Eduardo Carrillo: Un nuevo Estado para un mundo nuevo

El país necesita, si quiere alcanzar niveles competitivos y elevar nuestra calidad de vida, es utilizar las herramientas del mundo global, la revolución digital y la inteligencia artificial para elevar el potencial productivo del país

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

Si, por una parte, reconocemos el hecho objetivo de que los políticos han fracasado en la función de gobierno de décadas recientes y, por otra, que el mundo cambio con motivo de la globalización y la revolución digital, deberíamos aceptar que necesitamos un golpe de timón, tal vez de la magnitud del que produjo la Segunda República.

Que los políticos fracasaron en décadas recientes es objetivamente demostrable por las numerosas crisis que caracterizan a nuestra realidad institucional: el propio gobierno, la educación, la salud, la seguridad, etc. Poco se rescata de la administración pública, incluso nuestro querido sistema de salud, cuando vemos los errores frecuentes: cambios en los EBAIS del este, que ofrecían un mejor servicio a un menor costo; exposición del personal médico a riesgos importantes por la mascarilla que no era para uso médico, compra de otras mascarillas en condiciones administrativas y éticas dudosas, todo lo cual denota fallas internas y mal manejo de recursos escasos. Mas grave es que tengamos agua en exceso, pero importantes sectores de la población tienen que vivir penurias sin ella; o, peor, que tengamos los recursos para una red nacional de internet, pero permanecen ociosos por imperdonable ineficiencia de Fonatel.

Tal vez más importante, es evidente que el mundo cambió en formas que todavía nos sorprenden. La nueva regla es fluidez, en la que el cambio cambia al propio cambio. En efecto, los nuevos procesos son objetos de renovación sobre la marcha y los productos que hoy nos satisfacen, tendrán sustitutos en cuestión de meses. El entorno global y la revolución digital han cambiado nuestros comportamientos sociales, pero, sobre todo, han impulsado a nuevos niveles la economía y las relaciones de competitividad entre naciones.

Mientras esto ocurre, el país sigue con una estructura y un funcionamiento arcaicos. En media pandemia, llegaron los israelís, con una amplia infraestructura científica para probar un método más eficaz y eficiente para el diagnóstico del covid-19. Once días fueron insuficientes para sortear los obstáculos burocráticos nacionales y los israelís se fueron sin poder demostrar los beneficios del nuevo sistema. Algo ha pasado en nuestro medio, en el que los procesos dominan sobre los resultados. En el plano gubernamental las garantías procesales han empoderado a los mandos medios (de hecho, inamovibles) que ejercen poder de veto sobre las iniciativas políticas, según reconocen los propios jerarcas. Lo que implica que cualquier iniciativa puede morir en los atascos de unos 50 regímenes laborales que existen en la administración pública, todos en competencia por privilegios de distinta naturaleza.

El simple tamaño de nuestro Estado crea una situación permanente de ingobernabilidad. Son unas 330 entidades públicas, más de 80 de ellas en algún régimen de autonomía, que en la práctica representan un reto para el ejercicio del gobierno nacional, según corresponde a nuestro carácter de Estado Unitario. Las entidades autónomas, muchas sin funciones que justifiquen su existencia, redundantes, duplicitarias o francamente confrontativas, resisten el control central, aún cuando la Constitución establece que la autonomía es administrativa. El presupuesto pre-pandemia del Estado (2019) fue de ¢28 billones, equivalentes al 75% del PIB. Estos vastos recursos garantizan los ingresos de las instituciones autónomas, históricamente superavitarias, pero golpean al Gobierno Central, históricamente deficitario. Somos, en esencia, una especie archipiélago, en el que cada isla no solo resiste la comunicación, sino que pone fronteras para proteger sus propios privilegios. Tal división imposibilita una conducción integrada por metas comunes.

Nuestro Estado simplemente no es acto para responder a los retos del mundo global y de la revolución digital, aun cuando, en retórica, reconocemos que el mundo cambió. Si queremos que el país pueda desarrollarse dentro de los parámetros que el nuevo entorno mundial requiere, tenemos que realizar cambios profundos.

