Eduardo Carrillo: Tiene razón Figueres

Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

El país debe enfrentar la realidad. El acuerdo con el FMI sería innecesario si la clase política y, específicamente, la Administración Alvarado Quesada (AAQ), hubieran tenido la voluntad para hacer los cambios estructurales que tanto necesita el Estado costarricense. Sin esas reformas, el acuerdo se vuelve necesario, porque de otra forma tendríamos una catástrofe de la dimensión de las crisis de los 80 y de la más reciente del 2008-2009.

La crisis fiscal es un cuento chino para ocultar la incapacidad de la AAQ y del PAC. Un país como el nuestro no debería tener crisis fiscal, porque tenemos en realidad un exceso de recursos mal utilizados. Y la dispersión, ineficiencia y corrupción es visible cuando nos referimos a la totalidad del Estado, en vez de concentrarnos en el Gobierno Central, cuyo costo ronda un 30% del total de los recursos públicos. La crisis institucional y sistémica es la razón central de todo nuestro desequilibrio económico y social. El lector posiblemente coincida con este razonamiento, a la luz de las siguientes circunstancias:

• El presupuesto del Estado, en prepandemia, superó los 28 billones de colones, equivalentes al 75% del PIB, en términos relativos uno de los más caros del mundo.
• Se crea una regla fiscal, pero sobre una base muy alta (de nuevo, equivalente al 75% del PIB) que en todo caso se viola frecuentemente con apoyo de presidente.
• La Contraloría General de la República confirma que la sumatoria de los superávits de las entidades públicas llegan a una cifra muy similar a la que negociamos con el FMI (casi $2000 millones).
• Según OCDE, la planilla laboral del Estado, relativa al gasto público total, es la más alta del planeta, comparada con la media de cualquier otra región.
• Los costos de electricidad, uno de los más altos de la región, cubren pérdidas por más de $1000 millones, producto de sobrecostos de los proyectos eólico de Santa Ana, hidráulicos de Reventazón y Balsa Mayor y, el cierre de Diquís, entre otros.
• La ausencia de una decisión política que disponga depositar los fondos presupuestales de todas las entidades públicas en el Banco Central nos priva de un ahorro que supera los $300 mil millones.
• Según datos de la CGR los privilegios salariales suman el 163,12% de la planilla del Estado.
• Muchos $millones se pierden porque el poder judicial tiene como producto final la justicia impronta e incumplida. Ahí se encuentran los recursos robados hace más de 10 años en La Trocha y seguro tardarán otra década o más en resolver los casos de La Cochinilla, Diamante y Azteca.
• Se gasta algo cercano al 3% del PIB en asistencia social, pero esos recursos, posiblemente entre los más altos del continente, se pierden por burocracia en unos 40 programas sociales.

También deberíamos entender que la economía no es un tema económico. El desorden institucional que caracteriza nuestro Estado tiene un alto costo, que incide en forma determinante de nuestras posibilidades de desarrollo, en las oportunidades de llevar bienestar a nuestras grandes mayorías que viven en pobreza y evitar el deterioro sistemático de nuestra empobrecida clase media. Tienen el mismo efecto los procesos de toma de decisiones. Claro, la decisión más fácil, son los impuestos, especialmente cuando hay carencias de visión y carácter del gobernante. Tal es el caso de la incapacidad de la AAQ de asumir los retos tecnológicos que hoy encaramos. Y, específicamente, de dotar al país del 5G, cuya ausencia, se estima, produce una pérdida anual de US$321 millones por año, que en el 2024 será de $1.134 millones.

Sí, el país tiene una crisis institucional de gran tamaño y complejidad, pero la fiscal es el simple producto de una casa en completo desorden. Si logramos ordenarla, tal vez mediante un conjunto planes estratégicos de emergencia, con los recursos que tenemos podríamos alcanzar una ambiciosa meta de desarrollo y bienestar sin exclusiones. Puede haber sacrificios temporales, pero en el mediano y largo plazos un desarrollo con equidad es posible.

Figueres tiene razón y el proyecto con el FMI debe ser revisado, porque está construido sobre las frágiles bases de una crisis fiscal muy alejada de los grandes problemas nacionales. Y no estoy hablando de política partidaria, porque hay algunas propuestas razonables a nuestra problemática. Pero si pensamos como nuestro presidente estamos perdidos y reafirmando el statu quo. El país necesita los cambios estructurales de los que todos hablamos y no siempre entendemos. Y los necesita en forma inmediata, mediante la adopción de medidas de emergencia, porque las crisis de seguridad, económica, educativa, judicial, etc. son reales y ya nos tiene en el precipicio que nos anunciara en campaña política el presidente Alvarado. Pero tienen que ser medidas articuladas que nos deparen un Estado, nuestra casa, ordenado y funcional. Bienvenido los talentos que el Sr. Figueres ha nombrado en su equipo económico. Otros candidatos deberían mostrar su seriedad dándonos los nombres de sus colaboradores inmediatos. Nos ayudará a ver si realmente están enfocados en nuestros problemas sustantivos, cuáles son sus prioridades y el aporte en cada uno de los cortos 4 años de gobierno.