Eduardo Carrillo Vargas,(Ph.D. Administración).

En nota anterior me referí al sindicalismo desde una perspectiva general. Ahora me aboco a una revisión, no legalística porque no es mi campo, sino por lo que, aparentemente, dice la Constitución (CP). Y no porque esté escrita en algún código misterioso, sino porque, parafraseando la expresión de un notable magistrado, la Constitución dice lo que la Sala Constitucional dice que dice (*). Es decir, tiene un carácter de flexibilidad de interpretación marcado por cambios de época, integración de la Sala IV, pensamientos prevalentes, formación ideológica, etc. En todo caso, ofrezco algunas citas textuales que parecen reflejar el pensamiento del constituyente y dejo a criterio del lector su interpretación.

Sobre constitucionalidad de los sindicatos. El artículo 60 de la CP establece el derecho a la sindicalización, de una manera general. Pero en el sector público los priva de sus dos instrumentos principales de lucha: la huelga y las convenciones colectivas, a las que me refiero más adelante. El artículo 61 “reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de éstos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma establezca”. Las actas de la Constituyente del 49 (tomo I, Pág. 701) enfatizan lo anterior:Regla disciplinaria fundamental es la que prohíbe la huelga de los servidores públicos”.

Sobre las convenciones colectivas en el sector público. Importante aclarar que “Conforme se desprende de la jurisprudencia de esta Sala, como tesis de principio, la relación laboral que se establece entre el Estado (en cuenta las municipalidades) y sus trabajadores se rige por el Derecho Público – no el Código de Trabajo-, relación que se ha denominado de empleo público o estatutaria”.

El resto (de) los empleados del Estado, que por tanto participan de la gestión pública …ni pueden solucionar sus conflictos colectivos de trabajo por la vía del arbitraje ni tampoco pueden celebrar convenciones colectivas (resolución No. 00-445e) siendo inconstitucional la celebración de convenciones colectivas que se celebren en el sector público cuando se trate de personal regido por una relación estatutaria. Lo cual implica que no se pueda tolerar la negociación colectiva en el sector público...”

Esta parece ser la realidad, siguiendo la letra de la CP y las actas que reafirman las decisiones de los constituyentes, en algunos casos respaldadas por decisiones de la Sala IV. Como se mencionó en artículo previo, nuestro sindicalismo tiene una base política, motivada por la tardía industrialización de nuestros países, con impulsos originados en la década 1920, luego en las de los 30 y 40, y subsecuentes de los gobiernos socialdemócratas. Los políticos, más tarde, simplemente violaron las disposiciones de la CP y facilitaron el asalto sindical a los gobiernos, empleando los recursos inconstitucionales de la huelga y de las convenciones colectivas.

Peor, permitieron que los sindicatos invadieran el campo de la gestión pública, mucho en gestión de personal y en gerencia global, por representación en cuerpos directivos. Una consecuencia directa ha sido el incremento de las cargas y costos burocráticos, que hace de nuestro Estado uno de los más caros del planeta (75% o más del PIB); que tengamos las planillas más costosas en su relación con el PIB; que, en sectores como la educación, hoy en crisis, tengamos también los mayores costos del planeta, con la única excepción de Noruega, en este caso con educación de primer mundo; y que, en instituciones como JAPVEDA, las cargas de personal sentenciaron su quiebra. Golpe similar produce el costo burocrático en entes como ICE y RECOPE. La pregunta, sin respuesta, es si el Estado logrará alejarse de la solución única -más dinero-, liberarse de las presiones sindicales y acceder a mejores prácticas y buenas tecnologías en beneficio de mejores servicios para toda la población.

Por Eduardo Carrillo

Ha colaborado con varios gobiernos, desempeñándose principalmente en el área de la salud pública. Laboró con organismos internacionales y es consultor. Analista y comentarista. (Ph.D. Administración).