Primero, requiere agilidad de respuesta a los retos del entorno global. Pero para eso es necesario limpiar al Estado de una multiplicidad de obstáculos que dificultan la toma de decisiones. Es necesario confirmar la autoridad ejecutiva, a nivel nacional, porque el gobierno es nacional; de la misma forma que hay que aclarar los alcances de la autonomía y en algunos casos prescindir de ella. Los regímenes de adscripción deben ser revisados y limitados. En muchos sentidos constituyen un despilfarro de recursos (redundancia de infraestructura administrativa) y obstáculos a la autoridad ministerial.

Es necesario reducir el tamaño del Estado, porque más de 300 entidades son inmanejables. Deberíamos preguntarnos: ¿Por qué tener varios bancos cuando uno podría cumplir con la función pública correspondiente? ¿Se aleja la banca pública de los objetivos originales cuando sus costos de intermediación doblan los de la competencia y la media de los países OCDE? ¿Por qué el Estado tiene que asumir empresas típicas del sector privado, cuando sabemos que la ineficiencia afecta la calidad del servicio y lo encarecen? ¿Por qué está el Estado en el negocio de las energías, carburantes, fabricación de bebidas alcohólicas, seguros, entre otros?

Y no es que el Estado se pueda librar de algunas funciones tradicionales. Sin duda tendrá que velar por la estabilidad económica, la gestión del comercio internacional, el establecimiento de agencias regulatorias que privilegien los resultados sobre la tramitología y el mejoramiento de servicios públicos esenciales como la seguridad y la salud pública.

Lo que el país necesita, si quiere alcanzar niveles competitivos y elevar la nuestra calidad de vida, es utilizar las herramientas del mundo global, la revolución digital y la inteligencia artificial para elevar el potencial productivo del país. Nuestro potencial científico, cuyos aportes en la pandemia hemos reconocido, puede ser elevado sustancialmente y aplicarlo a prácticamente todos los campos del conocimiento y de la economía nacional. Pero para eso necesitamos gobernabilidad y que el Poder Ejecutivo ubique este amplio campo como eje estratégico de su administración. Es un campo en el que apenas medio existimos, aunque recocemos importantes reservas en nuestro recurso humano. Pero la ingobernabilidad, el Estado paquidermo, los cuestionamientos a la autoridad del gobierno nacional, las fracturas del Estado, algunas empresas públicas, la ausencia de un buen régimen laboral que elimine la inmovilidad del empleado que no produce, etc., son obstáculos que le impiden actuar en el nuevo entorno dominado por la digitalización y la inteligencia artificial inserta en procesos productivos. El futuro y las nuevas tecnologías siguen adelante, pero nuestra capacidad competitiva está atada por procesos inadecuados y una estructura institucional, deficiente en sentido tradicional y más aún en la perspectiva de las nuevas demandas del desarrollo.

La educación se encuentra en medio de toda esta renovación. Es posible que demande cambios estructurales y mecanismos mediante los cuales el ejecutivo pueda intervenir con mayor autoridad. Es en todo caso, el eje de la estrategia de gobierno en la creación de un Estado moderno, significando con ello un Estado agresivo en nuevas inteligencia artificial, tecnologías productivas y el uso de los medios digitales que hoy están a nuestra disposición.

En esta perspectiva, la educación es la semilla para la creación de un nuevo Estado y demanda un reordenamiento de prioridades que nacen desde la propia iniciativa del Poder Ejecutivo. Reiteramos, su participación es más directa y contundente, porque es el eje central de su estrategia de gobierno y base para el desarrollo de la economía y del bienestar de la población. La educación, que hoy tiene más recursos de los que necesita, debe ser sometida a un proceso de renovación total. El Estado debe recapacitar a sus docentes, exigir nuevos requisitos a los programas de formación docente, y debe cambiar sustancialmente los métodos para la enseñanza primaria, secundario y superior.

Con el riesgo de ser repetitivo, el traslado de buena parte de la función de gobierno a unas 12 regiones, con sus recursos y autoridad, podría liberarlo de tareas administrativas y dejar más espacio para un gobierno que se dedica a reconstruir sus bases y hacerlo más moderno e internacionalmente competitivo. Lograría otros beneficios, como distribución geográfica de recursos más equitativa, mayor rendición de cuentas, reducción de la corrupción favorecida por el centralismo, evitar la dispersión de recursos/gobiernos en 82 municipios, entre muchos otros.

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