El Informe del Presidente Solís, la Constitución y la Situación Nacional

Eduardo Carrillo Vargas.  (Ph.D. Administración).

Tiene razón don Walter Coto cuando señala que el presidente Solís fracasa en cumplir con lo que establece el artículo 139 de la Constitución Política en su inciso 4, respecto a su obligación de “presentar a la Asamblea Legislativa… un mensaje relativo a los diversos asuntos de la Administración y al Estado político de la República… y proponer las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del gobierno y el progreso y bienestar de la Nación” (énfasis agregado).

El informe resulta ser una “tomadura de pelo” pues es una lista de elogios de su propia labor, en la que desaparece la rendición de cuentas, en razón de los contenidos y del proceso mismo, que no genera respuesta inmediata del congreso. Además, cuando el presidente anuncia con suficiente antelación que el informe contiene muchos miles de páginas, esto anula toda posibilidad de que el congreso, la prensa y la misma población pueda analizar su contenido y proceder a su crítica.

Hay incoherencias institucionales a las que el artículo de referencia no se refiere. Por una parte, el informe del presidente debería dirigirse el pueblo que lo eligió y con el que sella un compromiso político cuando sus planteamientos básicos los aprueba el voto popular, del cual emana su autoridad. Segundo, según la Constitución tal rendición de cuentas se hace frente a un congreso que no es soberano. La selección de diputados la hacen las cúpulas partidarias, sujetas a presiones corporativas a menudo contrarias al interés nacional, que luego se le pasan en listas rígidas para que el votante las apruebe. Tercero, la rendición de cuentas ante el congreso pierde sentido porque los diputados operan en impunidad, a no haber un sistema de elección por distritos electorales, lo que permitiría la rendición de cuentas a nivel local y/o regional. Cuarto, el presidente ignora la Constitución cuando opta por justificar y defender su gestión, en vez de focalizarse en las “medidas” relativas a “la buena marcha del gobierno y el progreso y bienestar de la Nación”.

Qué el presidente Solís Rivera dedique su tiempo a salvar su deteriorara imagen es lo peor que puede hacer frente al estado actual de cosas. Tenemos los niveles de desigualdad mayores de América Latina y el Caribe, tanto como de la media de los países de OCDE, entidad a la cual aspiramos integrar. La pobreza se encuentra algo por encima del histórico 20%, mientras el déficit fiscal presiona hacia abajo el crecimiento económico y con ello disminuye las oportunidades de emprendimientos, ingresos y empleo. Y, si bien el déficit es un problema histórico nacional, fue el presidente Solís quien lo llevó al actual nivel de riesgo, repartiendo recursos a manos llenas desde el inicio de su gobierno. El presupuesto del 2015 fue incrementado 4 veces el nivel de inflación y sobre esos excesos siguió creciendo en años subsiguientes. Finalmente, que la opinión pública siga en un estado de enojo se debe en mucho al cambio que ofreció en campaña; a la esperanza de que lo ejecutaría, creada con el discurso de los 100 días; y, a la negativa posterior de llevarlo a cabo. Ninguno de esos aspectos sobresale en su voluminoso informe. Tampoco se refirió al peor caso de corrupción, el cementazo, que se construyó en torno a la casa presidencial.

Bajo estas condiciones, el traspaso de poderes se vuelve un saludo a la bandera y revela fallas fundamentales de nuestra democracia, que pierde aceleradamente el favor de los costarricenses. No hay debate alguno, cuando en un momento tan sensible, en el que el presidente saliente expone los resultados de su compromiso político y el presidente entrante plantea los elementos de su gestión para cumplir con el propio. Si el primero no da cuenta objetiva de su obra el mensaje que le envían al electorado es uno de burla soberana ¿Qué se puede esperar de la actitud nacional con respecto al nuevo gobierno, si el anterior, en este caso del mismo partido, incumple y no le brinda ninguna explicación al soberano? Lo cual se agrava, por un congreso de cuestionable base soberana, nombrado por las cúpulas partidarias y sin una base local o regional que sustentaría alguna forma de rendición de cuentas. Finalmente, los partidos políticos, parte esencial de la democracia, son simples maquinarias electorales, activadas para el proceso electoral y desechadas después de cada elección.

El discurso final del presidente Solís ignora todo este contexto de crisis, claramente visible en las elecciones de febrero y abril del presente año. Algo cambió el 9 de enero, cuando desde la presidencia se movió el debate hacia los derechos humanos o, más específicamente, al matrimonio gay, moviendo con ello las posiciones relativas de las preferencias políticas. O, peor, cuando pone a la población en la disyuntiva de votar por el candidato del PRN que tiene solo el respaldo del 15% del voto electoral (padrón) y del PAC con solo el 13%.

La posición inteligente del candidato electo en abril fue entender que ganó con unos 800 mil votos prestados y concretar una administración híbrida, que enfrenta el enorme reto de mantener la unidad de su gestión. Es, en todo caso, el amplio contexto que, a pesar de la disposición constitucional del inciso 4, artículo 139, el presidente Solís prefirió ignorar. Aún considerando la desteñida gestión 2014-2018 del PAC, el presidente Solís sí pudo haber abierto un diálogo nacional sobre nuestro futuro, de cara a los retos pendientes. La esperanza, con algún elemento de duda, es que el presidente electo, don Carlos Alvarado, logre focalizar su administración en la solución de los persistentes grandes problemas nacionales. Y en ello, todos debemos colaborar.