El sistema judicial y su uso político

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Luis Gerardo Hidalgo Lara, Comunicador.

El expresidente Oscar Arias publicó en La Nación un extenso artículo sobre su participación en el proyecto minero en Crucitas. Entre sus comentarios retomo el que dice:

“Nuestra política es hoy una trama de insinuaciones. Hemos sustituido el debate de fondo por el intercambio de sospechas”.

Para todos es sabido que el expresidente enfrenta una vez más acusaciones sobre su presunta responsabilidad legal en el proyecto minero de Crucitas, ante lo que responde:

“Cualquiera que hubiera resultado electo (Presidente), habría recibido la misma recomendación de parte del personal técnico del Minaet de declarar el proyecto de conveniencia nacional, algo que se derivaba de nuestra propia legislación, la que establece que la minería es de interés público.

Y cualquiera que hubiera resultado electo habría tenido que decidir si firmaba el decreto por el que actualmente me encuentro acusado, un decreto como el que se firman cientos en el ejercicio de la presidencia.”

Y es que desde algún tiempo que quería escribir sobre este tema, porque me ha llamado la atención que la Fiscalía ha venido otorgando tratamientos distintos, dependiendo de quienes son los acusados de procesos, que deberían ser exactamente idénticos y seguir el mismo camino, pero no son tratados por igual, basta con revisar la prensa nacional.

Uno se pregunta como es posible que en el caso de Oscar Arias un asunto que ya estaba resuelto, que ya ha llegado al punto en el que los jueces han dicho «no hay mérito para la persecución penal» «no hay delito», que la Fiscalía lo vuelva a revivir reiteradamente.

En otros casos, por ejemplo lo que ocurrió con el cementazo, donde todo se le deja en manos de la Procuraduría y la Fiscalía dice «no, es que nosotros no podemos actuar».

Aquí hay una distinción clara de cómo se utiliza la política de persecución penal de una forma indebida, porque hay una obsesión evidente contra una persona.  El tema aquí es ¿se puede y debe estar una persona acusada de manera permanente ante el sistema de justicia?

La CIDH ya ha dicho que no; que ninguna persona puede estar acusada de manera permanente, es más, eso violenta un derecho fundamental que es el derecho a que los Órganos de Justicia resuelvan en plazos razonables las acusaciones que les hayan sido planteadas.

Hay un asunto que requiere de aclaración jurídica y es si vamos a seguir amplificando tanto la responsabilidad política del funcionario público y hasta que punto.

Un caso claro de ello es el de hace poco en el AYA acto donde un diputado pretendía hacer responsable al jerarca del AYA por la cantidad de medidores dañados que hay en las calles. Pero ¿cómo vamos a hacer responsable al jerarca del AYA de semejante cosa? Aquí se están confundiendo las tareas que le fueron encomendadas institucionalmente a un jerarca, que no tiene por qué responder por ese tipo de cuestiones.

El abogado Fernando Castillo, que es defensor de Oscar Arias lo sabe, porque él fue el que redactó esa doctrina en el país, yo me imagino lo frustrante que tiene que ser para este señor tener que ir a enseñarles algo en lo cual es especialista y cuenta con un libro que es doctrina básica que cualquier estudiante de derecho tiene que aprender en la universidad.

Otra cosa muy grave, que están haciendo es utilizar el derecho penal como una forma política a conveniencia.

Cuando se habla de derecho penal y de derecho procesal penal uno tiene que tener en cuenta que hay ciertas garantías que nadie está pidiendo que se le aplique de manera más flexible a un expresidente.

El asunto es que son garantías que deben existir para todos los costarricenses y que el hecho de que usted haya sido funcionario público no exime ni a la fiscalía ni a los órganos de administración de justicia de la aplicación de normas diferenciadas.

Pareciera que hay normas que se han tratado de interpretar por parte de la fiscalía como normas flexibles si se está juzgando a personas que ocuparon un cargo público y que evidentemente tiene referentes políticos.

Los procesos legales existen para garantizarle a todos que hay un debido proceso y ese debido proceso es un derecho, pero también es una garantía que tiene el Estado de poder decirle a la gente que se llevó con rigor a la luz de lo que la ley establece sin interpretaciones adicionales.

Después, si el juez considera que puede aplicar jurisprudencia y normalmente la jurisprudencia siempre se aplica, en lo que más beneficie a la persona acusada, en este caso, por eso es que hay que insistir en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH ha condenado a otros países por decir «ustedes no pueden mantener a estas personas acusadas de forma indefinida”.

A las personas no se les puede aplicar un código penal distinto: uno a mi y otro a Óscar Arias o a cualquier persona en general. Hay sanciones que si son más graves para algunas personas y para otras no, pero esas son agravantes que el código penal ya establece.

La CIDH ja sido clara sobre el tema de los plazos, porque no puede una persona pasar una zozobra de saber que «bueno ya el juez dijo que no pero parece que la fiscalía va de nuevo con una acusación», porque eso violenta el derecho que tengo yo a tener una respuesta congruente del sistema judicial.

Esto es muy grave, porque es lo que hacen las dictaduras o países en donde la seguridad jurídica no es importante. En Costa Rica la seguridad jurídica ha sido parte de lo que los costarricenses más apreciamos y más consideramos.

Esa es la cuestión que tiene que aclararse para el beneficio y claridad de la ciudadanía.

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