El Gobierno de los jóvenes y del bicentenario ¿Más de lo mismo?

Sin una actuación decisiva, el sistema político habrá fracasado y será necesario alguna nueva modalidad de presión civil para focalizar nuestro aparato político en la solución de los grandes problemas, antes de que los populismos que se encuentran al acecho causen un daño mayor.

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Eduardo Carrillo Vargas.  (Ph.D. Administración).

¿Cuáles son los hechos derivados de la presentación ante el congreso de la Sra. Ministra de Hacienda, Sra. Rocío Aguilar? Veamos:

  • El déficit al iniciar el nuevo gobierno sería del 6,2%. Sin embargo, la Contraloría General de la República sugiere que podría ser del 6,6% del PIB nacional, si se contabilizan correctamente algunos gastos, entre ellos ¢150 mil millones de pérdidas provocadas por la crisis del Banco de Crédito Agrícola de Cartago y pagos de más en salarios y pensiones, hechos por el MEP.
  • 11 medidas del Gobierno Central ahorrarán unos ¢49.000 millones, que representan el 0,14% del PIB.
  • La deuda pública posiblemente pasó el 50% del presupuesto nacional. El Gobierno Central no tiene recursos para su presupuesto y seguirá dependiendo de más deuda. Al cierre del 2017 los ingresos crecieron 3,8%, los gastos 9,1% y la deuda, que aumentó el 16,9%, llegó al 49,2% (datos de Hacienda y el Banco Central, respectivamente).
  • Las medidas no resuelven el problema fiscal “pero sí para que, en el corto plazo, podamos mejorar la confianza, y eso tiene un altísimo valor”. Esto resume los objetivos del proceso de ajuste para el año 2018.

Aspirinas para un paciente en estado crítico. El mensaje no puede ser más contundente. Tenemos un Estado que nos cuesta más de ¢22 billones, que representan el 77% del PIB nacional. Según hemos venido diciendo, a los tres países escandinavos del Estado del Bienestar su costo medio es 52% del PIB, mientras que en nuestra región Brasil, Argentina y Uruguay tienen una cifra comparativa del 38%. La Sra. Rocío Aguilar había dicho antes una verdad incuestionable: el Estado costarricense, con más de 330 entidades públicas y más de 300 mil funcionarios, es inmanejable, inviable. Las aspirinas, en estas circunstancias, no producirán el cambio. Sin medidas estructurales apropiadas, el gobierno del bicentenario, al concluir su período de gestión en el año 2022, tendrá iguales cifras, o peores, que las mencionadas aquí. En palabras que todos entendemos, será más de lo mismo.

Lo que no hemos entendido, lo que no se plantea con claridad es esto: el mayor problema que encara el Estado costarricense no es el déficit fiscal, si no lo que subyace en él, la ineficiencia extrema, producto principalmente del gigantismo público. Las medidas, diseñadas para impresionar a nuestros acreedores, no podrán evitar una debacle mayor. Si en el 2017 los ingresos crecieron casi un 4% y los gastos más del 9%, es posible que cualquier reforma, como la propuesta por doña Rocío y el proyecto fiscal que discute el congreso (en realidad un paquete impositivo), serán insuficientes para, al menos, estabilizar del déficit y la deuda pública. Ambos seguirán creciendo.

Si, por otra parte, no focalizamos en el desarrollo del país, encontramos otro problema: La Sra. ministra nos ha dicho que las medidas solo aplican para el Gobierno Central. Es decir, no incluye más del 60% de los recursos del Estado, que se encuentran en las instituciones autónomas y el régimen municipal. Este ha sido un problema recurrente de varios gobiernos recientes. Don Luis Guillermo Solís con frecuencia se excusó de actuar, respetando los que nosotros llamaríamos el mito de la independencia de buena parte de las instituciones públicas. Implica que el Poder Ejecutivo, se inhibe de su capacidad movilizadora de la totalidad de los cuantiosos recursos públicos (nuevamente el 77% del PIB) para fomentar el desarrollo y el bienestar de todos los costarricenses.

El mito, cuento imaginario que altera los hechos, no puede ser más dañino para el interés nacional. Nuestras características de Estado Unitario, le dan al Poder Ejecutivo y al presidente, toda la autoridad necesaria para conducir la totalidad de los recursos del Estado, incluso los de las instituciones autónomas y el régimen municipal, hacia las finalidades últimas del Estado, que no son otras que asegurar el bienestar de toda la población. La Constitución Política (CP) es muy clara en ello: “Las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno”. Agreguemos, además, que el principio de RECTORÍA refuerza esa autoridad ejecutiva, al otorgar la responsabilidad por la política pública al presidente, en asociación con los ministros en cada ramo de la administración. Dada la importancia de este aspecto, agregamos al final, como anexo, algunas citas que refuerzan nuestra argumentación. La fuente es el dictamen 078 del 23 de abril del año 1999, de la Procuraduría General de la Republica.

Hay en realidad dos problemas fundamentales que inhibe a la ministra de Hacienda y, en general, a todo el Poder Ejecutivo de una acción más contundente. Uno, entender el alcance de las Políticas de Estado y las consecuencias de su deficiencia general en la Administración Pública. En alguna oportunidad nos referimos a la pérdida de los objetivos originales del sistema bancario nacional. Dos indicadores críticos han tenido el efecto de elevar hasta en un 100% los costos de intermediación, cuyos correctivos podrían ser parte de la Política de Estado en materia económica. Sus efectos en democratización del crédito y crecimiento económico serían sustanciales. Algo similar podría inducir mejores niveles de eficiencia en instituciones como ICE, CCSS, JAPDEVA, RECOPE, etc. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, debilitando su propia autoridad, se ha inhibido de ejercer la dirección de las instituciones autónomas. Sin perjuicio de la descentralización administrativa, el Poder Ejecutivo tiene también autoridad para controlar la ejecución de las PE. Es posible que los políticos de turno no siempre tengan las competencias para establecer y aplicar buenas PE. Sin embargo, el país si tiene esas capacidades y bien haríamos en proporcionarles un pequeño equipo, competente y especializado en diseño y aplicación de política pública.

