Eduardo Carrillo: ¿Se justifica el acuerdo con el FMI?

No lo creo, pero acepto una pseudo-justificación porque el país no tiene la voluntad y el carácter para tomar decisiones de fondo sobre nuestros llamados problemas estructurales

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

Según los economistas, sin el acuerdo StanBy con el FMI es fundamental para el país. No solo es una afirmación acorde con la situación del país, sino que rechazarla produciría efectos catastróficos en nuestra economía. El principal beneficio, según los economistas, resulta de confianza que gana el país ante los mercados financieros internacionales. Pero esto ocurre porque hemos gastado por encima de nuestras posibilidades, de donde surgen dos indicadores importantes: el déficit fiscal del Gobierno Central es sustancial (8.3% del PIB) y la deuda externa sigue la misma tendencia creciente (70.3% del PIB). Sin embargo, si el déficit y la deuda externa son tan peligrosas, cómo es que tantos países la mantienen tal alta y no están crisis. La media de los países asociados en la OCDE es 84%, las de Canadá, Reino Unido, EE. UU., Japón, superan sustancialmente el 100%. Los economistas tienen respuesta para ello, pero yo, administrador de profesión, prefiero explorar otras respuestas.

Me preocupa saber cuál es el curso que lleva el país y si ese curso nos pone como una de las tantas democracias frágiles, a pesar de que todavía se nos recuerda como la más sólida de la región de América Latina y el Caribe, única que se libró de las dictaduras en la región de América Latina y el Caribe (ALC). En varias oportunidades he sugerido que nuestra democracia ha fracasado y que los políticos han revelado su incapacidad para administrar el Estado y sus instituciones. Ese fracaso es consistente con el daño que la política es capaz de infringir a la democracia liberal, pero a su vez, al menos en el plano conceptual, hemos aceptado que la política es consustancial con la democracia. Y la clase política parece ser insensible al nivel de confianza que le da la población en nuestro país, que solo llega al 12% de la población en una escala de 1 a 100. Aun así, la clase política no parece preocupada de seguir en una presunta práctica de la democracia, que tiene un alto rechazo popular.

Reitero mi argumentación de artículos previos: la crisis fiscal no es real y contrasta con un país que, en prepandemia, nos costaba más de ¢28 billones, equivalentes al 75% del PIB. Según mis propias pesquisas, la media de Brasil, Argentina y Uruguay ronda el 38% del PIB y la de los países nórdicos el 52% del PIB (Noruega, Suecia y Finlandia). La crisis fiscal es un indicador válido, pero, con disculpa de los economistas, la he caracterizado como una crisis institucional. Otros datos respaldan mi postura: según un reciente informe de la Contraloría, el superávit estatal tiene una dimensión muy parecida a la deuda pública y similar al monto del préstamo que estamos negociando con el BID. La mitad de ese superávit es libre y la otra mitad está asociado con compromisos que posiblemente merezcan un análisis crítico. Otro dato interesante, emanado de la OCDE, organización de la cual formamos parte, el gasto en remuneraciones, como proporción del gasto público total, es el mayor de todas las regiones del planeta.

No debería sorprendernos, pues sabemos de las sobrecargas laborales y sus costosos privilegios, pero estos datos fortalecen la argumentación que la clase política parece ignorar. Una buena parte de la población acepta que el Estado se vuelva en una institución de beneficencia al tener personal costoso que no necesita y, sustentado en ese valor, rehusamos aceptar éticamente el despido personal innecesario. Lo que no alcanzamos a comprender es que el fracaso del Estado nos impide focalizar nuestros recursos en la meta de bienestar social sostenible y que ello representa el fracaso de la democracia, porque esa es su finalidad. Podríamos agregar toda una compleja problemática institucional que tiene los mismos efectos, pero sería redundar sobre argumentos anteriores.

