El Gobierno no parece tener voluntad política para actuar frente a la crisis nacional

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

Deberíamos tener claro: la crisis no está en el déficit fiscal, sino en un Estado oneroso que aporta poco al desarrollo y en ocasiones es su principal obstáculo. Todos sabemos que un Estado con mas de 300 mil funcionarios y unas 330 entidades públicas es ingobernable. Además, nos cuesta hoy unos ¢23 billones (presupuesto), más del 70% del PIB. La situación actual es grave: bajo crecimiento, más pobreza, desempleo y, el sentimiento nacional de que la política y el sistema no funcionan. Hay enojo popular y pérdida de confianza en la política, los políticos y el sistema democrático.

Según la prensa del día, crece la deuda en eurobonos, pero la economía se deteriora y desempleo sube. La capacidad de consumo está deprimida, pero empeorará en el segundo semestre cuando pagaremos más impuestos, producto del reciente proyecto fiscal. Para usar una expresión irónica, las cosas no andan tan mal como parecen, sino peor.

Las señales que envía el gobierno sobre las reformas del Estado y la reducción del gasto público son malas o cuando menos confusas. Varias situaciones recientes demuestran que los problemas se encaran, trasladándolos de una entidad pública a otra. Tal es el caso de Fonabe, MOP, ICE, Recope, Japdeva, Recope, entre otros, donde se han reconocido excesos de personal (costo planilla), pero en vez de prescindir de ellos lo que el Gobierno hace es trasladarlos a otras entidades que seguro arrastran sus propios excesos. El Gobierno soslaya el hecho de que un gobierno costoso, con frecuentes y altos bolsones de ineficiencia, empobrece al país, desprestigia el Estado y debilita la democracia porque el Estado es su principal instrumento.

Por supuesto, desprenderse del funcionario que nos cuesta tanto y aporta tan poco, no deja de ser preocupante para el presidente Alvarado y los políticos, dado el alto desempleo, que ronda el 13%. Asoman también algunas medidas que reducen el impacto negativo de los despidos, si los hubiera: retiro temprano, pago de 6 meses de salario posteriores al despido, capacitación para los funcionarios más jóvenes, asistencia para reintegrarse al mercado laboral privado, etc.

La solución permanente es, por supuesto, el crecimiento económico, pero a un nivel igual o superior al 5% anual. Sin embargo, aquí también nos encontramos con incoherencias que la población no entiende. Por ejemplo, porqué postergar el megaproyecto de construcción del aeropuerto en Orotina, cuando los costos los asume el capital privado, vía concesión de obra pública. Además, conlleva la ampliación de la ruta 27 y construcción de un ferrocarril para pasajeros y carga, que enlace el nuevo aeropuerto, caldera y la ciudad de Orotina. Juntos, estamos hablando de muchos millones de dólares y sustanciales fuentes de empleo. Algo similar ocurre con la ampliación de la ruta 32 y las carreteras a San Ramón y San Carlos. La población pagará gustosa peajes y tarifas si vemos obras importantes, como las mencionadas.

El Informe Estado de la Nación 2016 (IEN) plantea el problema de los costos de intermediación de la banca pública que son, por simple ineficiencia, el doble de lo que deberían ser. Y como estamos en oligopolio, la banca privada cobra lo mismo, llevando más dinero a quienes más tienen (más desigualdad) ¿Por qué no traerlos a la mitad? Se puede hacer por simple disposición administrativa. El ejecutivo tiene la autoridad para establecer la política respectiva, incluidos los niveles de eficiencia que la banca debe satisfacer para lograr dos metas: democratizar el acceso al crédito e impulsar el crecimiento económico. Por supuesto, el ejecutivo tiene que controlar la ejecución de la política y pedir rendición de cuentas por los resultados, práctica escasa o inexistente en la administración pública.

Hay otra opción ya sugerida por algunos precandidatos presidenciales desde hace ya varios años. El país tiene acumulados, entre reservas laborales (pensiones, fondos solidarios, etc.) y excedentes (utilidades) de las empresas públicas, unos $30 mil millones. Con ese dinero se podría constituir un Fondo Rotatorio para Obra Pública para dotar al país de infraestructura de primer mundo y acabar con la precariedad que nos ubica en la región, solo delante de Haití. El país podría invertir unos $2000 o $3000 millones anuales en forma sostenida. La inversión se pagaría mediante tarifas que todos pagaríamos, mientras los excedentes de las empresas públicas no serían reembolsables, excepto por los excedentes de las empresas públicas, que podría considerarse una devolución a los accionistas, que somos todos los costarricenses. Bien constituido el Fondo serviría a una variedad de intereses, entre ellos la lucha contra la desocupación y la pobreza, e incluso el fortalecimiento de los fondos de reserva laboral que recibirían intereses de mercado.

Es posible que haya muchas otras opciones para impulsar un crecimiento económico al nivel que amerita la problemática nacional. S lográramos que la inversión a la que nos referimos en el párrafo anterior se sostuviera más allá de un quinquenio, tal vez el país transite, finalmente, por la vía del desarrollo pleno,

¿Puede el Gobierno dirigir al país en esa dirección? Es poco probable, a menos que empiecen a operar las iniciativas público/privadas de las que tanto se habla y poco se hace, tal vez invirtiendo en varias unidades ejecutoras por la variedad de proyectos que habría que impulsar. Pero, poco se podría esperar, si el Estado intenta asumir responsabilidad total por esos nuevos proyectos. La evidencia de La Trocha, La Platina, Japdeva, etc., así lo sugieren.

Quizás las circunstancias nos estén dando un fuerte mensaje que las fuerzas políticas, ideológicamente rígidas, no ha querido escuchar: la democracia requiere de un Estado fuerte, capaz de establecer dirección y ejercer control para asegurar que los resultados esperados se concreten. Pero en décadas recientes hemos estado construyendo un monstruo de muchas cabezas, el Estado paquidermo, lento, ineficaz, inequitativo y altamente costoso, cuyos resultados no guardan relación con la inversión que el pueblo hace para su mantenimiento.

Otra realidad es obvia para la población, pero no parece serlo para la clase política: la administración pública tiene una alta complejidad y es susceptible de sustanciales fracasos si su enfrentamiento es predominantemente político, en especial por el efecto de una motivación necesariamente electoral. Es esencial y urgente buscar un rediseño institucional para lograr un mayor equilibrio técnico/político en la conducción y ejecución de la política pública. Después de todo, lo que está en juego es el bienestar de toda la población.

 

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