Eduardo Carrillo: Tiene razón el Sr. Arguedas

Eduardo Carrillo Vargas,(Ph.D. Administración).

La Nación publica en fecha 12/10/22 un amplio campo pagado, con el dinero de todos los costarricenses, mediante el cual ANDE cuestiona dos excelentes artículos del exdirector de la Dirección General de Servicio Civil sobre el Ministerio de Educación Pública (MEP), al tiempo que destaca los “beneficios” y “aportes” sindicales a la educación nacional. Esos “aportes” están en directa oposición con los resultados obtenidos. Importante espacio ha merecido el llamado “apagón nacional” referido a los problemas de la educación, en los que tuvo un importante aporte la huelga sindical del 2018. OCDE también ha llamado la atención sobre el gasto en educación, 8% del PIB, aproximadamente el doble de la media de sus países miembros, pero en Costa Rica con resultados precarios. Los malos resultados del sistema educativo tienen el peor efecto sobre la clase media y los sectores más vulnerables, porque los priva de las condiciones de acceso a buenos empleos e ingresos o a competir por un espacio, especialmente en el mercado de las micro y pequeñas empresas. Es decir, esos resultados son generadores de pobreza.

ANDE hace un repaso de sus bases legales y las vincula con la creación del Servicio Civil en la Constitución del 49. Omite mencionar que los sindicatos y las huelgas son inconstitucionales. En efecto, el artículo 61“reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos…”. Al respecto, en las Actas de la Asamblea Nacional Constituyente, Tomo I, página 701, se destaca la intención del constituyente al señalar que “Regla disciplinaria fundamental es la que prohíbe la huelga de los servidores públicos, la cual se ha incluido tomando en cuenta la conducta observada al respecto por la mayor parte de los gobiernos democráticos, que se fundamenta, entre otras razones, en la especial protección institucional del Estado para sus servidores” (énfasis agregados). El proyecto constitución era más taxativo como lo expresa el acápite 14 del artículo 168: “Queda prohibida la huelga de los servidores públicos, así como el abandono colectivo de los cargos”.

Por otra parte, uno de nuestros más puros socialistas, el muy recordado don Enrique Obregón, entre otras cosas, autor de la propuesta de universalización de la cobertura del seguro social, aceptada por Don Pepe, se ha referido en forma contundente a los riesgos del poder del sindicalismo público, que según el anuario estadístico 2014 representaba el 8% de la fuerza laboral (me parece haber visto cifras recientes que lo elevan al 14%). Ciertamente, esa minoría ha adquirido un poder que, además de inconstitucional, excede en mucho su peso relativo a la fuerza laboral del país.

Sobre el sindicalismo en el sector público, un artículo publicado en La Nación el 31 de diciembre 2014, don Enrique incluye las siguientes consideraciones:

• Costa Rica logró tempranamente una reforma social de gran profundidad que ha evitado, durante 70 años, una seria confrontación obrero-patronal. Estas grandes transformaciones se dieron no como conquista de la organización obrera, sino del poder político gobernante… Resultado de nuestra falta de industrialización y de la ausencia de una verdadera clase obrera, nace un “sindicato” particular: el de la burocracia, que, con la habilidad de sus dirigentes y la debilidad de los políticos, ha logrado alcanzar un poder que rebasa el poder estatal.
• Aprovechando tal realidad –en ciertos casos, solamente legal– este sindicalismo burocrático se ha dedicado a presionar al Estado para lograr situaciones de privilegio. Como sus integrantes son parte de la misma institucionalidad que doblegan, nos encontramos con la peculiaridad de ser un país en el cual el sindicalismo actúa de manera antisindical.
• Paralizar el Estado. ¿Se trata de paralizar los servicios públicos? Pues bien, solo tiene que pedirlo el dirigente de Limón para que el antisindicalismo paralice totalmente el Estado. ¿Cómo se puede permitir, ante esta realidad, legalizar la huelga en el sector público? ¿Cómo va a colaborar el Estado en su propia destrucción?

Destrucción es lo que ofrece ANDE a la institucionalidad educativa. Asumir una posición en el proceso normal de toma de decisiones, especialmente en lo que respecta a la gestión de personal, es decir, en la selección de personal, la capacitación, la motivación, la evaluación del desempeño, etc., es privilegiar beneficios laborales sobre la urgencia de contar con un cuerpo docente adecuado a las necesidades actuales del país. Es, además, atentar contra las bases para el desarrollo de la capacidad productiva nacional, crear condiciones que fortalezcan nuestro desarrollo y aumentar el empleo, alcanzar remuneraciones dignas y, incluso, competir en el mercado, especialmente en la creación de micro y pequeñas iniciativas económicas. ANDE, como se recuerda de la huelga del 2018, no le interesa el bienestar nacional de la clase trabajadora y los beneficios para los sectores más vulnerables de la población.

Tiene razón el Sr. Arguedas y también don Enrique Obregón cuando se pregunta ¿Cómo va a colaborar el Estado en su propia destrucción? Eso es lo que está en juego con la presencia de ANDE en las estructuras formales de gestión de la educación pública nacional.