos, sin las groseras exclusiones que hoy golpea a una buena parte de la población. Es posible que, frente a la incapacidad política partidaria, la única vía sea la de una constituyente que nos permita concentrar lo más selecto de nuestras reservas intelectuales y tecnológicas para integrar una visión de futuro que nos lleve por el camino del desarrollo en todas sus dimensiones sociales, políticas y económicas. De pronto, pondríamos las bases de la Cuarta Revolución Industrial, vía por la cual ya transitan los países más avanzados del planeta.


 

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