El interés público del control de armas en un mundo civilizado.

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Max Loría RamírezPolitólogo.  

Algunos Diputados de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana presentan una consulta de constitucionalidad al expediente 20.509 recientemente aprobado en primer debate, y que decreta importantes reformas en favor de una mayor restricción de las armas de fuego en el país.

El principal argumento del escrito es que no existe un verdadero interés público para disminuir la cantidad de armas que pueden tener las personas, o para obligarlas a renovar la matricula cada cierto tiempo. Es decir, en el fondo cuestionan el interés público de las políticas de control y regulación de las armas de fuego. La verdad es que hay suficiente evidencia nacional e internacional para reafirmar el interés público con respecto al control de las armas.

Las armas de fuego son peligrosas. Representan una serie de riesgos y amenazas para los individuos que las tienen, sus familias y para la sociedad en su conjunto. No son un bien jurídico cualquiera y su circulación en la sociedad debe estar seriamente restringida. Así es en la mayoría de los países civilizados, y la misma Sala IV ha insistido en la obligación del Estado de regular la cantidad y el tipo de armas que pueden tener las personas.

En el mundo abundan los estudios y análisis que hacen referencia al tema. Vamos a mencionar solo algunas citas de documentos de agencias de la Organización de las Naciones Unidas que abogan por políticas restrictivas en cuanto a las armas de fuego. Hay bastantes más, pero estas agencias parte de la ONU gozan de un criterio de independencia, seriedad y rigurosidad que bien pueden ser un parámetro objetivo en esta investigación.

Por ejemplo, el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito (ILANUD, con sede en Costa Rica) desde hace muchos años ha comprobado la relación entre la proliferación de armas y las tasas de homicidios en muchos países. Ya desde 1997 decía un texto de su Director Elías Carranza: “En la actualidad existen en el mundo dos modelos en materia de la tenencia y portación de armas de fuego. El primero es un modelo restrictivo que prohíbe las armas de fuego con excepciones muy estrictas y castiga con penas severas los delitos cometidos con ellas y su sola tenencia; los países que lo han adoptado exhiben las tasas de homicidios más bajas del mundo. El otro es el modelo permisivo, de libre comercio de armas y fácil acceso a éstas por parte de la población, adoptado por países que exhiben, por contraste, las tasas de homicidios más altas del mundo…. Una dolorosa ironía que surge al estudiar el tema de las armas pequeñas “para la defensa personal” es que, lejos de servir para defenderse del ataque de extraños, son utilizadas la mayoría de las veces para herir o dar muerte a familiares, allegados o conocidos. Eso se verifica estudiando la relación víctima-victimario en los delitos de homicidio. Personalmente lo hicimos en Costa Rica, y el resultado que surgió fue que, en 1996, el 73% de estas muertes ocurrieron entre personas que tenían algún tipo de relación previa entre sí, y que solo en el 27% de los casos el homicida fue un desconocido” (ILANUD, Delito y Seguridad de los Habitantes, 1997).

En otro artículo de Don Elías Carranza se menciona lo siguiente: “En cuanto a la tenencia y porte de armas de fuego, numerosos estudios muestran que es una variable que incide directamente en el aumento de los hechos de violencia. En el ILANUD hicimos un estudio de 10 años en Costa Rica que determinó que el aumento de los homicidios en este país está directamente correlacionado con el porcentaje de muertes ocurridas por arma de fuego. El coeficiente de correlación resultó p=0,80. Pocas veces en las ciencias sociales se observa una correlación de esa magnitud entre dos variables. Como alcalde de la ciudad de Cali, Rodrigo Guerrero, verificó la incidencia de las variables de alcohol y armas en los hechos de homicidio, y redujo la frecuencia de este delito controlando ambas variables. El ideal al que deberíamos tender en materia de políticas públicas es que las armas de fuego estén exclusivamente en manos de la policía uniformada, y sean de cañón corto en el radio urbano. Lógicamente, no es un objetivo que pueda lograrse en el corto plazo, pero debería alcanzarse con pasos graduales. En el mundo existen varios países que lo han logrado, exhibiendo tasas muy bajas de homicidio” (Carranza, 2004).

