Eduardo Carrillo: Tenemos una democracia solida, pero con deficiencias que constituyen portillos para el populismo, el autoritarismo o la dictadura

...viendo el estado de situación a lo largo y ancho de la América Latina y el Caribe, apoyo también en forma contundente y decidida los métodos democráticos para resolver los grandes problemas nacionales del Estado y encarar los retos de la coyuntura histórica actual

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

El Estado es la institucionalidad a partir de la cual se buscan las dos finalidades principales de la democracia: el estado de derecho y el bienestar material a un nivel que brinde acceso a niveles de dignidad apropiados para toda la población. No las hemos logrado y hoy Costa Rica parece constituir un entorno confuso, inseguro y riesgoso.

Intencionalmente o mediante una planificación ordenada, se está creando una sensación de colapso general del Estado costarricense y la sensación de que se acabaron los espacios para ejecutar los cambios que nuestra democracia y nuestro Estado demandan. En ese entorno, tres temas parecen sobresalir:

  1. la reforma laboral. La cuestión es si se mantiene la capacidad sindical para paralizar el país, con frecuencia en clara violación del Estado de Derecho;
  2. las reformas laborales cuya necesidad es de aceptación general, aunque con opciones tienen importantes consecuencias: se le sigue otorgando al frágil sindicalismo público, una fuerza que resulta excesiva para una minoría que representa menos del 14% de la fuerza laboral. O se adoptan restricciones mayores que protejan la economía nacional, incluso en favor del pequeño y el micro agricultor y de los sectores más vulnerables que tienen una mayor dependencia de los servicios públicos, entre ellos educación y salud; y
  3. se permiten huelgas no laborales, contra la política pública. Este es un tema más profundo, porque los sindicatos han venido perdiendo imagen e intentan recuperarla profundizando en temas de política pública, como el proyecto fiscal.

Este punto 3 merece un comentario aparte, porque afecta la estructura institucional propia del régimen democrático. Junta el agua y el aceite que no mezclan. Si los sindicatos se vuelcan a los temas políticos, como lo viene haciendo, debería organizar un partido político y seguir las reglas de la democracia, que incluye la protesta, pero no la huelga laboral. El país entraría en caos total, con severos daños al país, si cada tema político lo acompaña con presión huelguística. Esto, además, está fuera nuestra constitución, que incluso prohibió en su artículo 61 las huelgas en los servicios públicos, que incluye a todos los servicios del Estado. Si, confundida en la reforma laboral, el congreso abre este portillo, la democracia costarricense llegó a su final. Porque la política pública emana, principalmente, del proceso electoral y forma parte del compromiso político que adquiere el Presidente y su Gobierno con su elector. La base soberana de la política no debe estar sometida a huelgas sindicales.

¿Cuál es la naturaleza de la crisis nacional? ¿En que situación se encuentra nuestro país, por ejemplo, comparada con la subregión centroamericana o con la región de América Latina y el Caribe (ALC)? Los sindicatos y otros grupos radicales no parecen interesados en la respuesta a estas preguntas. Por supuesto, sobra entrar a discutir nuestras conquistas en comparación con la subregión. Incluso podríamos ignorar, por sus obvios fracasos, las dictaduras que ha empobrecido y privado de toda suerte de libertades a los pueblos venezolano y cubano. Pero sí podríamos destacar que el IPC ubica a Costa Rica, entre los países del mundo, como país de Alto Nivel de Desarrollo Social y en esa misma categoría somos líderes, junto a Chile, en ALC. Agreguemos el reconocimiento internacional a nuestro sistema de salud, como el mejor del continente (incluye a EE UU) con la única excepción de Canadá. En lo negativo, hay una crisis fiscal del Gobierno Central, que es resultado de problemas más amplios del Estado costarricenses. Los grupos radicales que se han negado a reconocer el carácter dictatorial de Venezuela, Cuba y Nicaragua, sí se han inclinado por medidas extremas para nuestros más limitados problemas de Estado.

¿Qué debe hacer el país? El país viene en crisis desde hace varias décadas y los políticos claramente nos han fallado. Si vemos los indicadores de años recientes, podemos apreciar que hay una notable desconfianza en los políticos, los partidos, el poder judicial, el congreso, los gobiernos, etc., y el país no parece encontrar la ruta y el carácter para hacer los correctivos necesarios. La actual administración ha dado muestras de su incapacidad para encarar algunos de ellos, por ejemplo, no solo al prolongarle la vida al CNP, sino en gastar una millonada en un nuevo edificio. Por otra parte, la ingobernabilidad, de la cual una parte importante es responsabilidad sindical, se acentúa cuando algunas instituciones, como las universidades o la CCSS, pretenden alejarse de nuestra condición de Estado Unitario. Y, lo peor, que lo hacen para mantener privilegios, ya que la Contraloría ha dicho que la autonomía no produjo mayor eficiencia. En lo positivo, el discurso de despedida del ministro de la presidencia nos anuncia la pronta presentación de un proyecto de reforma estatal. Tendremos que esperar para saber si su contenido se encuentra a la altura de los grandes problemas nacionales.

En todo caso, esperemos que no nos hayan tomado el pelo con la crisis fiscal. El llamado proyecto fiscal, nos dijeron hasta el cansancio, es para que no caigamos al precipicio, pero nos deja en su borde, con riesgo de caer si no se toman las medidas complementarias. El Estado costarricense creció sin control alguno y es hoy un mastodonte que nos cuesta ¢23 billones. Haga usted, señor lector, números: esa suma dividida entre ¢5 millones de costarricenses da un gasto per cápita anual de ¢4.600.000,00. Esto es simple locura y, por supuesto, mal gobierno. Con ese dinero el país puede disfrutar de superiores niveles de desarrollo. No lo hace porque el despilfarro es simplemente descomunal.

Mi apoyo decidido a la administración Alvarado Quesada

No voté por el candidato Alvarado Quesada o por su rival. Me parece que la democracia no me puede obligar a seleccionar entre dos candidatos, uno de los cuales tenía el respaldo del 14% o 15% del padrón electoral y el otro un 12%. Además, me pareció manipulación que el gobierno (vicepresidente) lograra poner como tema central el matrimonio gay. Pero como demócrata, apoyo en forma activista a la Administración Alvarado Quesada, porque esa fue al final la decisión de la mayoría que votó en segunda ronda. Además, viendo el estado de situación a lo largo y ancho de la América Latina y el Caribe, apoyo también en forma contundente y decidida los métodos democráticos para resolver los grandes problemas nacionales del Estado y encarar los retos de la coyuntura histórica actual. Y, esto, creo que lo comparte casi el 100% de la población.

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