Eduardo Carrillo: Se reduce la confianza ciudadana en el Tribunal Supremo de Elecciones

Nuestra institución electoral, el TSE, tenía respaldo mayoritario en el 2005, con 51% de confianza ciudadana, que en el 2018 solo llegó a 28%.

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

¿Merece la confianza del costarricense el Tribunal Supremo de Elecciones, TSE? Según la última encuesta del CIEP (Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR) la confianza ha caído del 6,6 a 5,9 entre noviembre y abril en escala de 1 a 10. Esos datos guardan cierta coherencia con los indicadores producto de encuestas anuales del Latinobarómetro. Sin embargo, cabe la pregunta si el sentimiento de confianza (o desconfianza) se refiere al TSE o al sufragio en una dimensión política más amplia.

El Tribunal Supremo de Elecciones es una de las instituciones pilar de la democracia. Y la democracia ha perdido respaldo popular en todos los países de la región. En efecto, según el Latinobarómetro la confianza en la democracia en Costa Rica es de 45% y se encuentra entre las más altas junto con Uruguay 47% y Chile con 42%. La confianza en nuestro Gobierno es del 33% y está también entre las tres más altas de la región, junto a Uruguay 39% y Chile 38%. Reiterando lo que he venido diciendo en mis notas, esos datos son consistentes con la realidad nacional, confirmada por las encuestas locales. La más reciente pone a los “sin partido” en un 87%. La ciudadanía se encuentra cada vez más aislada de la política, lo cual se confirma por otro dato: En el 2017 la confianza en los partidos políticos apenas llegaba en Costa Rica al 12%, mientras la media de la región era de 15%. En el 2018 en Costa Rica subió a un 17% (los datos anteriores corresponden al Latinobarómetro 2017 y 2018). Todo lo cual apunta a una crisis de credibilidad que abarca las instituciones principales de la democracia.

La institución del sufragio no está exenta de esa crisis de credibilidad, a pesar del prestigio que en nuestro país se le asigna al Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, según el Latinobarómetro la evolución ha sido negativa. Nuestra institución electoral, el TSE, tenía respaldo mayoritario en el 2005, con 51% de confianza ciudadana, que en el 2018 solo llegó a 28%. Es posible, sin embargo, que la opinión pública negativa está bajo la influencia de dos factores: uno, centrado en los aspectos internos del proceso electoral en su relación con el TSE; y, otro, centrado parcialmente en el TSE, pero más aún en la función del sufragio como parte de un proceso político general.

En la segunda perspectiva hay una reacción popular negativa, pero lógica, por ejemplo, cuando se habla del mandato soberano (o programa de gobierno), que en la mayoría de los casos son incumplidos por los políticos y partidos que ejercen el poder. Es decir, el sufragio es con frecuencia seguido de un incumplimiento del mandato popular. Lo cual puede originarse en simple incompetencia o porque el Estado costarricense ha llegado a un nivel de crecimiento tal que resulta inmanejable, ingobernable. En mi propia visión, que he compartido con el lector en anteriores ocasiones, el Estado y las instituciones que lo conforman son de una alta complejidad y demandan un fuerte aporte técnico. Es cierto que los políticos muchas veces tienen las competencias necesarias, pero su motivación política partidaria es más determinante en el carácter de su gestión. Por ello he propuesto la creación de un pequeño equipo multidisciplinario de técnicos que apoyen la gestión de los jerarcas políticos. Sería una figura apolítica, permanente en función de desempeño, con tareas técnicas claramente definidas y, por cierto, muy alejada de los asesores que acompañan a los jerarcas de las principales instituciones, en realidad una fuente de corrupción, nepotismo o pagos por favores políticos. Pero el hecho es que, en ausencia de estos correctivos, los gobiernos incumplen con frecuencia el compromiso político adquirido en el proceso electoral o incluso se sacan de la manga acciones sorpresivas o contrarias a sus propias promesas políticas y programáticas. Cada mal gobierno es una mancha en la pureza del sufragio y de la democracia.

Es en este entorno en que se ha movido la política en años recientes, cargando de impuestos a los sectores de ingresos medios y bajos, a la vez que los indicadores políticos, sociales y económicos tienden a empeorar. Ese contraste es una fuente legítima de crispación social.

Por otra parte, la población tiene sentimientos negativos más cercanos al proceso electoral propiamente, por ejemplo:

  • Los costos cubiertos con fondos públicos se han prestado a actos de corrupción que no siempre reciben su penalización. Además, son insuficientes y suplidos por los sectores de mayor poder económico, que luego nos pasan factura en la forma de acceso, a menudo corrupto, a los vastos recursos del Estado que, en prepandemia, superaban el 75% del PIB (más de 28 billones de colones). Es un avance en favor de una plutocracia.

 

  • Falta de una relación de afinidad con distintas tendencias. Esto, que fue importante en tiempos de bipartidismo, se pierde ahora por la prevalencia de una cantidad importante de partidos políticos, que aparecen y desaparecen sin agregar aportes positivos a la política nacional. La confusión ideológica es notable y confunde al votante, que ha venido optando por no participar en las elecciones. Los costos electorales que salen del bolsillo del costarricense aumentan la irritación popular.

 

  • No hay representación regional porque las elecciones no contemplan distritos electorales. Si bien esto es campo de política general, el TSE no ha tomado la iniciativa hacia un mejor sistema de elección que se sustente en el interés regional. De alguna manera, el centralismo mesetero se proyecta sobre el proceso de selección de candidatos que priva a los ciudadanos de nombramientos acordes con sus propias necesidades y preferencias.

 

  • El primer poder de la nación, el legislativo, no es de origen soberano. A la población se le obliga a botar por listas de diputados que son definidas por las jerarquías políticas superiores, siempre con un aporte importante de fuerzas corporativas que, como se dijo antes, contribuyen y cobran por ello.

En esencia hay una crisis de credibilidad política, que en nuestro país se justifica porque tenemos un Estado que crece en costos, pero decrece en servicios que contribuyan al objetivo final de la democracia: alcanzar el bienestar colectivo de toda la población. Precisamente los indicadores antes mencionados revelan el fracaso de la política, al menos como la practicamos en Costa Rica. El sufragio no escapa de este fracaso colectivo, tal vez por lo que los políticos no han hecho para democratizarlo, aunque el TSE sí podría asumir un mayor activismo en promover el debate sobre temas afines a su propio quehacer y que impactan en la credibilidad ciudadana.


 

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