Eduardo Carrillo. Un paso atrás: debilitamiento y politización del Servicio Civil

Ahora se pretende politizar el Servicio Civil, sacarlo del nivel en que se encuentra y pasarlo al ministerio de planificación, con lo cual se le baja el perfil y se envía un mensaje negativo al resto del Estado, que seguro sacarán ventaja de una posición de mayor fortaleza, frente a un Servicio Civil que la pierde. 

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

Las aspiraciones de la constituyente eran ambiciosas cuando se creó la institución del Servicio Civil. Las actas lo plantean con claridad: “La administración de la república tiene sus bases en la estabilidad y el perfeccionamiento constante de los servicios públicos, así como en la adecuada garantía de los deberes y derechos de quienes están llamados a desempeñarlos”. 

Partiendo de esos principios fundamentales, consigna el proceso una serie de disposiciones tendientes a establecer la carrera administrativa, con lo cual encuentra cumplida satisfacción una de las más sentidas y apremiantes aspiraciones nacionales. No está limitada su aplicación al Poder Ejecutivo, -Como lo propuso una enmienda a la Constitución de 1871-, sino que se extiende a los tres Poderes del Estado, los municipios, el Tribunal Supremos de Elecciones, la Universidad de Costa Rica y las Instituciones Autónomas”.

Ahora, la Administración Alvarado nos pone a la altura del gobierno Ulate Blanco, quien recién creado el Servicio Civil, liberó a varias instituciones de dicho régimen y le negó el presupuesto necesario para su desarrollo. En contraste, en los años 60 Rodrigo Facio, consistente y honesto en sus principios, utilizó la asesoría del servicio civil para darle a la UCR un régimen que garantizara la transparencia y la excelencia de la labor académica. Le tocó a quien escribe estas notas parte de esa labor, primero en mi condición de primer subdirector de personal de la UCR y, al año, por renuncia del titular, en su segundo director de personal. La labor del Servicio Civil fue excelente en dos campos sensibles de un buen sistema: la clasificación y la valoración de cargos.

Ahora se pretende politizar el Servicio Civil, sacarlo del nivel en que se encuentra y pasarlo al ministerio de planificación, con lo cual se le baja el perfil y se envía un mensaje negativo al resto del Estado, que seguro sacarán ventaja de una posición de mayor fortaleza, frente a un Servicio Civil que la pierde. 

La autonomía del Servicio Civil no parece haber estado en tela de juicio durante las primeras dos décadas de aplicación, más allá de los pasos negativos del presidente Ulate. Los constituyentes querían un sistema para que la administración estuviera alejada de los vaivenes de la política. Un factor importante fue la constitución de la Junta Directiva y el principio según el cual la ley de servicio civil solo podría ser reformada con el concurso de dos terceras partes del total de los integrantes de la Asamblea Legislativa, “pues de esa manera se coloca esa nueva legislación a cubierto de modificaciones inconvenientes inspiradas en el interés transitorio de fracciones políticas”.

Otra fuente de fortaleza se logró con la conformación de la Junta Directiva, “integrada por tres miembros nombrados por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Gobierno y la Universidad de Costa Rica” a lo cual agrega que “tendrá independencia funcional y económica para centralizar todo lo relativo a la aplicación de la ley y reglamentos que han de dictarse a fin de dar realidad práctica a los principios constitucionales”.

 No tenemos todo el proyecto de reforma para apreciar mejor sus consecuencias. Pero el traslado a un ministerio cualquiera implica un debilitamiento importante de una de nuestras mejores instituciones, que lamentablemente ha carecido del apoyo para su modernización. El argumento de la Sra. Ministra de planificación falla cuando sugiere que la mayor politización se da por su relación con la presidencia (valga decir con el Ministerio de la Presidencia). Todo esto se disipa si se cumplen los deseos de los constituyentes y se mantiene la relación con el nivel más alto del gobierno, que aparentemente la Sra. Ministra de planificación subestima. 

