Eduardo Carrillo: Sin Gobierno el BID impondrá las condiciones

De hecho, preocupa que dentro del Gobierno no aparecen figuras descollantes, que estén a la altura del reto que presenta el préstamo BID.

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

El Presidente ha dicho, con claridad meridiana, que el BID no le impone condiciones al país, simplemente le pide definir las acciones de reducción del gasto y el país decide como hacerlo. Eso si el país hace su parte. Pero el Gobierno no parece entender la magnitud y consecuencias de un préstamo que ronda los $1224 millones, que sería cancelado en el corto período de 3 años, pero que afectará las políticas públicas y el bienestar de la población por una década o más.

La situación del país es grave, pero el Presidente Alvarado no parece haberlo notado. Es grave porque muchos de los trabajadores se quedarán sin el sustento del empleo y el Estado no tiene, y no tendrá en los próximos meses, recursos para mantener o ampliar los subsidios. Es grave porque el Gobierno no tiene los recursos para mantener el funcionamiento del Gobierno Central, excepto por el flujo de préstamos que aguza el problema que se quiere resolver con el préstamo BID. Es grave porque el país se encuentra en franca recesión, lo que producirá mucha pobreza, debilitamiento de la economía y reducción de la fuente de recursos fiscales. Y es grave, porque en los próximos 4 o 5 meses el déficit se acercará al 10% y la deuda externa cerca del 70%.

Es grave porque parece que el Gobierno no le dé la importancia que el acuerdo con el BID tiene. De la Administración Alvarado Quesada (AAQ) recibimos medias verdades que tienden a confundir ¿Por qué enviar al congreso una propuesta de reducción del gasto que se sabe insuficiente? ¿Por qué proyectar una imagen de carencia de unidad gubernamental, con desacuerdos entres sus ministros, incluso el de la presidencia? ¿Por qué archivar el tema de CNP/FANAL por un evidente desorden contable? Podría haberle dicho a la opinión pública que en vista de la ineficiencia extrema -común en toda la administración pública- se haría una auditoría en 2 o 3 meses para estudiar y decidir el futuro de ambas instituciones. Esto le daría más confianza a un público que duda de las iniciativas de reducción del gasto del Gobierno Central. Ya tenemos la experiencia del proyecto y la regla fiscal, mientras en el 2019 aumentaba el gasto en un 17%.

La población sí está conciente de la gravedad de la situación, porque vive bajo la presión de una doble incertidumbre. Por una parte, le angustia no saber cuál es el futuro de la pandemia y cuánto durará. Por otra, sabe que lo que hagamos con el préstamo del BID condicionará nuestras vidas durante la siguiente década y tal vez más. Por supuesto, a todo eso hay que agregar que la considerable suma de $1224 mil millones será pagada con dinero de nuestros bolsillos.

Lo que más desconcierta es que, pese a los obvios riesgos de una mala decisión, el Gobierno no ha organizado un equipo competente para ir delineando y discutiendo las estrategias posibles de uso del préstamo. De hecho, preocupa que dentro del Gobierno no aparecen figuras descollantes, que estén a la altura del reto que presenta el préstamo BID. Más bien, algunos desacuerdos entre figuras importantes del equipo de gobierno, incluso el propio ministro de la presidencia, inquieta a la población. Aún así, el presidente necesita, desde hace rato, un equipo que empiece a diseñar las líneas de la posible estrategia de uso de esos dineros que marcarán nuestro futuro. Y, siendo un problema de alcance nacional, el liderazgo del presidente y su ministro de la presidencia tienen que ser muy evidentes. Produce incertidumbre, sin embargo, que hayamos tenidos 3 ministros de hacienda en solo dos años y que no veamos expertos con experiencia en este tipo de negociaciones, tal vez con excepción del Ministro de la Presidencia. En todo caso, podría ser esencial la constitución de una especie de consejo consultivo, con una buena presencia de expertos en la materia y de partes interesadas como los empresarios y los trabajadores.

Esto debió ocurrir desde el primer momento en que se abrió la posibilidad del acuerdo de estabilización con el BID. Era evidente que era nuestra única salida, pero seguimos sin la preparación necesario. El Gobierno debe hacerse sentir para remover la incertidumbre popular. Y no es para menos, cuando en el 2019 el presupuesto estatal superó los ¢28 billones, equivalentes al 75% del PIB y según parece, este año, superará los ¢29 billones, mientras el PIB se contrae por la recesión.