Los estudios del ILANUD son conocidos por la criminología en toda la región, y destacan el interés público del control de armas al comprobar su estrecha relación con las tasas de homicidios en los diferentes países.

Otra importante agencia en este tema es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito (UNODC). Esta oficina ha identificado las armas de fuego como una de las principales amenazas a la seguridad de la región. En el documento: “Delincuencia Organizada y Transnacional en Centroamérica y el Caribe” (2012), se menciona: “Si el mayor problema de Centroamérica es la violencia, y el 77% de todos los homicidios de la región son cometidos con arma de fuego, entonces detener el flujo de armas hacia los criminales debe ser una cuestión de máxima prioridad. La amenaza de la violencia de las armas de fuego también está socavando la gobernanza en la región… Las fuentes de pistolas son completamente diferentes de aquellas para rifles de asalto. La mayoría de las pistolas fueron compradas legalmente en los Estados Unidos. Aunque algunas fueron traficadas en la región, muchas de estas son importadas legalmente y sólo más tarde son desviadas al uso ilícito. Por lo que el problema en Centroamérica consiste en el desvío de armas tanto desde el mercado civil lícito como desde las armerías de la policía local y del ejército” (UNODC, 2012).

UNODC es también muy conocido por los estudios mundiales de los homicidios, que publica de manera periódica a partir de los datos que le envían todos los países. El último se presentó en el año 2013 (Estudio Global de Homicidios, 2013), y destacaba lo siguiente: “Not all homicides involve them, but weapons do play a significant role in homicide. With their high level of lethality, firearms are the most widely used weapons, accounting for 4 out of every 10 homicides at the global level, whereas “other means”, such as physical force and blunt objects, among others, kill just over a third of homicide victims, while sharp objects kill a quarter. The use of firearms is particularly prevalent in the Americas, where two thirds of homicides are committed with guns, whereas sharp objects are used more frequently in Oceania and Europe … In some countries, available quantitative evidence points to the prevalence of firearm ownership as being positively related to the level of firearm violence. For example, the experience of several European countries, all of them characterized by low firearm homicide rates, points to a certain level of association between firearm ownership and firearm homicide. When grouping the countries into low, medium and high levels of household gun ownership, results indicate that countries with higher levels of firearm ownership also have higher firearm homicide rates” (UNODC, 2013).

Estos documentos oficiales de UNODC insisten en el interés público del control de armas especialmente en América Latina. El análisis global de los datos tiende a demostrar que aquellos países donde hay más armas, son también donde hay más homicidios con armas de fuego. En la región de Centro América, según las amenazas identificadas por UNODC, parte del problema es el tránsito de las armas del mercado legal al mercado ilegal. Es decir, armas que ingresan legalmente a estos países, terminan en manos de delincuencia.

El interés público sobre el control de armas tiene además un enfoque desde la salud pública. Por esto ha sido estudiado por agencias de Naciones Unidas encargadas de la salud y el bienestar de las personas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicaron en el 2013 el documento: Prevención de la Violencia: La Evidencia. Este documento menciona lo siguiente: “Las jurisdicciones con políticas más restrictivas sobre las armas de fuego y cuya población tiene menos armas en propiedad suelen experimentar grados de violencia armada inferiores. Por consiguiente, las medidas en todas las esferas del gobierno para prevenir la violencia por armas de fuego se centran a menudo en el endurecimiento de la legislación con el objeto de controlar la venta, la compra y el uso de armas. Para que tenga éxito, una legislación de esta naturaleza se debe aplicar, divulgar y hacer cumplir eficazmente. Las medidas legislativas abarcan: • Prohibiciones de cierto tipo de armas de fuego • Planes de concesión de licencias y registro para los propietarios y proveedores • Edad mínima para la compra de armas de fuego • Investigación de antecedentes o pruebas psicológicas a los compradores • Períodos de espera mínimos entre la expedición de la licencia y la compra • Límite de la cantidad a adquirir • Controles de los portadores de armas de fuego y • Requisitos para el almacenamiento seguro. Australia, Austria, Brasil y Nueva Zelanda proporcionan ejemplos de reformas de las leyes nacionales sobre armas de fuego que han tenido efectos prometedores” (OMS, 2013).

