Eduardo Carrillo: Un desequilibrio técnico/político subyace en el fracaso de la democracia

De nuevo el problema es que los políticos no tienen las competencias para crear y administrar PE inteligentes. Cierto, con frecuencia tenemos en nuestras estructuras jerárquicas superiores, profesionales con altos niveles de excelencia técnica, pero cuando ello ocurre, esos profesionales son dominados por los procesos electorales de los cuales depende el éxito de los políticos y de sus partidos.

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

Una vez más, conviene recordar que el Estado costarricense goza de buena salud económica, con un presupuesto que supera el equivalente al 75% del PIB (unos 28 billones de colones). Esos vastos recursos parten de una precaria práctica presupuestal como lo destaca un editorial de esta fecha: “En nuestro país, los planes de gastos se elaboran desde abajo, comenzando por las unidades más modestas de cada institución hasta llegar a la jerarquía”. Ello equivale a un proceso atomizado en sus bases que adolece de la coherencia que se esperaría de las metas nacionales, las cuales deberían coincidir con la finalidad última de la democracia: procurar el bienestar de toda la población.

La democracia y el Estado tiene un recurso estratégico para lidiar con esta fuente de dispersión de recursos y la imposibilidad de que la democracia cumpla con su cometido. En este fracaso subyacen todas las deficiencias que se acumulan como rechazo y desencanto con la democracia y con la clase política. En varias ocasiones he sugerido un hecho fáctico: la clase política ha fracasado en la administración del Estado, como es objetivamente evidente por los indicadores sociales, económicos y políticos, fuente de distanciamiento de la población civil con los partidos políticos. Es un hecho concreto en nuestro país, en la nuestra región y, posiblemente, en otras regiones del planeta.

Ese recurso estratégico lo representa las Políticas de Estado (PE). Es el recurso principal a nuestra disposición para focalizar y orientar los vastos recursos públicos hacia el cumplimiento de las metas nacionales, si es que en realidad queremos conducir al país por la vía de una democracia que brinde bienestar y seguridad social. Hoy no tenemos ninguna de las dos, lo cual ha creado el entorno propicio para el éxito relativo de los populismos de izquierda y derecha. Sin PE ese equivalente al 75% del PIB va a la deriva y explota en enorme cantidad de pedazos, conformados por miles de pequeños presupuestos incoherentes, elaborados en las bases y que no llegan a acciones globales que focalicen la finalidad del bienestar, sustento principal de la democracia.

El fracaso de los políticos en la administración del Estado es, a su vez, el fracaso de la democracia que practicamos. La política parece incompatible con la capacidad para administrar una organización de la complejidad del Estado, que se repite en instituciones como el INS, la CCSS, el MEP y el MOPT, la banca pública, para mencionar unas pocas. Es una tarea de un alto contenido técnico, que no aparece en nuestros gobiernos, ya sea por la ausencia de las competencias necesarias o por el dominio electorero de la administración pública. Hay, además, condiciones que dificultan esa demandante tarea de administrar el Estado y sus instituciones, entre ellas la relación política/capital del sufragio, estructuras de gobierno producto de esa relación, centralismo que oculta la corrupción y discrimina contra las ciudades periféricas y el campo; consejos directivos dominados por el interés corporativo y en perjuicio del interés nacional; y, tamaño excesivo del Estado, con más de 335 inmanejables entidades públicas, muchas de ellas en abierto conflicto con el Gobierno Nacional.

Pero el daño mayor, me parece a mí, surge de la falta de dirección, como un factor de coherencia de los recursos económicos e institucionales de ese complejo aparato que llamamos Estado y que es el principal instrumento para alcanzar los propósitos de la democracia. Es el recurso más importante que nos permitiría encontrar la ruta para la construcción de una sociedad que disfrute de los privilegios de la libertad, acompañada del bienestar económico y material, fuente de dignidad de toda la población. Es aquí donde se encuentra la semilla del desencanto con la democracia y la inestabilidad política y social que abruma a la mayoría de los países de nuestra región.

El principal factor de dirección del Estado, sus instituciones y recursos, emana de buenas PE de las cuales carecemos. Si no hay dirección cualquier ruta es aceptable, porque no tenemos una imagen clara del Estado que queremos construir. Así se alimentan la dispersión y el despilfarro de los recursos que todos aportamos con la expectativa de resultados que no llegan. La democracia tiene deficiencias estructurales que no hemos querido reconocer y resolver, tal vez bajo el concepto Churchiliano de que es, en nuestro léxico, el menos peor de todos los sistemas. Pero, me parece que las PE, inteligentemente diseñadas, cumplen una función de dirección que traería beneficios inmediatos a nuestros países y aliviaría las presiones sociales que hoy agregan a la ingobernabilidad.

Entiendo por PE un conjunto de recursos administrativos, en los que se destacan metas, estrategias, acciones y resultados. Estos elementos, en la estructura del Estado partiría de una dimensión sectorial, respaldada por nuestra condición de ESTADO UNITARIO y por el principio de RECTORÍA, pero que se sigue repitiendo en todos los niveles importantes de organización de la administración pública, sin distingo de la autonomía que, en nuestro caso, han exacerbado el efecto de dispersión de recursos. Si se cumple, alcanzaríamos mayor coherencia institucional, relativa a los fines de la democracia. Es un doble beneficio para un ESTADO que se ajusta a los requerimientos de la DEMOCRACIA.

De nuevo el problema es que los políticos no tienen las competencias para crear y administrar PE inteligentes. Cierto, con frecuencia tenemos en nuestras estructuras jerárquicas superiores, profesionales con altos niveles de excelencia técnica, pero cuando ello ocurre, esos profesionales son dominados por los procesos electorales de los cuales depende el éxito de los políticos y de sus partidos.

La solución a este problema es crear a nivel del despacho del presidente y de sus ministros pequeños equipos interdisciplinarios que suplan, en función de apoyo, el diseño de PE inteligentes y la labor de difusión y control de su aplicación. Estos equipos técnicos estarían conformados por funcionarios apolíticos (que respaldan la función política) y tendrían permanencia en sus funciones (no confundir con los asesores que escogen los políticos y son fuente de corrupción y nepotismo). Además, se emplearían mecanismos especiales de selección que garanticen sus competencias. Agrego que el gobernante que quiera instaurar estos procesos podría involucrar en un principio algunas de nuestras excelentes instituciones (INCAE, UCR, TEC, Informe Estado de la Nación, entre otras). Un correctivo dentro de estas líneas tendría una variedad de ventajas, por ejemplo: 1) posiblemente no requiera ajustes legales para su implementación; 2) revertiría la gestión de los recursos porque sus múltiples pedacitos, que ahora caracterizan el presupuesto, tendrían un marco normativo y articulador; 3) crea un mecanismo de evaluación y rendición de cuentas, mediante el cumplimiento de los resultados esperados en cada nivel de la administración y, 4) es posible que la búsqueda técnica de coherencia exponga muchos de los problemas de duplicidad o conflictos institucionales entre entidades públicas.

Este no es el único desequilibrio técnico/político, pero es el que tiene un mayor ámbito de aplicación y una función articuladora de recursos económicos e institucionales del Estado. Fortalece al Estado y nos acerca más a la democracia.

 


 

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