Eduardo Carrillo: ¿Se podrá? ¿Usted qué piensa?

No podemos seguir con la mentalidad del pobrecito y del no se puede. Tampoco podemos culpar de todo a la crisis fiscal, inexplicable para un Estado que nos cuesta el equivalente al 75% del PIB (datos CGR 2019). Hay que actuar

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

En mi más reciente artículo intenté presentar las ideologías en democracia, como un conjunto de concepciones políticas de derecha y de izquierda, pero con una zona gris, una especie de amplia área de juego de ideas, penetrada por ambas caprichosamente. En consecuencia, las ideologías parecen ser un artificio que hemos inventado para distinguirnos unos de otros, aun cuando la realidad tiende a ser más vaga. Me permití, eso sí, sugerir una diferencia importante: la organización estatal tiene como factor distintivo de excelencia a la equidad; mientras que en la organización de mercado ese factor es la eficiencia por su relación con los costos y la rentabilidad.

Para quien escribe estas notas, el artificio de las ideologías tienen un potencial divisivo, a pesar de que los campos de actuación rara vez son blanco y negro, sino amplia zona gris en la que los dos extremos se confunden. Nada malo, por cierto, porque, esa amplia zona gris, debería ofrecer mayores posibilidades de construir acuerdos. ¡Qué tal si en el plano práctico pudiéramos sustituir las ideologías por un visión de problemas¡ Nuestra capacidad para atender reformas urgentes podría incrementarse de una visión compartida de los problemas y sus implicaciones, posibles soluciones y la llamada hoja de ruta. Podríamos lograr, sino cambios globales, acuerdos concretos que sirvan como motor para impulsen cambios en otros sectores. La meta común es el bienestar de todos, porque es garantía de prosperidad y paz social que todos apreciamos. Con metas comunes es posible evadir el efecto divisivo de las ideologías y avanzar en un proceso de cambio que nos integre a todos.

No podemos seguir por el mismo camino, porque las crisis que nos abruman crecerán y la situación política, económica y social empeorará. No sabemos si lograremos como sociedad impulsar el cambio total, pero no podemos permanecer inactivos. Sugiero que, en ausencia de una restructuración total del Estado, hay algunos puntos críticos que no podemos ignorar. Por ejemplo:

La cuarta revolución industrial (CRI). Ya estamos en ella. Combina la globalización, la revolución digital y la aplicación de nuevas tecnologías a los procesos productivos para alcanzar una posición competitiva de privilegio entre las naciones del mundo. Es posible que por ahora estemos siendo arrastrados por ella y que hayamos logrado alguna respuesta, especialmente empleos y transferencia de tecnologías, gracias a la presencia de Intel y de otras empresas que funcionan en zona franca. Es, sin embargo, deseable que los gobiernos centren sus estrategias en lograr el ingreso pleno de nuestro país en la cuarta revolución. Implica emplear la tecnología en todos los campos de la actividad humana y en especial en desarrollar nuevas tecnologías que nos lleven a una mayor presencia en la economía global. Mucho se puede hacer, pero el eje de este proceso se encuentra en un nuevo sistema de educación, claramente articulado en forma horizontal y vertical, tanto en el sector público como privado. Debemos superar el estado de turbulencia a lo interno del sistema de educación pública y a lo externo logrando una mejor coordinación con el sector privado. Y, por supuesto, privilegiar los requerimientos de la CRI.

Un Estado fuerte. Mi segunda aspiración es ver un país unido, empezando por enjambre institucional del Estado. Pero no solo carecemos de unión, sino que los distintos componentes del Estado viven en frecuente conflicto. Además, un Estado fuerte tiene que ser un Estado más pequeño, concentrado en las estrategias de desarrollo del país, con especial presencia en los retos de la CRI. No ser un Estado conformado por más de 330 entidades públicas, porque impone una condición de ingobernabilidad permanente. Los gobiernos bomberos se pasan apagando incendios. Están abrumados por la explosión de muchas crisis: seguridad, educación, salud, infraestructura, fiscalidad, energía, etc. Un Estado fuerte no solo es necesario sino posible, si logramos entender nuestra condición jurídica de Estado Unitario y aplicamos con más rigor el artículo 188 de la Constitución (“Las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno…”). Los gobiernos no pueden permitir que pequeños grupos, actuando al margen de la ley impongan serias disrupciones a la vida nacional, generalmente en perjuicio de los más débiles.

Disciplina. Me llama poderosamente la atención los países asiáticos que están alcanzando rápidamente su desarrollo. Una de las razones es la disciplina nacional en torno a iniciativas de desarrollo. Cierto, algunas de ellos no tienen las libertades democráticas que nosotros tenemos, pero en Costa Rica, practicamos más el libertinaje (transgresión de las barreras de la democracia como una forma extrema de oposición e imposición) que la libertad. El Gobierno debe imponer mayor disciplina, especialmente cuando los derechos de los demás son violados y debemos entender que en democracia delegamos en el presidente y su gabinete la ejecución del acuerdo político que se obtuvo mediante el proceso electoral. Por supuesto que hay recursos legítimos de participación y protesta que están contemplados por la ley. El gobierno no debe permitir que un pequeño grupo de inconformes produzcan daños de alcance nacional y con frecuencia en violación de los derechos de los sectores más frágiles.

