Eduardo Carrillo: Sr. Presidente, el pueblo tiene el derecho a saber…

¿Tiene el Gobierno un equipo de conducción articulada para las complejas tareas en tiempos de pandemia? ¿Asumirá la compleja tarea que tiene en sus manos?

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

Enfrentamos una grave crisis que paraliza la economía, deja a la población sin sus fuentes de sustento y precariza la economía nacional. La población se encuentra en estado de prisión domiciliar como principal recurso para mantener su salud física, mientras la mental se deteriora. El desconcierto ciudadano es mayúsculo, más grave cuando el propio congreso no sabe cuáles es la estrategia nacional y cuales las prioridades derivadas de ella ¿Lo sabrá el Gobierno? Es mucho lo que no sabemos, un estado de incertidumbre que afecta a toda la población, tanto como a los órganos de gobierno, en especial al congreso. Los escenarios posibles son inciertos, pero sus consecuencias ya conocidas, porque las estamos viviendo.

Previo a la pandemia, la crisis fiscal (desequilibrio ingresos/gastos del Gobierno Central) fue el tema dominante de la Administración Alvarado Quesada (AAQ). La reforma fiscal aprobada por el congreso fue una solución de emergencia, a la que seguirían reformas estructurales del Estado, que anida los factores reales de la crisis. Es un Estado gigantesco, oneroso, improductivo e inmanejable. Era ahí donde se concentraría la reforma de fondo que nunca llegó. Al menos así parecía pensarlo la Sra. Ministra de Hacienda, que renunció por un absurdo procesal. Hoy seguimos sin saber si el presidente está preparado para tomar decisiones duras y asumir el costo político.

El proyecto fiscal fue aprobado y con ello la frágil economía nacional recibió un golpe adicional. Sin las reformas estructurales, la crisis institucional (la fiscal era solo consecuencia de ésta) se mantuvo y se mantiene. Le dio un oxígeno temporal al gobierno, pero aumentó la incertidumbre de la población, aún mayor por los rumbos confusos del gobierno. Mientras se discutía la reforma fiscal, la retórica presidencial enfatizó la racionalidad del gasto público, pero aumentó su presupuesto (del Gobierno Central) en un 17% cuando la inflación estaba en 2%.

Luego vino la pandemia que terminó de complicar las cosas. La gran prioridad nos dice el Gobierno es la salud de la población y la población lo ha creído. Pero la pandemia tiene consecuencias que complican esa prioridad ¿Qué pasa con la paralización de la economía? ¿Qué importancia tiene la sostenibilidad de las familias costarricenses? ¿Qué pasa con la economía agrícola, principal fuente de alimentación de la población? ¿Dónde quedan las exportaciones?

En realidad, la pandemia no es un problema sanitario que, en ese aspecto parece estar bien manejado, sino un problema mayor con ramificaciones políticas, económicas y sociales. Más grave en nuestro caso, porque igualmente arrastramos un problema institucional que, entre otras cosas, ha creado una situación de ingobernabilidad permanente. Tal vez la AAQ es víctima de ello. Y de que no sepamos si existe una planificación integrada que defina las prioridades sociales, políticas y económicas del país en pandemia. Subyacen en esa aparente falta de planificación todos los problemas de la crisis fiscal que la precedió.

Parafraseando a un colega, las cosas no andan tan mal como parecen, sino peor. Porque, en ausencia del músculo de la reforma estructural, el proyecto fiscal tuvo dos efectos negativos: debilitó el crecimiento económico y aumentó el gasto público improductivo. Además, a menos que surjan iniciativas creativas para el crecimiento económico, la fuente de costeo de la pandemia será más gasto público ¿Cuánto podrá crecer el gasto público si el presupuesto del 2019 superó los 28 billones de colones, equivalentes al 75% del PIB? ¿Cuáles serán las consecuencias en el corto, mediano y largo plazo si a fin de año tenemos un déficit fiscal del 10% y una deuda que podría llegar al 70%?

