El Canal de Panamá sufre la crisis ambiental

Osvaldo Jordán Ramos/Latinoamérica21

Durante la segunda mitad del año 2023, la falta de agua para el normal funcionamiento del Canal de Panamá, así como las pérdidas por la reducción en el paso de buques han dominado los titulares, saltando a la palestra pública el fenómeno atmosférico y oceanográfico de El Niño como una de las mayores amenazas para la seguridad nacional. Pero el vínculo entre el deterioro ambiental y la economía del país no es una preocupación nueva y ha estado presente en la agenda nacional desde los 70’. Incluso, la propia institucionalidad ambiental panameña recibió su mayor impulso a raíz de la preocupación por el futuro del Canal de Panamá, gestándose sus orígenes a orillas del Embalse de Alajuela y a la sombra del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).  A pesar de los esfuerzos, el fraccionamiento y la marginalización de la gestión ha persistido, a tal punto que nos encontramos ante las peores proyecciones de los últimos cincuenta años.

Aunque Panamá ha carecido históricamente de una institucionalidad ambiental adecuada, el país depende de sus recursos naturales y en especial de su extraordinaria abundancia de recursos hídricos que sustentan el funcionamiento del canal, pero también la producción de alimentos para la exportación y el abastecimiento nacional, la generación de energía hidroeléctrica que hasta hoy domina la matriz energética, y el suministro de agua potable para la población.

Un problema histórico

Hasta mediados del siglo XX, los recursos naturales, incluyendo los bosques y el agua, no se consideraban factores limitantes para el crecimiento económico. Sin embargo, el avance de la frontera agrícola, la migración de personas hacia las áreas urbanas e incluso los procesos globales de contaminación y cambios en los patrones climáticos han causado un deterioro creciente del medio ambiente que hoy día amenaza la sostenibilidad económica y social del país.

La actual administración del presidente de Laurentino Cortizo, reconoció desde el inicio el grave desafío en materia ambiental y en especial la necesidad de asegurar el agua necesaria para el funcionamiento del Canal. Con la elección de un nuevo administrador para la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), se reafirmó la propuesta de un nuevo embalse sobre el Río Indio al oeste del Canal así como la posible interconexión con el Embalse de Bayano en Panamá Este.

Pero por otro lado, el Gobierno enfrió los esfuerzos que se habían adelantado en el gobierno anterior de Juan Carlos Varela (2014-2019) por avanzar con el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050; incluyendo la adopción de medidas urgentes para enfrentar el estado de emergencia que se declaró con el pasado episodio de El Niño entre 2015-2016.

De todas maneras, el Canal de Panamá sigue siendo autónomo y de interés nacional, lo cual le otorga una inusitada amplitud para operar por encima de las diferencias políticas. Muestra de ello ha sido el consenso político ante la propuesta de represamiento del Río Indio en la actual campaña electoral y las reiteradas veces en las que se ha propuesto ampliar el mandato de la ACP más allá de la operación de la vía interoceánica. De hecho, durante la administración de Juan Carlos Varela del Partido Panameñista (2014-2019), incluso se autorizó a la ACP para emprender estudios hídricos sobre el aprovechamiento de agua en cuencas muy distantes de la vía canalera como los ríos La Villa, Perales, Parita y Santa María.

Consecuencias en el canal

Desde que se inauguró la ampliación del Canal en 2016 y hasta el año 2023, cuando se presentó uno de los episodios más severos del fenómeno de El Niño; el número de tránsitos por año había seguido una tendencia similar a la de los últimos veinte años.  A pesar de ello. y gracias a las nuevas esclusas, el tonelaje había estado aumentando de manera muy rápida hasta 2021 respondiendo a la mayor capacidad de transporte de carga que tenía la nueva generación de buques Neo-Panamax, que empezaron a cruzar la vía interoceánica al inaugurarse la ampliación.

Si bien resulta difícil evaluar si la caída tanto de tránsitos como de tonelaje en 2023 e inicios de 2024 impactará las tendencias a largo plazo; resulta evidente que el suministro de agua ha sido reconocido como un factor importante para la operación del Canal a largo plazo. Igualmente hay que destacar que esto ha afectado tanto a los buques Panamax como Neo-Panamax lo que puede afectar aún más la cantidad de tonelaje en el futuro.  La reducción de tránsitos por el Canal también está teniendo repercusiones en el comercio y la economía mundial añadiéndose a las incertidumbres que han afectado al comercio marítimo mundial durante los últimos años.

Además de las potenciales pérdidas económicas y restricciones de tránsito derivadas de la escasez de agua, la ciudadanía está sufirendo el suministro irregular de agua potable, especialmente en la Provincia de Panamá Oeste. En abril del 2023, las protestas por la falta de agua dominaron los titulares del final de la temporada seca, lo que afianzó la opinión de los técnicos de la ACP en cuanto a la necesidad de aumentar el suministro con las iniciativas de Bayano y Río Indio.

Pese a la inestabilidad generada por la falta de agua y de otros servicios básicos, el Gobierno no ha propuesto una solución integral a esta problemática más allá de la finalización de obras de infraestructura y la esporádica reducción en el consumo. En consecuencia, este será un punto prioritario de la agenda de la próxima administración que asuma en julio de 2024.

Además, gran parte de la ciudadanía percibe que el Ministerio de Ambiente y las demás instituciones del Estado no tienen la capacidad para responder a los problemas ambientales, según los resultados de la encuesta de CIEPS sobre la desconfianza hacia las instituciones estatales. En materia ambiental, esto es particularmente grave dado que la mayoría de los ciudadanos (93.3%) identifican el cuidado ambiental como la principal característica para ser un buen ciudadano. La falta de respuesta del Ministerio de Ambiente a cualquier nivel (local, provincial, o nacional), ha despertado un fuerte rechazo hacia la institución que se ha canalizado principalmente en las manifestaciones en las calles, medios de comunicación y redes sociales.

Como respuesta, durante este periodo se ha aumentado la coordinación entre el Ministerio de Ambiente, el Ministerio Público (fiscalías ambientales) y la Policía Nacional con la contratación de funcionarios, la apertura de nuevas oficinas e inversión en infraestructuras. Pese a ello, los resultados no han sido alentadores, pues todo parece indicar que el tráfico de vida silvestre, la frontera agrícola y el deterioro de la calidad ambiental siguen avanzando, sobre todo en zonas urbanas, vertederos y áreas mineras.

Hasta el momento, ninguna de las anteriores administraciones ha dado respuesta a la preocupación ciudadana sobre el destino del Ministerio ni del Sistema Interinstitucional del Ambiente (SINIA) que debería garantizar una gestión intersectorial. Esto resulta angustiante frente a crisis coyunturales como el actual evento de El Niño, y retos globales como el Cambio Climático, los contaminantes orgánicos persistentes y la erosión de la biodiversidad.

La actual crisis impactará significativamente en la economía nacional por la disminución del tránsitos en el canal, pero para los residentes de La Chorrera y otras poblaciones de Panamá Oeste la falta de agua se ha convertido en la nueva normalidad. Y de aquí a pocos años, es probable que el agua no sea suficiente para abastecer a la creciente mancha urbana que se extiende desde la capital.

 

Osvaldo Jordán Ramos es Investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, CIEPS. Doctor en Ciencias Políticas y Magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Florida, Gainesville.
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