Sin una Dirección Nacional de Servicio Civil sólida, que no tenemos, los más de 49 regímenes de personal que existen en la administración pública saldrán reforzados a costo del debilitamiento de la Dirección General de Servicio Civil. Es un paso burocrático, que carece de la profundidad e importancia que la Constituyente del 49 le quiso dar a esa institución. La solución no es cambiar su vinculación estatal, sino reforzarla y darle los recursos para que cumpla su función como está concebida en la constitución: “Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración” (Art. 191)

Según palabras de la ministra de planificación, pareciera que las reformas no solo debilitan la posición de autoridad derivada de la relación con la presidencia, sino que también trasladaría a planificación funciones que hoy son competencia del Servicio Civil. Esto sí es grave, no solo porque implica politizar la gestión de personal, sino porque la somete a las situaciones de extrema ineficiencia del Gobierno Central, que arrastra con creces la imagen de La Platina.

La Sra. ministra de planificación ve algunas de las reformas que ha planteado con un poco de inocencia o desconocimiento de la materia cuando se refiere a la evaluación del desempeño que, en su perspectiva, traerá algún beneficio a la administración pública. Pero hay varios errores en esta materia: primero, no hay un solo nivel de desempeño, sino varios. Las empresas serias, generalmente identifican 4 o 5, con cada uno de los cuales se asocian distintas medidas administrativas. El nivel más bajo, el funcionario no cumple con sus tareas, es motivo para proceder a su despido. El que cumple su función no recibe reconocimiento más allá de su remuneración. El que llega a la excelencia no solo amerita algún reconocimiento material, sino también merece ubicarlo en la lista de potenciales candidatos para funciones superiores. 

En segundo lugar, para que la evaluación tenga sentido, los resultados esperados en cada nivel deben estar claramente especificados. No se trata de contar con los volúmenes de la planificación tradicional, que nadie lee o recuerda, sino de unas planillas con un máximo de tres páginas que definan: las metas anuales; las acciones que le corresponde a la entidad específica; y, los resultados esperados. Esta definición se hace mediante un proceso que tiene por lo menos los siguientes componentes: la preparación en la visión del supervisor; la lectura crítica por parte de todo el personal involucrado; la discusión grupal de las críticas; y, la validación final de las planillas que se convierten en el instrumento guía del trabajo. Obviamente, la unidad que no cumpla con los resultados esperados no puede tener una evaluación de buena o muy buena. Sin este sencillo instrumento y sin que los funcionarios sepan cuáles son los resultados esperados de su trabajo la evaluación del desempeño es un instrumento inútil y engañoso.

No creo que este correo le llegue a la Sra. Ministra de Planificación, pero parte del problema resulta de la ausencia de Políticas de Estado inteligentes, un problema que gira en torno a las competencias de los jerarcas o a su inclinación por la política y no por los temas técnicos. Un buen sistema de gestión, del que también carecemos, debería tener Políticas de Estado con cuatro contenidos básicos: 1) las grandes metas y estrategias; 2) las acciones principales para su ejecución; 3) los resultados esperados para alcanzar las metas; y, 4) un sistema de control de procesos y resultados requeridos para el logro de los resultados esperados. Las Políticas de Estado deben ser el punto de partida para que las instituciones de cada sector reproduzcan el proceso, hasta llegar a las unidades operativas donde los supervisores sintetizan todo en las planillas ya mencionadas, criticadas y socializadas por el personal. También le recomendaría a la Sra. Ministro que lea mi artículo titulado El poder constructivo de las Políticas de Estado

Para cerrar estas notas, quiero manifestar que, si se quiere mejorar la administración pública, el Servicio Civil debe permanecer en su ubicación actual (Presidencia). Por supuesto requiere una serie de reformas de fondo, que también serán más viables fuera del Ministerio de Planificación, pero respetando los principios que el constituyente planteó correcta y claramente (Todas la citas son tomadas de las actas de la Constituyente del 49).

 

 

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