Eduardo Carrillo: Somos un país en negación de nuestros problemas y sin claridad sobre el camino que conduzca a mejores niveles de bienestar colectivo

No somos ni seremos un país pura vida, sin las decisiones y articulaciones esenciales que nuestra problemática requiere. La visión mentirosa de ser uno de los países más democráticos del planeta sigue siendo parte de la retórica, pero la verdad es otra

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

El cuento del bicentenario nos tiene mareados. Es posible que los medios y las estructuras institucionales se hallan empeñado en crear un entorno de “pura vida” mientras el país enfrenta graves problemas. O mejor mientras la población enfrenta mayores problemas, que se expresan en una marginalidad creciente y altos niveles de desempleo que implican miles de familias que enfrentan dificultad para alimentarse y para cubrir otras necesidades esenciales del buen vivir. Cuando el Gobierno presentó su proyecto de reforma fiscal, se nos dijo que era para evitar la caída al barranco. Es de presumir que hoy ya estamos al fondo del barranco, porque la reforma fiscal no corrigió ninguno de los problemas anunciados y, en prepandemia, el gasto público, improductivo y a menudo irresponsable o corrupto, siguió creciendo.

No somos ni seremos un país pura vida, sin las decisiones y articulaciones esenciales que nuestra problemática requiere. La visión mentirosa de ser uno de los países más democráticos del planeta sigue siendo parte de la retórica, pero la verdad es otra. La democracia, como la practicamos, está destrozada. El poder ejecutivo, responsable por la función de gobierno a nivel nacional, según nuestra condición de Estado Unitario, no funciona. Carece de visión, está invadido por la ingobernabilidad natural producto de un Estado gigantesco e inmanejable, por la corrupción, que ahora sabemos es mayor de lo que creíamos posible y, por el centralismo mesetero e inequitativo, fuente de concentración de recursos que alimenta la corrupción.

El primer poder de la república, el congreso, no tiene una base democrática porque es impuesto por ese mismo poder centralizado, repartido en una multiplicidad de partidos sin legitimidad y sin principios que los distinga. Los diputados, nombrados por cúpulas sin base democrática, representan el interés corporativo y politiquero, sin una percepción clara de las necesidades del país y de los intereses regionales que supuestamente representan. Nuestro Estado de Derecho se ha debilitado por un poder judicial que ofrece una justicia mentirosa, impronta e incumplida. La sagrada institución del sufragio es el entorno en el cual el capital y la política se juntan para financiar el proceso electoral y compartir las estructuras de poder. Aquí reside la principal fuente la corrupción.

El pueblo, presumible centro de la democracia, se encuentra confundido y en un estado de profunda indignación. Una sustancial mayoría (80% o más) de la población ha perdido su confianza en la democracia y en la política. Cierto, al final iremos a botar por un partido, que como el actual, no tiene la legitimidad que otorga el apoyo popular. Alvarado y el PAC lograron en primera ronda solo el 14% de los votos, impopularidad reflejada en 10 diputados (17% del congreso). Unos 20 partidos políticos ya están formalmente conformados, pero es posible que esa cifra sea sustancialmente incrementada hacia fin de año. La formalidad del proceso electoral no puede ocultar el golpe a la democracia por dispersión política, que es dispersión o ausencia de ideas.

El pueblo y esta política confusa, sin valores sustantivos, están divorciados. Desde hace varios años el Latinobarómetro refleja que la confianza en los partidos políticos se encuentra solo entre el 10 y el 15% de la población. Cierto, en última instancia cerca del 50% de los electores emitirán su voto, sin convencimiento alguno y sin ningún respaldo real partidario ¿Qué ha pasado en este país, único de la región de América Latina y el Caribe que logró evitar las dictaduras durante más de un siglo, con excepción de las escaramuzas de 1917 y 1948? ¿Qué pasó con el milagro de la segunda república, producto de buena -y algunas malas- decisiones de dos gobiernos antagónicos de la década de 1940, responsables por mejoras sustanciales en la calidad de vida a la población?

El Estado y la política que lo domina es la respuesta a estas dos preguntas. Pero algo también ocurrió en nuestra educación. Primero, la segunda guerra mundial puso a la mujer como el motor de las industrias nacionales, mientras el hombre se fue a los frentes de combate. Desapareció entonces la educación familiar que la mujer realizada a nivel de nuestros hogares. Disciplina y valores esenciales fue la base de la educación que personas, como quien escribe estas notas, recibimos durante toda la primera mitad del siglo pasado y parte de la segunda mitad. El legítimo derecho de la mujer, especialmente en el campo laboral, representó una pérdida de esa base de educación familiar. Y ello originó la pérdida de valores y de la disciplina que en los países asiáticos es la base de éxitos notables que benefician a la población toda.