Volvamos a la pregunta que sugiere el título de estas notas: ¿Se justifica el acuerdo con el BID? No lo creo, pero acepto una pseudo-justificación porque el país no tiene la voluntad y el carácter para tomar decisiones de fondo sobre nuestros llamados problemas estructurales. Es decir, la decisión política parece sustentarse en dos postulados: que, aunque conciente o subconscientemente, aceptamos como reales, razón por la cual encontramos confort en principios económicos que nos alejan de nuestra compleja realidad, pero permiten que sigamos funcionando mal, con costosas cargas que ponemos sobre las espaldas de los más vulnerables, especialmente en la clase media y los sectores en pobreza y pobreza extrema. La evidencia histórica apunta a que no lograremos un crecimiento cercano al 7%, que es lo que el país necesita para su desarrollo en equidad, en el futuro previsible. Seguiremos conformes cuando los economistas nos den las buenas noticias de que la economía crece a un 2% o cifra similar y aceptando los problemas estructurales subyacentes, hasta que exploten en una crisis social cuyos resultados son imprevisibles.

No tiene que ser así, pero cambiar de rumbo sin duda requiere mucha visión y, sobre todo, carácter. El acuerdo con el FMI para mantener el statu quo, es decir, ignorar la responsabilidad social de atacar los problemas que detienen la posibilidad de buscar una forma de desarrollo más justo y sostenible. Aceptamos que el estado actual de nuestros múltiples problemas se mantendrá, si es que la sociedad no reacciona en forma más contundente, tal vez con beneficios importantes, tal vez incurriendo en problemas mayores que lo actuales. O, en otras palabras, el razonamiento económico en la medida que todo lo que está mal, siga igual. No ofrece soluciones de fondo, porque tal vez no sean políticamente viables.

No puedo concluir esta crítica sin mencionar, muy de paso, algunos temas estratégicos que he abarcado en artículos previos sobre nuestra problemática: 1) cultura: debemos reconocer el carácter sagrado de los recursos públicos y entender que es una violación importante dedicarlos para fines distintos del bienestar de todos. El Estado no es un organismo para la beneficencia, sino para un bienestar integral y sostenible de nuestra población. La corrupción es parte de nuestro despilfarro; 2) la política es insuficiente para enfrentar los retos de la administración del Estado y sus instituciones. Hay un fuerte componente técnico que debe potencializar el aporte político, pero institucionalmente y no como la inmoral presencia de asesorías de base politiquera; 3) la ingobernabilidad está asociada con estos problemas. Nadie puede manejar 330 entidades públicas, dotadas de más de 300 mil funcionarios de dudosa calidad técnica; 4) la centralización mesetera reduce nuestra democracia, aporta a la corrupción y tiene un efecto inequitativo en la distribución de los recursos. La municipalización de 82 cantones es un engaño técnico y democrático. Una descentralización real, en unas 12 regiones, con funciones de gobierno y los recursos para ello es esencial; 5) un nuevo sistema presupuestal debe basarse en control por resultados y no en cuotas que no reconocen las necesidades y prioridades nacionales; 6) deben cuestionarse la calidad y necesidad de juntas directivas o órganos similares. Si no interfieren con el principio de unidad de mando y si no aportan a la excelencia de la institución pertinente, no deben existir. La representatividad corporativa no puede estar por encima del interés nacional, con el cual entra fácilmente en conflicto; y, 6) el sistema de gestión debe rediseñarse, con buenas Políticas de Estado que orienten y a la vez controlen la ejecución, pero como un segundo nivel de organización ministerial, de alguna forma siguiente el modelo ejecutivo parlamentario.

Todo lo anterior está relacionado con una situación real: el Estado en su diseño actual no es gobernable. La ingobernabilidad la vemos todos los días y se concentra en apagar incendios (resolución de conflictos, especialmente con las entidades en autonomía). Urge la figura de un presidente que gobierne, en forma acorde con la situación del país, pero que tenga la oportunidad de buscar, desarrollar y aplicar las nuevas orientaciones de la IV Revolución Industrial. Paralelamente, urge también un presidente con una fuerte estrategia en la educación que el país necesita y en una nueva organización con mayor espacio de participación suya, porque es central a su estrategia de gobierno. Aquí se encuentra la base de nuestra economía y del nuevo recurso humano que el país necesita para una mayor competitividad, disciplina social y valores que sustenten la calidad de nuestro desarrollo. De ahí saldrán los recursos para el buen gobierno, uno que promueva el uso de los recursos en estricto apego al principal valor de la democracia: la equidad.


 

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