El Poder Ejecutivo sí tiene autoridad para extender sus reformas en ámbito estatal

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Eduardo Carrillo Vargas.  (Ph.D. Administración).

Resulta reiterativo oír a las autoridades gubernamentales decir que las reformas que propone para la administración pública solo aplican para el Gobierno Central. El mito de la independencia de las instituciones públicas, en algún régimen de autonomía, parece asustar al Poder Ejecutivo. Y al hacerlo inhibe al país de ejercer su autoridad sobre toda entidad pública para que su funcionamiento sea coherente con las políticas nacionales de desarrollo y bienestar social. Estamos hablando, en términos de recursos, más de ¢22 billones, que superan el 77% del PIB, costo total de operar el Estado.

El Poder Ejecutivo sí tiene la autoridad necesaria para extender sus reformas a las demás entidades del Estado. Nuestra condición de Estado Unitario que le da la autoridad de conducción sobre toda entidad pública y, el principio de RECTORIA, asigna la autoridad por las Políticas de Estado al presidente en conjunción con sus respectivos ministros. La Constitución (artículo 188) dice las instituciones autónomas “gozan de independencia administrativa…pero están sujetas a la ley en materia de gobierno”. Sin profundizar en la temática, siendo el tema de gran importancia por las autoridades de gobierno, para los analistas y para el pueblo en general, quisiéramos solamente agregar algunas citas legales que confirman la autoridad del Poder Ejecutivo sobre la totalidad del Estado. La jurisprudencia es extensa. Al final agregamos dos citas de decisiones de la Sala IV. Las que siguen son tomadas del dictamen 078-1999 de la Procuraduría General de la República:

  • Desde el punto de vista constitucional, es necesario comenzar por recalcar que Costa Rica, desde su nacimiento ha sido un Estado unitario concentrado, lo cual quiere decir que no ha tenido nunca ningún tipo de descentralización política propiamente dicha. La única que ha conocido, es la administrativa, sea esta territorial – municipios- o institucional.
  • El artículo 140, incisos 6) y 8) de la Carta Magna, establece como atribución del Poder Ejecutivo… vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativos. De lo anterior se deriva una competencia constitucional que le permite a dicho Poder tomar las acciones necesarias… para buscar que la Administración cumpla… con la satisfacción de los fines públicos que justifican su existencia.
  • Dicha competencia no se limita constitucionalmente a los órganos del Poder Ejecutivo, sino que abarca todo el sector estatal, máxime si se relaciona lo anteriormente señalado con los principios contenidos en los artículos 1 y 9 constitucionales, de los que se desprende el principio de unidad estatal.
  • Así, puede decirse que la potestad de dirección, que lleva necesariamente también la de coordinación, es la facultad de orientar y guiar la acción de todos los órganos y entes públicos que conforman la administración central y descentralizada, para lograr la mejor satisfacción de los intereses y fines públicos, aprovechando eficientemente los recursos y bienes de cada uno, armonizando los esfuerzos y encaminando la acción a dichas metas, garantizando la unidad e integridad del Estado.
  • Interesa especialmente, para efectos de este estudio, la relación de dirección y coordinación del Poder Ejecutivo frente a los entes autónomos. Debe recodarse que las funciones que cumplen las instituciones autónomas son propias del Poder Ejecutivo, pero que se consideró, por disposición expresa de la propia Constitución, que era conveniente descentralizarlas.
  • Esto quiere decir que las instituciones autónomas no gozan de una garantía de autonomía constitucional irrestricta, toda vez que la ley, aparte de definir su competencia, puede someterlas a directrices derivadas de políticas de desarrollo que ésta misma encomiende al Poder Ejecutivo Central… al reservar a esas entidades (autónomas) la materia de su propia administración, excluyó de su gestión la potestad de gobierno que implica: a) la fijación de fines, metas y tipos de medios para realizarlas b) la emisión de reglamentos autónomos de servicio o actividad, acorde con las disposiciones normalmente llamadas de política general. De esta manera, la reforma hizo constitucionalmente posible someter a las entidades autónomas en general a los criterios de planificación nacional y en particular, someterlas a lasdirectrices de carácter general dictadas desde el Poder Ejecutivo central o de órganos de la Administración Central. Como parte de esos órganos políticos, fue establecida la Autoridad Presupuestaria, con el objeto de formular y ejecutar las directrices generales en materia de salarios, entre otras, emanadas del Poder Ejecutivo o de órganos de la administración central.
  • En este contexto, puede decirse que la potestad de gobierno alude a la determinación de políticas, metas y medios generales, más o menos discrecionales, mientras que la de administración implica, fundamentalmente, la realización de aquellas políticas, metas y medios generales, utilizando -y, por ende, estableciendo a su vez- medios, direcciones o conductas más concretas y más o menos regladas, de tal modo que la diferencia entre unas y otras no sería material ni absoluta, sino simplemente de mayor o menor intensidad y discrecionalidad.

Agregamos dos citas de la Sala Constitucional:

  • El voto 3089-98 que establece que los entes públicos “…deben someterse a los criterios de “planificación nacional” y en particular a las directrices de carácter general dictadas por el Poder Ejecutivo -Gobierno (art. 140.8 CP) … El Poder Ejecutivo -Gobierno-, como organización jurídica y política, es el que se encarga de organizar, dirigir y encauzar a la sociedad en todos sus aspectos político, jurídico, económico y social”. La función ejecutiva es una tarea esencial del Gobierno en sus distintos órganos o ministerios, como lo es también la directiva política de fijar los objetivos y metas de la acción coordinada en los demás entes públicos, proponiendo los medios y métodos para conseguir esos objetivos”
  • En materia salarial, la sentencia del 16-6-84 afirma que “Las metas (típica “materia de gobierno”) que se fije el Estado en la remuneración de sus servidores constituyen toda una política salarial que tiene que ver no sólo con la retribución del esfuerzo de la persona individualmente considerada, sino también con sus consecuencias sobre los demás aspectos de la economía, ya que puede introducir factores de distorsión en lo económico debido a la intranquilidad social”.

Sí, insistimos, el Poder Ejecutivo tiene la autoridad necesaria para establecer reformas de alcance estatal. Sin embargo, es necesario reconocer que el Estado carece de Políticas de Estado, principal instrumento de direccionalidad de toda entidad pública. Ese debería ser el factor decisivo para evaluar el aporte de los políticos al desarrollo nacional. Es posible que, con bastante frecuencia, no tengan las competencias para ello, por lo cual integrar equipos multidisciplinarios, con altos niveles de competencia en materia política y estratégica, sería una inversión pequeña, pero de grandes beneficios para hacer el Estado más eficaz y eficiente.

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