El doble desafío de superación de la pobreza: inclusión social y laboral

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Lilliana Sánchez Bolaños., Politóloga (Msc.).

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible expresa un consenso sobre la necesidad de avanzar hacia sociedades más inclusivas, solidarias y cohesionadas, haciendo un llamado a asegurar “que nadie se quede atrás” en la senda del desarrollo. Se trata de una agenda universal e integrada, que ubica a la igualdad basada en derechos en el centro del desarrollo sostenible.

Los países de América Latina y el Caribe han suscrito la Agenda 2030 y se han comprometido con ella, emprendiendo acciones para avanzar en el desarrollo social inclusivo y la promoción de la igualdad, la dignidad y los derechos de todas las personas.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en su publicación: “Programas sociales, superación de la pobreza e inclusión laboral: Aprendizajes desde América Latina y el Caribe”, analiza la experiencia regional en cuanto a una serie de programas sociales que son claves para transformar los derechos en realidad y promover la inclusión social y laboral de la población que vive en situación de pobreza y vulnerabilidad.  En particular, se analizan las transferencias monetarias para la superación de la pobreza destinadas a familias con niños, personas mayores y personas con discapacidad.

En cuanto a las políticas de superación de la pobreza y reducción de las desigualdades que se pongan en práctica, señala la CEPAL, deben enfrentar y contribuir a superar de manera simultánea un doble desafío de inclusión: social y laboral, para que se logre avanzar hacia crecientes niveles de inclusión y participación en los beneficios del desarrollo y en el ejercicio de los derechos, logrando al menos niveles básicos de bienestar mediante la garantía de un ingreso básico y el acceso universal a servicios sociales de calidad y a oportunidades de trabajo decente (CEPAL, 2017 y 2019).

Particularmente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2010, 2012 y 2014), ha sostenido que se hace necesario avanzar estableciendo políticas públicas basadas en un enfoque de derechos, que se fundamenta en principios como la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Este enfoque reconoce que los excluidos son ciudadanos titulares de derechos, no solamente personas con necesidades o riesgos.

El análisis realizado por la CEPAL, se concentra en tres tipos de programas de protección social no contributiva: los programas de transferencias condicionadas, los programas de inclusión laboral y productiva, y las pensiones sociales. Todos estos programas se caracterizan por haber incorporado a amplios sectores de la sociedad como trabadores informales, mujeres pobres, poblaciones rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes que habían quedado excluidos de la protección social.

En el caso de nuestro país, durante las últimas administraciones a través del Programa “Puente al Desarrollo”, las transferencias a las familias pobres han estado condicionadas a que las familias cumplan con ciertas conductas asociadas al mejoramiento de sus capacidades humanas, principalmente en el campo de la salud y la educación. Además el Programa ejecuta el Sistema Único de Beneficiarios establecido mediante ley desde el año 2013.

En el caso de los programas de inclusión laboral y productiva, que se orientan a jóvenes y adultos en edad de trabajar que viven en condición de pobreza o vulnerabilidad a la pobreza, ofrecen capacitación y formación laboral, nivelación de estudios, generación directa e indirecta de empleo, apoyo a micro emprendimientos y servicios de intermediación laboral (CEPAL, 2016b), la Comisión evalúo que en el caso costarricense estos programas han cumplido con la doble inclusión que está asociada a un mayor grado de fortaleza del Estado de Bienestar.

La tipología de doble inclusión de la CEPAL (2017b y 2019) se inspira tanto en el concepto de doble inclusión aplicado por Martínez y Sánchez-Ancochea (2013), quienes analizan el proceso de expansión de los servicios sociales y creación de empleo en el caso de Costa Rica.

Finalmente en el tema de las pensiones sociales, asociadas a la vejez o a la discapacidad, que el Estado provee a quienes no han estado insertos en el mercado formal de trabajo o no han realizado suficientes aportes contributivos durante su vida laboral, igualmente consideramos que nuestro país ha logrado a través de las pensiones no contributivas una respuesta adecuada a esta población.

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas se reconoce la multidimensionalidad de la pobreza y, por lo tanto, la reducción de la pobreza se vincula no solo a los ingresos, sino también a la protección social, la garantía de derechos a servicios básicos, la mitigación de riesgos asociados a eventos catastróficos y climáticos extremos, y la posibilidad de acceso al empleo y al trabajo decente.

En la Agenda 2030 también se pone un énfasis explícito en las personas que están sobrerrepresentadas en las situaciones de discriminación, carencia, privación de derechos o vulnerabilidad, como es el caso de los niños y las niñas, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, la población discapacitada, así como las personas migrantes, los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes.

En síntesis en la Agenda 2030 se integra el camino para las oportunidades de todos los seres humanos.

Debemos en Costa Rica caminar hacia el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, con paso firme y seguro, buscando la efectividad y vías que aseguren el salto para disminuir de manera radical la pobreza.

 

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