Un segundo problema es el modelo de gestión pública. Es la capacidad ejecutiva, limitada en buena parte por interferencia política. En esto subyace una de las grandes deficiencias de nuestro sistema democrático. No hemos logrado entender que la equidad es la esencia de la gestión política, pero que su aplicación requiere un perfil técnico (gerentes) y las condiciones para permitir que apliquen la tecnología apropiada para lograr los fines que, los mismos políticos, han definido como parte de las políticas de Estado. Con las tecnologías digitales a las que hoy se tiene acceso, es posible efectuar un control de procesos y resultados, ejercido desde el nivel político, para asegurar que los productos del desarrollo se concreten en bienes y servicios. Corregir este desequilibrio político/técnico es vital para que funcionamiento del buen gobierno.

¿Estará condenado al fracaso el gobierno del bicentenario, que ha suscitado un sentimiento de esperanza en toda la población? Diríamos que hay dos niveles de decisión. Una, la que ha iniciado la Sra. Ministra de Hacienda, pero solo si reconocemos el alcance de sus decisiones. Si solo queremos ganar confianza en las organizaciones de las cuales dependen el financiamiento, aceptemos que las debilidad de las medidas y que su impacto será limitado, si en ellas se fijan expectativas mayores. La tarea más compleja que seguirá encarando el gobierno del bicentenario es remover los factores estructurales que subyacen en el déficit fiscal y que requiere de transformaciones más profundas en nuestra institucionalidad y en los procesos de administración pública. Sin una actuación decisiva, el sistema político habrá fracasado y será necesario alguna nueva modalidad de presión civil para focalizar nuestro aparato político en la solución de los grandes problemas, antes de que los populismos que se encuentran al acecho causen un daño mayor.

Anexo: autoridad del poder ejecutivo según nuestra condición de Estado Unitario:

«Desde el punto de vista constitucional, es necesario comenzar por recalcar que Costa Rica, desde su nacimiento ha sido un Estado unitario concentrado, lo cual quiere decir que no ha tenido nunca ningún tipo de descentralización política propiamente dicha. La única que ha conocido, es la administrativa, sea esta territorial – municipios- o institucional.

El artículo 140, incisos 6) y 8) de la Carta Magna, establece como atribución del Poder Ejecutivo… vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativos. De lo anterior se deriva una competencia constitucional que le permite a dicho Poder tomar las acciones necesarias… para buscar que la Administración cumpla… con la satisfacción de los fines públicos que justifican su existencia.

Dicha competencia no se limita constitucionalmente a los órganos del Poder Ejecutivo, sino que abarca todo el sector estatal, máxime si se relaciona lo anteriormente señalado con los principios contenidos en los artículos 1 y 9 constitucionales, de los que se desprende el principio de unidad estatal.

Así, puede decirse que la potestad de dirección, que lleva necesariamente también la de coordinación, es la facultad de orientar y guiar la acción de todos los órganos y entes públicos que conforman la administración central y descentralizada, para lograr la mejor satisfacción de los intereses y fines públicos, aprovechando eficientemente los recursos y bienes de cada uno, armonizando los esfuerzos y encaminando la acción a dichas metas, garantizando la unidad e integridad del Estado.

Interesa especialmente, para efectos de este estudio, la relación de dirección y coordinación del Poder Ejecutivo frente a los entes autónomos. Debe recodarse que las funciones que cumplen las instituciones autónomas son propias del Poder Ejecutivo, pero que se consideró, por disposición expresa de la propia Constitución, que era conveniente descentralizarlas.

Esto quiere decir que las instituciones autónomas no gozan de una garantía de autonomía constitucional irrestricta, toda vez que la ley, aparte de definir su competencia, puede someterlas a directrices derivadas de políticas de desarrollo que ésta misma encomiende al Poder Ejecutivo Central… al reservar a esas entidades (autónomas) la materia de su propia administración, excluyó de su gestión la potestad de gobierno que implica: a) la fijación de fines, metas y tipos de medios para realizarlas b) la emisión de reglamentos autónomos de servicio o actividad, acorde con las disposiciones normalmente llamadas de política general. De esta manera, la reforma hizo constitucionalmente posible someter a las entidades autónomas en general a los criterios de planificación nacional y en particular, someterlas a las directrices de carácter general dictadas desde el Poder Ejecutivo central o de órganos de la Administración Central. Como parte de esos órganos políticos, fue establecida la Autoridad Presupuestaria, con el objeto de formular y ejecutar las directrices generales en materia de salarios, entre otras, emanadas del Poder Ejecutivo o de órganos de la administración central.

En este contexto, puede decirse que la potestad de gobierno alude a la determinación de políticas, metas y medios generales, más o menos discrecionales, mientras que la de administración implica, fundamentalmente, la realización de aquellas políticas, metas y medios generales, utilizando -y, por ende, estableciendo a su vez- medios, direcciones o conductas más concretas y más o menos regladas, de tal modo que la diferencia entre unas y otras no sería material ni absoluta, sino simplemente de mayor o menor intensidad y discrecionalidad.

Fuente: Procuraduría General de la República, Dictamen 078, 23/04/1999. Todas son citas textuales.

 

 

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