Eduardo Carrillo: Presupuesto público – fuente de empobrecimiento y hostigamiento fiscal

Recordemos, una vez más, que el presupuesto público total excede los 18 billones de colones, suma que hoy debe superar la última de prepandemia, cuando alcanzaba el equivalente al 75% del PIB nacional.

0

Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

Es el costo del Estado nos empobrece. Cuando se hablaba de una crisis fiscal, de la importancia de la racionalización del gasto y la necesidad de más recursos públicos, que dio lugar al proyecto fiscal que el congreso aprobó en el 2018, el Gobierno dio muestras de irresponsabilidad aumentando su presupuesto en casi un 18%. Hoy, según los medios de comunicación, una vez más, la regla fiscal no se cumple en la propuesta del presupuesto del Gobierno Central para el 2022. La suma en exceso es de 78 mil millones de colones en el rubro de gasto corriente.

Recordemos, una vez más, que el presupuesto público total excede los 18 billones de colones, suma que hoy debe superar la última de prepandemia, cuando alcanzaba el equivalente al 75% del PIB nacional. También es bueno recordar que, según la Contraloría General de la República, la sumatoria de los superávits de las entidades públicas llegan a una cifra muy similar al préstamo que se negocia con el FMI ($1750 millones).

La regla fiscal es un truco para sugerir responsabilidad política, que se combina con irresponsabilidad fiscal. Con un presupuesto público que supera el 75% del PIB, la regla fiscal, si se cumpliera, simplemente continúa engordando la sustancial cifra del gasto público. Lo responsable sería reducir sistemáticamente el gasto y llevarlo a niveles razonables. Un 4% de crecimiento simplemente garantiza que el gasto innecesario, ineficiente y corrupto seguirá creciendo, cuando ya, en términos relativos, es uno de los más altos de planeta. Y el rubro de salarios sigue creciendo, ya sea porque se sigue contratando personal, a pesar de las cargas laborales excesivas que todos conocemos o por injustificados privilegios. La OCDE no ha recordado que el rubro de salarios, en proporción del gasto público total, es el más alto del planeta, si se comparan con las medias de cualquier región del mundo.

¿Cuántos países del mundo pagan a sus empleados públicos 14 salarios por 12 meses de trabajo? Y eso presumiendo que el trabajo se realiza, pero sabemos de notables excesos de personal que, simplemente, no tienen nada que hacer. Cuenta en ello redundancias creadas por el régimen de adscripciones; entidades enteras que ya no tienen una función pública razonable, como el CNP; funciones que no existen como la refinación de petróleo que no se refina desde hace casi una década; y, las irresponsabilidades que siempre existieron en JAPDEVA.

El país está sumido en pobreza, desigualdad y destrucción de la clase media. Y mientras las cosas empeoran, el Estado se encuentra en abierta hostilidad fiscal contra la población, especialmente contra los sectores en alguna forma de planilla, que no pueden ocultar sus ganancias. Los ricos pagan como pobres, porque tienen medios legales para la elusión o simplemente ocultan sus recursos y ganancias. La Platina, la corrupción de La Trocha que el sistema legal permite con casi una década de inacción; los miles de millones del caso la cochinilla; los $150 millones que le costó al ICE cerrar la planta de Diquís y el doble de los costos pagados por la planta del Reventazón que produce solo la mitad de la energía esperada, entre muchos otros, son costos que salen del bolsillo de los costarricenses. Es una millonada de dólares que se gasta sin ningún propósito claro y que el Estado trata de resolver con más impuestos. Hasta el más ignorante sabe que los impuestos crecientes son el principal enemigo del crecimiento económico y de la generación de empleos.

Los impuestos no son la solución. El problema es un patrón de distribución de los vastos recursos públicos, entre más de 330 entidades, la mayoría de las cuales no aportan al desarrollo del país y al bienestar colectivo de toda la población, finalidad última de la democracia. Sí, el Estado ha fracasado y al hacerlo, también fracasa la democracia. La crisis que enfrenta el país pasa en mucho por un mal diseño del Estado; por millones y millones que se pierden en ineficiencia; por la corruptela, por cierto, impulsada por el centralismo; por los obstáculos impuestos sobre la actividad económica privada; y, por la incapacidad o indiferencia de los gobiernos de turno en focalizar los problemas y resolverlos. Los impuestos son simplemente una forma de cubrir ineficiencia, corrupción, incapacidad, privilegios, etc. Es, en esencia, la forma de alimentar la crisis con recursos que no tenemos y con acciones que no guardan coherencia alguna con la naturaleza de las numerosas crisis que enfrenta el país, sin que la fiscal del Gobierno Central sea la más importante. El pueblo no come cuento y los riesgos que enfrente la democracia en el futuro debe caer sobre las espaldas de la clase política.

COVID-19
Suscribase COVID-19

También podría gustarte Más del autor

Comentarios

Cargando...
La Revista es un medio de opinión libre y gratuito, pero necesitamos su apoyo, para poder continuar siéndolo Apóyanos aquí
Holler Box