Eduardo Carrillo: Reflexiones sobre los bloqueos

Somos una República democrática, como dice la Constitución, y, un pueblo que tal vez se ha excedido en las prácticas democráticas (libertinaje e indisciplina), lo que posiblemente sea un factor del “mal gobierno”.

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

Objetivos: crear un entorno de inestabilidad, especie de río revuelto en el que ciertos extremismos quieren pescar. Los riesgos involucrados se exacerban por la evidente debilidad de las autoridades nacionales que, con el pretexto de mantener la paz y la democracia permiten estos actos delincuenciales.

Legalidad: la actuación del pequeño grupo de costarricenses que han bloqueado las principales rutas nacionales es ilegal porque impiden el libre tránsito de la población y la logística del transporte de personas y de la producción nacional. Nos movemos en condiciones de ilegalidad que fácilmente caen en sedición, según lo dispone el artículo 4 de la Constitución.

Organización: el liderazgo visible estuvo compartido por el exdiputado José Miguel Corrales, Célimo Guido y mejicano naturalizado costarricense Hermenegildo Ismael Gonzáles Alvarez, delincuente que ha sido condenado por narcotráfico y que cumplió condena carcelaria. Se agregan algunos revoltosos bien conocidos de la zona norte (pelean entre ellos mismos) y un político desteñido cuyo principalmente mérito es la defensa del monopolio del arroz y el mayor costo de este producto para la población de bajos ingresos.

El grupo originalmente pretendía una reforma para la revocatoria del presidente de la república vía referendo, pero las palabras de Guido sugieren el mismo propósito por otras vías, por ejemplo, cuando afirma que “aquí tenemos que jugarnos la vida, el pellejo, para salvar esta patria”. Los liderazgos hablan de derramamiento de sangre y por anticipado culpan al presidente por ello. En general la retórica de la violencia ocupa un espacio especial entre las cabecillas encendidas de unos cuántos individuos, pero adquieren resonancia con la intervención de los medios. Los brotes en lugares estratégicos, seleccionados para causar el mayor daño posible, reflejan una cuidadosa planificación del movimiento. Esos brotes están cuidadosamente articulados en tiempos y espacios preestablecidos. Toda esa planificación y movilización tiene un costo que no sabemos quién lo paga, aunque se especulan orígenes externos.

Las víctimas: primero los empresarios, como parte de un esfuerzo para crear una división entre ricos y pobres. La imagen es bien conocida y ha sido práctica en Cuba, Venezuela y otros países, donde los nuevos dueños del capital (el Estado, representado por militares, políticos y narcotraficantes) tienen empobrecida a las grandes mayorías. Para algunos de nuestros ”líderes” no importa que una buena parte del PIB sea de origen privado y que aporten más del 80% de la fuerza laboral (empleos). Más allá de este daño ideológico, pierden también los transportistas de gente y carga; los campesinos que no pueden llevar sus productos al mercado; el pequeño empresario que tiene que cerrar su negocio; la industria que deja de producir, reduce sus ingresos y baja sus aportes fiscales; los enfermos que pierden acceso a las clínicas y hospitales y, la propiedad pública y privada que es destruida o quemada.

Las consecuencias políticas: los dos gobiernos del PAC han sido catastróficos para el país. El actual revela una falta increíble de autoridad por parte del ejecutivo y, para la situación de profunda crisis, la incompetencia del equipo económico es un problema mayor. La propuesta base de un acuerdo con el BID ha sido rechazada por la inmensa mayoría de los costarricenses, por desequilibrada y por la carga contributiva enorme, cuando el país se encuentra empobrecido.

Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural, dice textualmente el artículo 1 de la Constitución. Pero los políticos nos han fallado y hay un entorno de enojo generalizado contra el Estado y su institucionalidad. Solo el 12% de los costarricenses votantes apoya a los partidos políticos y la confianza popular en las demás instituciones se encuentran todas ellas por debajo del 50%. El costarricense necesita urgente un “buen gobierno” para volver a creer en la democracia, que nos ha fallado.