En esta fecha se ha anunciado un posible del gasto de ¢355.000 millones, cifra pequeña si consideramos las que acabamos de mencionar. Es tal vez un mejor principio, aunque tiene los mismos vicios de la anterior propuesta gubernamental, rechazada por el congreso. Es una gota de agua en el desierto y no se sustenta en medidas más contundentes. El Gobierno tiene otras opciones, por ejemplo:

  • Banca pública. Hay margen para vender alguno de los bancos estatales que compiten entre sí, innecesariamente. También hay conciencia de los altos costos de intermediación que alejan el crédito de la población y reduce el aporte al crecimiento económico. Un esfuerzo radical podría bajarlos a la mitad, que es donde la competencia se encuentra. El tema ha sido tratado en el Informe Estado de la Nación y por expertos de OCDE.
  • Organización macro del Estado. Hoy lo conforman unas 330 entidades públicas, imposibles de “manejar”, como lo han expresado la exviceministra de hacienda y de la Contralora General de la República. Quien escribe estas notas ha dicho que nuestro Estado, en su forma y tamaño actual, impone una condición permanente de ingobernabilidad, lo cual implica que no estamos administrando en forma apropiada los ¢28 o ¢29 billones que nos cuesta el Estado y tampoco recibiendo sus potenciales beneficios en bienestar colectivo. La rebeldía de la autonomía es otro costoso factor de ingobernabilidad. El problema merece un análisis integral, que incluya la propuesta que ya hizo el exdiputado Ottón Solís para un mejor manejo de los recursos e instituciones del sector social.
  • Frágil y compleja autoridad del Gobierno Central. Hasta el propio Ministro de la Presidencia se ha manifestado en contra de la aplicación de la nueva ley resultante de la reforma fiscal. Un país dividido implica un país que no tiene una meta central de desarrollo, porque las instituciones autónomas quieren “hacer casa aparte”. Esto es contrario a la Constitución que define la autonomía como Hemos insistido en que la autoridad del poder ejecutivo necesita aclaración a la luz de nuestra condición de Estado Unitario.
  • Régimen de adscripción. Es un tema similar al anterior. Son muchas entidades adscritas que debilitan a la institución madre, generalmente un ministerio. La dispersión tiene un alto costo porque cada entidad crea su propia infraestructura administrativa, duplicando la del ministerio: gestión de personal, financiera, logística, asesoría legal, etc.
  • Personal: el estado cuenta con algo más de 300 mil funcionarios, en su mayoría de muy baja productividad. Algunos jerarcas han expresado públicamente que pueden arrastrar excesos de hasta un 50%. Aun así, una estimación del INEC sugiere que durante estos dos años de gobierno el Estado contrató unos 37 mil nuevos funcionarios. Es hora de cerrar los portillos e incluso introducir programas para detener el crecimiento de la burocracia estatal, estimular la salida al sector privado y adoptar una absoluta prohibición a la contratación de más funcionarios.

Y esto es solo para reducir el gasto y el Estado paquidermo e ingobernable. Falta todo el campo del crecimiento económico, en el que las grandes decisiones políticas son las que pesan ¿Por qué archivar el nuevo aeropuerto, un megaproyecto que incluía la ampliación de la ruta 27 y modernización del ferrocarril de la red Aeropuerto-Orotina-Caldera? ¿Es conveniente invertir para decidir de una vez por todas si otro megaproyecto, el Canal Seco, que ronda la administración pública desde hace más de 10 años, es viable? ¿Hay espacio para proyectos verdes que tengan un buen potencial de empleo y desarrollo?

No podemos dejar de mencionar un tema que ha estado en estudio por mucho tiempo: la conformación de un fondo rotatorio para obra pública que nos permita invertir unos $2 mil o $3 mil millones en forma sostenida por una década o más. Se trata de fondos de reserva laboral que hoy superan los $25 mil millones y están aquí en el país. Se trata de reservas de cesantías, pensiones, fondos solidarios, excedentes de las empresas públicas, entre varios otros. Podrían servir el fin social de enriquecer a los trabajadores que son los que se beneficiarían con el uso de esos fondos.

Pero, insistimos: lo más urgente es que el Gobierno se organice de inmediato para delinear los elementos que pronto tendrá que someter a discusión nacional hasta constituir la estrategia(s) de uso de los recursos cuyo impacto será definitivo durante la próxima década y, en muchos aspectos, más allá. Dadas esas implicaciones, el Presidente Alvarado necesita hacer el especial esfuerzo de hacer participar lo más selecto de los técnicos nacionales. Sin una posición activa y clara del gobierno el BID impondrá las condiciones.

 

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