Los costarricenses hemos llegado a la gran encrucijada del ser o no ser: el momento de las grandes decisiones en materia de transformaciones políticas, después de décadas de posposiciones que solo agrandaron la gravedad de nuestros males. Indolentemente hemos dejado que las cosas llegaran a su punto más crítico, allí donde ya no es posible posponer las decisiones y dejar de tomar las acciones.

Con los programas de ajuste estructural implementados en las décadas pasadas, el país dio pasos significativos en materia de apertura económica. La economía dio saltos trascendentales hacia la exportación y la diversificación productiva, la disciplina macroeconómica, entre otros ajustes. Ajustes que en su momento tuvieron una fuerte oposición, sobre todo entre los grupos gremiales y sindicales del país.

Hoy, en un mundo tan complejo, abierto y competitivo, habría que imaginarse la situación en que estaría el país si tales cambios no se hubieran hecho, si hubiéramos seguido con el viejo modelo.

Lamentablemente, los cambios no fueron integrales, no pasaron a las transformaciones políticas que eran indispensables, dando más bien lugar a una desarticulación del Estado y su retiro en el cumplimiento de sus funciones esenciales: básicamente la de asegurar la prestación oportuna y eficiente de los servicios públicos, la educación pública, la seguridad social, las funciones de policía y, la imprescindible función simbólica del poder. El Estado centralizado, en crisis de legitimidad y funcionalidad, más bien se atomizó en una multitud de feudos en los cuales se atrincheró una burocracia insensible, la cual interpretó que era su derecho la apropiación de los ámbitos de la función a ellos encomendada. La corrupción galopó hasta alcanzar los niveles de ingobernabilidad donde se encuentra ahora, destruyendo incluso la función simbólica del poder, sin la cual cualquier sociedad pierde su cohesión fundamental.

Nos encontramos nuevamente, en el “punto de bifurcación”, donde la física indica la inevitabilidad del salto cualitativo o la desintegración de los sistemas. Por supuesto, una sociedad como la costarricense, no se va a desintegrar.

Debemos de impulsar nuestro desarrollo económico, imprimiéndole mayor competitividad, aplicación de alta tecnología y conocimiento, a la vez que con la agenda complementaria y de implementación acometeremos las cuestiones pospuestas, como el necesario fortalecimiento de ciertas empresas e Instituciones del Estado.
En general los procesos sociales, pero en especial la democracia, es un proceso constante de cambio y conflicto, por medio del cual se resuelven sus crisis internas. Hoy debemos decidir dar el salto histórico, que nos permita reconstruir la gobernabilidad del Estado democrático sobre mejores bases de participación, eficiencia económica, transparencia, rendición de cuentas y eficacia política y jurídica. A la vez, recuperemos, en un nivel también superior, las funciones esenciales del Estado; precisamente para garantizar la mayor equidad e inclusión, lo cual implica, prioritariamente, volver a atender en serio las necesidades de los pobres.

De este proceso saldrá fortalecida nuestra democracia, con la voluntad y decisión de cambio, de fuerzas en pro y en contra de los mismos, como los vemos hoy. Dentro de ellas tenemos que distinguir, no obstante, a quienes tienen una agenda destructiva, claramente antidemocrática, que actúan como verdaderos “lobos con piel democrática”.

Lo deseable es llegar a esas decisiones al menor costo social y humano, pero sobreponiéndose a la voluntad de cambio, tal como es la expectativa de la mayoría de los costarricenses sin distingo de preferencias partidarias.