Dirección y ejecución. Hay un hecho fáctico: los políticos han fracasado en administrar el Estado y generar los productos del bienestar de todos los costarricenses, fin último de la democracia. Los sistemas que ellos mismos han ido creando a través del tiempo, drenan los recursos que deberían ser aplicados en beneficio del bienestar social. Ya mencionamos la gran cantidad de entidades que mantienen al ejecutivo resolviendo problemas y conflictos la mayor parte del tiempo. Esas entidades tiran $millones de $millones que, si se usaran con visión y eficiencia seríamos una sociedad más saludable y feliz.

Dos medidas pueden ayudar a cambiar esta situación. La primera que los jerarcas tengan formalmente la función de dirección, que se cumple adoptando Políticas de Estado (PE) inteligentes y manteniendo su control. Los contenidos incluyen las metas, estrategias, los procesos necesarios y los resultados esperados. Porque los políticos con frecuencia carecen de competencias para ello, un pequeño equipo técnico, estable, apolítico, seleccionado por algún mecanismo técnico independiente de la política apoyaría al jerarca en esa tarea. En algunos sectores que integran varias entidades o grandes programas, tendrán que diseñar políticas con los mismos componentes y en coherencia con las PE. Así con el tiempo iremos construyendo un sentido de dirección nacional aunque jerarcas no tengan estabilidad (en estos momentos la Administración Alvarado anuncia el nombramiento de su cuarto ministro de  la presidencia cuando falta poco más de 1 año para las elecciones del 2022).

Ejecución. La segunda medida es profesionalizar la ejecución de las PE y de las demás políticas complementarias. Se trata de seleccionar gerentes profesionales altamente calificados, estables, apolíticos, cuya función es ejecutar las políticas públicas. Todo gerente de las instituciones públicas debería hacer un ejercicio anual, en coherencia con los contenidos de las PE y otras políticas complementarias. Debe plantear, con su equipo de trabajo, su plan anual, de nuevo, con las grandes metas y estrategias, las acciones que deberán cumplirse y los resultados esperados al cerrar el cada período anual.

Estos son funcionarios estables en función de rendimiento. Si los resultados esperados no se cumplen, puede haber medidas correctivas o incluso el despido del funcionario. Un departamento o programa que no logra los resultados esperados no merecen una calificación de bueno o superior y no serán merecedores de ningún estímulo salarial o de otra naturaleza.

¿Conflicto de valores democráticos? La respuesta parece simple. Si los políticos se encargaran de diseñar PE inteligentes y de controlar su ejecución, le estamos dando la poderosa responsabilidad de orientar la totalidad del Estado y de controlar que esa orientación se mantenga. Es decir, el aspecto más delicado de la democracia, la equidad, quedaría en manos de los políticos.

Al político se le entrega también un elemento para que, si los resultados no se cumplen, pueda intervenir en forma contundente, incluso con el despido del gerente que falla. Los resultados esperados, brindan una oportunidad de coherencia política y rendición de cuentas. Es un equilibrio articulado, político/técnico, que pone en el plano superior a la política, pero le agrega los elementos de ejecución y, a su vez, de rendición de cuentas. Liberando al político de la carpintería administrativa, lo ubica con una mayor capacidad para apoyar al presidente en su estrategia nacional de enfrentamiento a la CRI.

Descentralización. Es frecuente en nuestros países una organización política marcada por el centralismo. Costa Rica es un buen ejemplo de ello y, si aceptamos que la equidad es el principal valor de la democracia, el centralismo la niega y la confronta. El centro concentra los recursos y discrimina a la periferia, ciudades y el campo. Nuestra organización dispersa, con 82 municipalidades, es parte de un despilfarro de recursos, porque son muchas, no tienen funciones sustantivas, carecen de recursos y de la autoridad de gobierno. Costa Rica profundizaría su democracia si en vez de dicho régimen municipal tuviéramos unas 12 regiones que tomarían la función de gobierno, con la autoridad necesaria y los recursos apropiados. Esto sería llevar el gobierno y la democracia más cerca del pueblo. Pero hay otros beneficios, porque la población estaría más conciente de quienes son sus gobernantes y qué hacen con sus recursos, ese equivalente al 75% del PIB, los políticos que nos gobiernan. Mientras el centralismo oculta la corrupción, la regionalización del gobierno aumenta la rendición de cuentas y abre espacios de participación civil importantes. Es un tema complejo que, como mínimo, deberíamos ponerlo en discusión estructurada.

Conclusión: no podemos seguir con la mentalidad del pobrecito y del no se puede. Tampoco podemos culpar de todo a la crisis fiscal, inexplicable para un Estado que nos cuesta el equivalente al 75% del PIB (datos CGR 2019). Hay que actuar. De las notas anteriores, creo posible y necesario, primero, que las estrategias nacionales privilegien la atención de las demandas de la Cuarta Revolución Industrial. Ese es el eje principal de nuestra lucha por el desarrollo y el bienestar de todos, que, además, ofrece buenas perspectivas de éxito si se acompaña con una buena reforma educativa. Segundo, concedo especial énfasis en la dirección aprovechando las posibilidades de Políticas de Estado inteligentes que defina los resultados esperados en todos los sectores de la administración pública; complementado por un nuevo nivel organizacional responsable por la ejecución de la política pública. Tenemos que saber hacia dónde vamos y tenemos que darle a la población resultados prácticos a través de un nuevo sistema de ejecución de las políticas, para que el discurso político no se quede en retórica, sino en obras. Será la base para recuperar la confianza de la ciudadanía en la política, en los políticos y en la democracia.


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