Por otra parte, los éxitos de la segunda república han sido fuente de los fracasos políticos de décadas recientes. Las instituciones que fueron fuente de bienestar colectivo, creadas bajo el principio de cobertura universal, son también causa principal del fracaso del Estado actual. Luego de su éxito inicial, el Estado siguió creciendo a niveles donde hoy se encuentra. Las ideologías dieron un fruto positivo, pero su rigidez nos llevó a un Estado que puede cumplir funciones esenciales para el bienestar, pero que, en otros emprendimientos, representa la quiebra institucional y su incapacidad para alcanzar el objetivo central de la democracia: el bienestar colectivo, sin los niveles de exclusión que hoy lo caracteriza. Los políticos han fracasado y la democracia ha perdido valor cuando el sistema impide que amplios sectores de la sociedad alcancen condiciones básicas del bienestar material compatibles con niveles apropiados de dignidad. Y cuando la dignidad se pierde, el enojo y la desesperación se vuelca contra la política y la democracia. Esa es nuestra realidad actual.

¿Qué ofrece el futuro de la política y la democracia costarricenses? Muy poco, pero es importante que el tema sea discutido a nivel nacional, tanto en el plano civil como político, para prepararnos para un futuro de transformaciones que no podrán ser ignoradas. Amenaza el riego del populismo, cuyo enfrentamiento a nivel retórico es inútil, a menos que logremos alcanzar el “buen gobierno”, que alivie sustancialmente las condiciones sociales actuales que aquejan a nuestra población. Me parece que corresponde a la población civil reunir a sus principales pensadores para desarrollar una visión de cambio en el corto, mediano y largo plazo y poner al país nuevamente en mejor situación de desarrollo y bienestar colectivo. Los políticos han fracasado también en darnos esta visión de cambio, pero es posible que una iniciativa civil pueda ser acogida por algunos partidos y recuperar con ello el apoyo popular que han perdido.

Menciono, a título de ejemplo, aspectos que me parecen esenciales para iniciar un nuevo camino de progreso político, social y económico:

  1. Valores: es necesario que la democracia sen entendida en su verdadera dimensión y con apego estricto a principios de equidad. La educación es nuestro vehículo, lo que implica un cuerpo docente capaz y formación de ciudadanos que entiendan que la democracia es delegación, que debemos apoyar al gobierno en las reformas correctas y aceptar sus costos económicos y sociales importantes. La libertad no debe confundirse con el libertinaje y exponer falta de autoridad ejecutiva.
  2. Redefinir la función del Estado. Hay imperativos que el estado debe asumir, entre los cuales incluyo la educación, la salud y la seguridad. Otras empresas que el Estado ha venido asumiendo no funcionan en el ámbito público. La población y los políticos deben entender que hay empresas que a nivel privado funcionan bien, con eficiencia, porque el mercado tiene correctivos naturales. Y hay empresas que a nivel público funcionan mal, resultan onerosas y empobrecen al país.
  3. La función principal del Estado es mantener el Estado de Derecho, pero la legislación no puede ser la solución de nuestros problemas. La mayoría de los problemas del desarrollo no tienen naturaleza legal y deben resolverse planteando con claridad su naturaleza y contenido. La legislación viene luego, como un elemento procesal complementario, siempre en función de los resultados esperados para el bienestar colectivo. Este conflicto entre contenido y forma jurídica debe resolverse en el corto plazo.
  4. Un valor esencial es que los vastos recursos del Estado no son fondos para beneficencia individual o corporativa. Son los recursos para emprendimientos sociales dirigidos al bienestar colectivo y buscando siempre el principio de universalidad, sin descuidar sectores minoritarios que requieren un trato discriminado, acorde con sus necesidades. Los políticos no deben manejar los recursos para compensar favores y para favorecer a su partido o su carrera política. El “buen gobierno” tiene recompensas políticas más sólidas, porque la gente empieza a creer en los políticos y la democracia.
  5. La ingobernabilidad no podrá ser superada con un Estado hoy conformado por más de 330 entidades públicas. Un estudio macro institucional es gran prioridad para eliminar entidades que no aportan al bienestar colectivo, que redundan en sus funciones y que drenan los recursos requeridos para el desarrollo nacional. La población debe estar preparada para apoyar estas medidas y asumir temporalmente sus costos sociales.
  6. Nuestro principal rubro de despilfarro es la sobredotación de personal público y los costosos privilegios, especialmente a nivel de cúpula. Según estimaciones de algunos jerarcas, los excesos pueden alcanzar el 50% del personal y esto es una gigantesca carga que impide la buena inversión en el bienestar de todos. Es bueno recordar que OCDE nos dice que la carga laboral relativa al gasto público global es la más alta del planeta, comparada con la media de cualquier región del mundo.
  7. Tenemos los recursos para nuestro desarrollo equitativo. Reitero: la crisis fiscal es un problema de distribución de recursos, no de escasez. El presupuesto estatal es uno de los más altos del planeta en términos relativos. En prepandemia representaba el equivalente al 75% del PIB. En nuestra región se encuentra por debajo del 40% y en los “estados del bienestar” del 52%.
  8. Debemos reconocer que el Estado y sus instituciones son organizaciones complejas que no se pueden administrar por políticos y con mentalidad política de servicio a los partidos y sus procesos electorales. Los elementos técnicos son muy importantes y hoy no están presentes o son dominados por el interés político. Es necesario que los políticos sean estatutariamente (para evitar el nepotismo y la corrupción) acompañados por técnicos que complementen y viabilicen la función política. Las juntas directivas, fuente de intereses corporativos, deben estar en función del interés nacional y ser contribuir al fortalecimiento de las instituciones que sirven. Debe haber un proceso selectivo más cuidadoso, sin perjuicio de la autoridad del Presidente y su gabinete en su nombramiento. Las Políticas de Estado inteligentes, hoy ausentes, pueden ser un instrumento para revitalizar la gestión pública, a través de cuatro componentes esenciales: metas, estrategias, acciones y resultados esperados. La pretendida “evaluación de desempeño” es inútil sin ese contexto.
  9. El Estado es hoy un acosador fiscal. Así lo percibe la población y esto es motivo de rechazo político. El acoso fiscal es producto del despilfarro, la mala organización del Estado, su tamaño excesivo y la corrupción. Los impuestos no deben cubrir tales deficiencias y en general deberían tender a la baja. Hay recursos de sobra con un presupuesto público equivalente al 75% del PIB, pero no si se mantienen entidades innecesarias, redundantes, ineficientes y sin un aporte positivo en la construcción del desarrollo en equidad.
  10. El gobierno y el país requieren unidad de propósitos y una visión del camino por recorrer y los resultados esperados. El concepto de Estado Unitario y sus relaciones con los regímenes de autonomía deben ser objeto de revisión. Hoy son fuente de ingobernabilidad y debilitamiento del gobierno nacional, fuente principal de unidad de propósitos y claridad en sus procesos.

Finalmente, el Estado moderno debe ser muy fuerte en dirección. Tiene las herramientas para serlo, pero hoy se encuentra enredado en infinidad de conflictos, muchos con la población civil por su voracidad fiscal, otros por desacuerdos con instituciones que aprovechan su régimen de autonomía para establecer privilegios abusivos o “hacer casa aparte”; es decir, asumir una independencia que la aleja de la acción articulada del Estado hacia metas de bienestar colectivo. Una de las tantas crisis que afectan al Estado es la educativa. Así como la salud, el Estado debería ver a la educación como un sistema nacional, articulado en sus niveles primario, secundario y superior. También debería considerarlo el pilar central de su estrategia de gobierno para enrumbarse, con la mayor celeridad, hacia la Cuarta Revolución Industrial.

Pero hay otra realidad que debemos enfrentar: 4 años de gobierno es un período muy corto para esperar aportes parciales a un esfuerzo de transformación que podría durar una década o más. Debemos extenderlo a 6 años, sin reelección continua. Por supuesto, haciendo ajustes en la institución del sufragio, cuyo financiamiento es un portillo por donde se nos meten los intereses especiales y la corrupción, que drenan recursos que deben ser invertidos con criterio equitativo. Los diputados deben ser de elección abierta y representantes del interés regional. Deben destruirse las argollas parlamentarias que impulsan la elección como herencia personal o argollas políticas que se repiten a través de los años. Esto no es democracia.

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