En otro estudio de estas mismas agencias publicado en el 2016 (OMS y OPS, La prevención de la violencia juvenil: panorama general de la evidencia, 2016), se destaca lo siguiente: “Según una serie de estudios transversales internacionales realizados en su mayor parte en países de ingresos altos, los países donde las armas de fuego son más accesibles tienen, en promedio, tasas más altas de muertes por estas armas. Los metanálisis también indican que, a nivel de los hogares individuales, las muertes por armas de fuego ocurren con mayor frecuencia en aquellos hogares donde se tienen armas de este tipo que en aquellos donde no las hay. (OMS y OPS, 2016).

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se enfoca, como sabemos en la promoción del desarrollo humano y de los derechos fundamentales de las personas. Un muy importante estudio para Costa Rica (Venciendo el Temor: Inseguridad Ciudadana y Desarrollo Humano en Costa Rica, 2006), enumeró los factores asociados a la inseguridad, y específicamente decía: “en la literatura existe cierto consenso en que el aprovisionamiento de armas de fuego por parte de la ciudadanía es un factor asociado a la intensificación de patrones de conducta violentos. Se asume, principalmente, que el incremento de armas de fuego, así como el suministro de municiones, contribuyen al aumento del número de homicidios cometidos por este método y en la consecución de robos en los que media la amenaza contra la vida de las personas. Además, se hace hincapié en que la agresión por medio de armas de fuego resulta más letal e inmediata que las perpetradas utilizando otros medios…  Los hallazgos expuestos en esta sección corroboran que la tenencia de armas de fuego constituye uno de los principales factores asociados a la victimización. En forma consistente con los resultados de otros estudios, las estadísticas para el caso costarricense demuestran que, sin importar el motivo por el cual se posean estas armas, su vinculación con el crimen y la muerte parece inevitable” (PNUD, 2006).

Para el PNUD, es evidente el interés público de las políticas de control de armas en tanto su proliferación en la sociedad aumenta la violencia, y afecta el desarrollo humano de los países. Tanto es así que, dentro de las recomendaciones del informe mencionado, hay una denominada “Adiós a las Armas: mantener a Costa Rica libre de Armas de Fuego” y hasta se recomendaba una de manera específica una evaluación y reforma sustantiva de la Ley N° 7530

En el Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010: Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano, el PNUD retoma el tema del interés público sobre las políticas de control de armas: “Las armas de fuego no deberían ser admitidas en una democracia porque ponen a las personas en situación de desigualdad, porque dificultan la resolución de conflictos y porque arriesgan la vida del portador y de quienes le rodean. Este debe ser el mensaje inequívoco de la sociedad y de los medios, reforzado por la actuación enérgica y mancomunada de las autoridades nacionales y las municipales” (PNUD, 2010).

En Costa Rica la misma Coordinadora Residente de la ONU, la Señora Alice Shackelford, se pronunció en febrero pasado en favor del control de armas en el país. Ella emitió un comunicado en el que destaca los estudios realizados por Naciones Unidas que revelan la relación entre el armamento y los crímenes, por lo cual la Organización urge a las naciones a “controlar estrictamente” la posesión de dichos objetos. Según ella, los informes de la ONU señalan  “que la presencia de armas de fuego, el tráfico de drogas y el consumo de alcohol actúan como impulsores de la inseguridad. Además, que la portación de armas de fuego es un facilitador del delito y de la violencia, por lo que debe ser excepcional y el Estado debe controlarla estrictamente”. Ella recordó también los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que llaman a mejorar los controles de armas en todos los países.

Podríamos mencionar otros estudios de otras agencias de naciones unidas, o de otras organizaciones con alto prestigio y reconocimiento. Lo que está ya claro es que para el mundo civilizado el control de armas es un tema de alto interés público.

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