Los parones de estos días son obra de un pequeño grupo de figuras que han perdido espacio político y quieren recobrarlo por medios cuestionables o abiertamente ilegales. Las condiciones del país y los inútiles gobiernos del PAC abren portillos para que el populismo de izquierda o de derecha penetre y reciba algún nivel de respaldo popular. Aunque generalmente débil y conformado por figuras desteñidas de nuestra política, el sentimiento nacional es propicio para algún régimen que puede tener consecuencias catastróficas para el país.

Los grupos autoexcluidos por actos contrarios a la democracia y a la Constitución Política. El país debe resolver sus problemas en el marco de la democracia. “Costa Rica es una República democrática” y la democracia es también negociación y respeto al ordenamiento constituido acto soberano electoral. El llamado Movimiento Rescate Nacional es un grupo pequeño que ha violentado las reglas democráticas. Sus medios son el ataque violento contra las autoridades legítimas, el matonismo y el uso de la violencia. Después de 16 días de paros que dañan la economía nacional, ahora le dicen al Presidente Alvarado que si no lo recibe amenazan con levantar al país. El llamado Movimiento Rescate Nacional es parte del problema y no debe ser parte de las soluciones democráticas que impulse el Gobierno. Ceder sería una muestra de debilidad extrema por parte del Poder Ejecutivo, un golpe severo contra la democracia y la legitimación de los métodos antidemocráticos de esa agrupación de facinerosos y revoltosos, cada vez más cerca de lo que la Constitución define como sedición.

La disciplina en democracia: el país sufre una situación delicada, en considerable medida por la estructura institucional que constituye el principal factor de ingobernabilidad. También hay formas de comportamiento del costarricense que no ayudan a concretar los beneficios sociales de la democracia. Entre ellas se destaca un concepto de la participación civil marcada por el no se puede y por una oposición sistemática contra todo tipo de reforma. Nuestros gobiernos parecen aceptar esas actitudes y rehúsa actuar en el marco del compromiso político que lo llevó al poder. Los países que hoy progresan con mayor celeridad son especialmente los asiáticos, como China, Singapur, Corea del Sur, para mencionar unos pocos ejemplos. No son modelos de la democracia que queremos para nuestro país, pero algo debemos aprender de la relación que en estos países es obvia entre disciplina cívica y progreso social. Mucha autoridad perderá el Gobierno si le abre las puertas de la negociación al llamado Movimiento Rescate Nacional, bajo la amenaza de mantener los paros ilegales y la violencia que han ejercido contra la autoridad legalmente constituida.

El futuro: somos una República democrática, como dice la Constitución, y, un pueblo que tal vez se ha excedido en las prácticas democráticas (libertinaje e indisciplina), lo que posiblemente sea un factor del “mal gobierno”. Somos un país rico, pletórico de recursos, aunque sea contradictorio con la crisis fiscal del Poder Ejecutivo, mientras otros componentes del Estado funcionan en condiciones históricas superavitarias y de bonaza. Invertimos en el Estado más de 28 billones de colones, equivalentes al 75% del PIB. Los escandinavos, Noruega, Suecia y Finlandia, gastan solo el 52% del PIB y la media de Brasil, Argentina y Uruguay apenas llega al 38%.

No es la falta de recursos nuestro problema, más allá de la pandemia, sino un problema de organización institucional y métodos que conducen al despilfarro extremo. Los ejemplos abundan y se encuentran en la nueva planta del Reventazón, el cierre de Diquís, la torta de $8 millones de AyA, la carretera a San Carlos, La Platina y La Trocha, para mencionar casos notables. Son estos los factores estructurales que no nos dejan focalizar los recursos en metas claras (Políticas de Estado) de las que carecemos. Deberíamos entender también, que hay un enorme componente técnico en la administración de Estado y sus instituciones, no contemplado en nuestros modelos de gestión pública. Son aspectos esenciales que debemos corregir para poder cumplir con los fines últimos de la democracia: el bienestar de todos, sin exclusiones. Mientras no lo hagamos, muchos portillos abrirán serios riesgos para nuestra democracia. Y los políticos nos siguen fallando en focalizar sus esfuerzos y recursos a reformas reconocidas en múltiples estudios. La tarea pendiente es ejecutarlos.

 

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