Eli Feinzaig: El IVA y la reactivación económica

Uno esperaba que, aprobado el plan fiscal, las autoridades se hubiesen abocado a tomar las medidas de política pública necesarias para facilitar y alentar la actividad económica, a efectos de suavizar el impacto del paquete de impuestos. La actitud errática del gobierno, en cambio, solo ha contribuido a aumentar la desconfianza de los productores y de los consumidores.

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Eli FeinzaigEconomista.

Todo nuevo impuesto tiene el efecto de contraer la actividad económica, o al menos de restarle dinamismo. Es así porque subir la tasa de un impuesto, gravar bienes o servicios antes exentos, o crear un impuesto que antes no existía equivale a quitar dinero a la ciudadanía, reduciendo su poder adquisitivo, para trasladarlo al Estado. La entrada en vigencia del impuesto al valor agregado (IVA) en tres semanas no será la excepción.
Aún si el Estado gastase en bienes y servicios el dinero fresco que le ingrese, de manera que el consumo total de la economía no cambiase, al cambiar la composición del gasto (de lo que los ciudadanos libremente elegirían a lo que algún burócrata decida arbitrariamente), se producirá un impacto negativo en la actividad económica.
Dinero que gente de clase media y baja hoy dedica a comprar tomates, pollo o un corte de pelo, pasará a pagar pluses salariales a funcionarios públicos que, mayoritariamente, son de las clases medias altas del país. Funcionarios que, en no pocos casos, conforman esa burocracia tramitómana que se ha convertido en un lastre para la economía y para el sector productivo del país.
Pero, además, dada la composición del gasto público, alguna parte de ese dinero no se dedicará a consumo ni a inversión, sino a pagar deuda pública. Como parte de la deuda es externa, habrá una transferencia de recursos al exterior que reduce la capacidad de consumo doméstico presente.
Otro efecto del IVA es encarecer el costo de la vida. En Costa Rica hasta el día de hoy, los bienes están gravados con el 13% del impuesto de ventas, y continuarán pagando el 13% aunque ahora el tributo se llame IVA. Pero la mayoría de los servicios están exentos del impuesto de ventas, y empezarán a pagar IVA al 13% a partir del 1° de julio.
En la medida que el consumo de una familia está constituido por servicios, en esa misma medida se le incrementará el costo de la vida. Y para los hogares más pobres, que destinan un altísimo porcentaje de su ingreso a bienes de la canasta básica, el cobro del IVA a estos artículos de primera necesidad a partir del 2020 tendrá un efecto particularmente grosero. Esto tendrá un impacto perceptible en la tasa de inflación en el primer año o año y medio de la entrada en vigencia del IVA.
Visto desde la perspectiva del productor u oferente de servicios hoy exentos, la entrada en vigencia del IVA equivale a encarecer su servicio en 13% al consumidor final, con lo cual debería esperar ver una disminución en la cantidad de servicios que su clientela le demanda. Podría intentar absorber el impuesto (parcial o totalmente) sin trasladarlo a los consumidores, en cuyo caso podría continuar vendiendo la misma cantidad de servicios, a expensas de una merma sensible en sus ingresos.
Lo anterior sin considerar que aún si una persona o empresa decide absorber la totalidad del impuesto para no afectar a su clientela, el ingreso disponible de sus clientes igual caerá porque otros productores trasladarán el impuesto a los consumidores. Y a menor ingreso disponible, menor será la demanda de las personas por las cosas que acostumbran consumir. Para el productor es un escenario perder-perder-perder.
Hasta ahora, hemos hablado de impactos negativos del IVA sobre el costo de la vida y la actividad económica en una economía que ya de por sí viene creciendo cada vez menos. Una economía urgentemente necesitada de medidas de reactivación más bien va a sufrir un choque tributario de efecto ralentizador.
Pero hay otro conjunto de efectos que bien podrían empujar a muchas empresas a la informalidad, especialmente a las mipymes, o llevarlas directamente a la bancarrota. Profesionales liberales, estilistas, mecánicos, etc., pasarán a convertirse ahora en agentes recaudadores del IVA, y esto les presenta dos problemas primordiales.
En primer lugar, los obliga a presentar declaraciones mensuales del monto del IVA recaudado, quitándoles tiempo que podrían dedicar a producir y facturar, y muy probablemente forzándolos a contratar contadores para asegurar el cumplimiento de las nuevas obligaciones, encareciendo el acto de cumplir con las regulaciones (“cost of compliance”). El tiempo necesario para cumplir con las nuevas regulaciones y el costo del cumplimiento actúan como un incentivo para pasar a la informalidad. Visto de otra manera, elevan el costo de permanecer en la formalidad.
Segundo, y no menos significativo, con la entrada en vigencia del impuesto, los contribuyentes deberán reintegrar el IVA facturado a más tardar el día quince del mes posterior al de facturación, sin importar el ciclo de cobro. Si usted factura el 31 de julio servicios prestados durante ese mes, deberá entregar a Hacienda el 13% del IVA a más tardar el 15 de agosto, aunque su cliente se tome 30 o 45 días para cancelar. Esto le generará un problema de flujo de caja (liquidez) que para no pocas mipymes y profesionales podría resultar fatal.
Nada de lo aquí descrito es física cuántica; todo era perfectamente previsible. A sabiendas de esto, la pregunta que queda en el aire es, ¿por qué el gobierno ha sido tan omiso en materia de reactivación económica? ¿Por qué esperaron seis meses desde la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para anunciar que pronto vendrán los anuncios de medidas para la reactivación económica?
Uno esperaba que, aprobado el plan fiscal, las autoridades se hubiesen abocado a tomar las medidas de política pública necesarias para facilitar y alentar la actividad económica, a efectos de suavizar el impacto del paquete de impuestos. La actitud errática del gobierno, en cambio, solo ha contribuido a aumentar la desconfianza de los productores y de los consumidores.
Desde el Partido Liberal Progresista hemos propuesto varias medidas para la reactivación, pero en particular una que podría tener impacto en el corto plazo y la puede tomar el Poder Ejecutivo sin necesidad de acudir a la Asamblea Legislativa: la reducción drástica o eliminación total de los aranceles que afectan a los artículos de consumo básico, en especial los de la canasta básica, los alimentos que no están en dicha canasta, y todo lo que tenga que ver con educación, salud y construcción.
Esto tendría el efecto de aumentar el poder adquisitivo de todos los costarricenses en mayor proporción que el impacto negativo del IVA, pero en especial de las personas más pobres del país, que destinan la mayor parte de sus ingresos a artículos de la canasta básica, donde los aranceles superan, en muchos casos, el 40% y, en algunos, más del 100%.
El aumento resultante en el poder adquisitivo de las personas alentaría el consumo y propiciaría la reactivación de la economía. Pero, además, reduciría la pobreza mucho más que los aproximadamente 45 programas gubernamentales que hemos ido creando en las últimas décadas para combatirla, sin que hayamos logrado bajarla del 20% de la población.
Señores del gobierno: ¿qué esperan para hacerlo?

 

Eli Feinzaig.
Economista, consultor y empresario. Liberal, demócrata y librepensador.
Presidente del Partido Liberal Progresista.  
#SoyLiberal

 

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