En realidad, no sabemos el camino que ha escogido la AAQ. A la incertidumbre de la crisis fiscal, se nos agregan los costos de la pandemia y cómo se pagarán. Es posible, además, que la ignorancia llegue a los niveles más altos de gobierno, que parece conforme con las conferencias de prensa, estrictamente asociadas con el tema sanitario. Una buena parte de esa crisis la paga la CCSS ¿Quién cubrirá esos cuantiosos costos? ¿Cuál será el impacto en el sistema nacional de salud? ¿Cuál será el impacto de una reducción sustantiva de las inversiones de la CCSS, que maneja el mayor rubro de inversiones públicas, en empleo y crecimiento económico?

Los proyectos de ayuda a la población que ha perdido sus ingresos siguen dando tumbos en el congreso, pero buscan protección de los económica por deudas, alquileres, supervivencia básica, etc. Nuestra banca pública dejó de ser un instrumento de desarrollo y se ha movido a la economía especulativa. Además, sus costos de intermediación son el doble de los “normales” (Banca privada y media OCDE), lo que hace el crédito menos accesible ¿Asumirá el Gobierno reformas estructurales a la banca pública para un mejor aporte al crecimiento y a los ciudadanos empobrecidos por la crisis?

¿Cuáles son las principales iniciativas relacionadas con crecimiento y empleo productivo? En algunos aspectos parece que tomamos la ruta del cangrejo. Reitero, el proyecto fiscal tiene un efecto negativo en el consumo, fuente motor de la economía. ¿Qué hará el gobierno con el sector agrícola, fuente de divisas, sostenimiento de pequeños productores y también base de la alimentación de una población con ingresos decrecientes? La construcción del nuevo aeropuerto parece definitivamente archivada y con él una de nuestras grandes iniciativas de inversión con recursos privados ¿Quedará la ruta 27 sin ampliación, ahora que no tendremos aeropuerto en Orotina? ¿Se mantendrá firme el Gobierno en la construcción de un tren eléctrico que alivie el transporte colectivo de la meseta central? ¿Activará el Gobierno el bellísimo proyecto de riego de la región chorotega? Hay un proyecto para la construcción del “canal seco” que podría cambiar radicalmente nuestra economía ¿Forma parte ese proyecto de las estrategias de inversión en el mediano plazo? Las noticias de la semana destacan la posibilidad de mayor inversión extranjera y posibilidades de “nuevos” empleos con uso de tecnologías digitales. Sin embargo, requiere técnicas laborales que nuestro sistema educativo no produce o lo hace a medias ¿Se hará una reforma de fondo en la educación para resolver este problema? ¿Se creará algún programa intermedio para dotar las competencias requeridas en cuestión de semanas o meses? ¿Retomará el presidente las reformas más ambiciosas de exministra de hacienda en aras de un Estado más compacto que excluya redundancias, empresas que no tenga utilidad actual, modificación al régimen de autonomía y, devolución de entidades en condición de adscripción?

Son preguntas relevantes, aunque planteadas sin ningún ordenamiento sistemático. Lo central es que el Gobierno tiene que definir los posibles escenarios y las opciones que tiene a disposición para reactivar la economía, a la vez que encara la pandemia en sus dimensiones sanitarias, económicas, políticas y sociales. En teoría al menos, la vía de los recursos públicos está cerrada, por el costo del Estado equivalente al 75% del PIB (cifra hoy posiblemente mayor), el déficit fiscal que pasará del 7% y la deuda pública que rondará el 70%. Más gasto público hundirá aún más la situación de la economía y el empleo. Para superar estos riesgos, el Gobierno necesita reducir el gasto público (gasto improductivo si lo vemos por los resultados de gobiernos recientes) e impulsar iniciativas de inversión que generen empleo y riqueza; y que lo hagan en el corto plazo, porque la situación es grave.

¿Tiene el Gobierno un equipo de conducción articulada para las complejas tareas en tiempos de pandemia? ¿Asumirá la compleja tarea que tiene en sus manos? ¿Pateará el tarro hacia adelante como lo hizo su antecesor? Las consecuencias de una planificación desarticulada pueden representar más sufrimiento para la población. Si el Gobierno no la tiene es urgente que la constituya y que el “show” mediático se traduzca en una fuente seria de información que cubra las dimensiones estratégicas de la crisis. El pueblo tiene el derecho a esa información y el Gobierno a proveerla.

 

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